Desde el retorno a la democracia, sólo tres ministros de la Segpres han sido independientes sin militancia política: John Biehl del Río, con Eduardo Frei; Cristián Larroulet Vignau, en el primer mandato de Sebastian Piñera; y ahora con Gabriel Boric, Macarena Lobos, tercera titular de la cartera en el transcurso de la administración del mandatario frenteamplista.
El dato no es menor en consideración de la fuerte carga política que tiene la Segpres; sin ir más lejos —y en términos generales— la Segpres es la voz y el nexo directo del Ejecutivo en el Congreso que, por estos días, se ha reactivado en medio del clima electoral ante la contingencia que supone la Ley de Presupuesto 2026. Esto, además de la reciente votación del proyecto de voto obligatorio y la reforma constitucional que elevó los requisitos para el sufragio extranjero en elecciones nacionales.
Sobre esto habla en entrevista con EL DÍNAMO la ministra Macarena Lobos, quien destaca el acuerdo en el Parlamento para que viera la luz las iniciativas en materia de voto obligatorio y extranjero y defiende las definiciones del Gobierno en torno al Presupuesto de la Nación, como el haber suprimido la glosa republicana.
“En ningún caso se está dejando atado de manos al próximo gobierno ni estamos teniendo una actitud poco republicana respecto de que el gobierno entrante tenga la posibilidad de definir las prioridades con las cuales quiere implementar su programa”, dice la ministra ante los emplazamientos de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara.
—Usted asume como ministra de la Segpres, un cargo político que requiere relación con partidos y parlamentarios. ¿Cómo ha sido asumir esta responsabilidad siendo independiente, sin militancia política?
—Agradezco la confianza del presidente Gabriel Boric de haberme nombrado como ministra titular. Había sido subrogante dos veces desde que asumí como subsecretaria el 11 de marzo de 2022. Y la confianza depositada, a pesar de ser independiente, para integrarme al comité político sin duda es un gran desafío y honor.
Creo que eso es un reconocimiento a mi trabajo previo, no solo como subsecretaria, sino antes como subsecretaria de Hacienda, coordinadora legislativa del Ministerio y asesora parlamentaria. Esa experiencia me ha permitido construir un amplio trabajo con los distintos sectores y tener como sello tender puentes y generar un trabajo transversal. Por tanto, lo tomo como un reconocimiento a ese trabajo.
—¿Ha sentido el apoyo de los partidos de la coalición pese a no tener militancia? La Segpres tiene harto que ver con la relación con los partidos.
—Lo que siento es un reconocimiento amplio y transversal al trabajo que he desarrollado durante todos estos años y en mis cargos previos. He logrado construir una relación de confianza tanto con los parlamentarios oficialistas como con los de oposición, que es el elemento basal para poder contribuir a la representación del Ejecutivo y a la construcción de acuerdos para hacernos cargo de las necesidades de la ciudadanía.
Convengamos que, a pesar de tener minoría en ambas cámaras, en este Gobierno hemos logrado concretar reformas muy relevantes que llevaban mucho tiempo esperando, siendo la más icónica, por cierto, la reforma de pensiones. Pero también está el Ministerio de Seguridad, la ley de adopciones, que lleva más de 12 años; la reforma de notarios y conservadores, que si bien tomó seis años, este es el tercer intento que hicimos; y el servicio de auditoría interna, que también lo tramitamos en un año en este Gobierno, pero es el tercer intento que llevamos por legislar sobre esa materia.
—Le pregunto en particular sobre la coalición de Gobierno porque usted negoció el acuerdo sobre voto obligatorio con la oposición, pero el oficialismo lo rechazó en la Cámara. ¿Qué falló ahí?
—No lo tomo en ningún caso como una cuestión personal o una falta de respaldo a mi persona por ser una ministra independiente. Creo que tuvo que ver con el tema en sí y los tiempos legislativos. Este fue un debate que se dio muy contra el tiempo. El acuerdo se materializó y se alcanzó en el Senado, pero no alcanzó a tener la socialización necesaria en la votación final de la Cámara.
Había un debate muy sentido también con el monto de la multa, en que hay muchas visiones y posturas. Hay gente que considera que el voto debiera ser voluntario y otros que consideran que debe ser obligatorio. Pero habiendo ya legislado sobre esa materia, el llamado que hacíamos como Ejecutivo, y que siempre estuvo a la base, es que, habiendo un mandato constitucional de voto obligatorio, debía legislarse para que existiera la multa.
—Su antecesor, el ministro Elizalde, dijo que el país no había dado el debate sobre el voto de extranjeros en elecciones nacionales, ¿se logró ese objetivo?
Nosotros, como Gobierno, teníamos la convicción de que este era un debate que teníamos que dar porque no se había hecho de manera integral. Por eso empezamos esta conversación, ya no solo haciéndonos cargo del tema de la multa para las elecciones próximas, sino también cómo nos hacíamos cargo de la transformación que ha tenido el sistema migratorio en Chile.
La incidencia que tienen hoy día los extranjeros en el padrón electoral es relevante: son alrededor del 5,6%, casi 890.000 personas, sobre un universo de 15 millones. Además, nuestro país tiene (o tenía) la legislación más permisiva respecto a la posibilidad de voto extranjero. Solo hay cuatro países adicionales a Chile que permiten el voto extranjero en todo nivel, con la diferencia de que en la mayoría de esos países la inscripción es voluntaria o el voto es voluntario. En nuestro país, por el contrario, tenemos la inscripción automática y el voto obligatorio.
—Además de lograr que el voto extranjero sea de carácter voluntario en esta elección, el Gobierno logró aprobar una reforma constitucional para elevar los requisitos para entrar al padrón. ¿Lo considera un triunfo político del Gobierno, considerando que la oposición se opuso bastante tiempo a regular el voto extranjero?
—Creo que hizo sentido cuando pusimos sobre la mesa que no se había dado este debate integral y que parecía razonable que lo hiciéramos sobre la base de evidencia y los antecedentes. Porque cuando se hizo el debate del voto obligatorio en 2022, tampoco se debatió ampliamente sobre esto. De hecho, había una disonancia, porque el artículo 14 dice “podrán votar los extranjeros que cumplan estos requisitos”, que es la misma nomenclatura que se utiliza para los chilenos en el extranjero, que es voluntario, y por eso dice “podrán votar”.
Sin embargo, cuando se modificó el artículo 15 y se restableció el voto obligatorio, se habló de electores y no de ciudadanos, como se hace habitualmente, para mantener esta correlación de que efectivamente el voto para los extranjeros fuera de carácter voluntario. Y dado que la ley 18.700 de votaciones populares y escrutinios tenía ya una definición respecto a electores, se amplió de esa manera sin que se hubiera dado ese debate respecto del alcance que esto para los extranjeros.
—¿Pero lo calificaría como un triunfo?
Yo no diría triunfo. Diría la concreción de una conversación sobre un tema que no había sido abordado y la necesidad de hacernos cargo para sentar bases para el futuro, dando certezas y reglas claras. Desde luego no íbamos a cambiar las reglas del juego para esta elección, pero sí hacer una conversación que nos permitiera dejar despejado o avanzado este tema.
—En su momento se habló de la posibilidad de restringir el voto extranjero a votaciones locales ¿por qué no se avanzó en esa dirección?
Efectivamente algunos parlamentarios y nosotros como Ejecutivo dijimos que lo más razonable sería que, si éramos un espejo de la mayoría de lo que ocurre en el derecho comparado, los extranjeros pudieran participar, por ejemplo, solo en las elecciones de carácter local. Pero, objetivamente, esto es una reforma constitucional que requiere un quórum alto. Uno tiene que construir acuerdos. Nosotros teníamos que construir acuerdos para viabilizar esto y, por tanto, esta fórmula fue la que concitó el acuerdo. Nos parece un avance relevante para el tema de futuro respecto a cómo tienen que participar los extranjeros en la elección.
—El diputado Longton calificó el acuerdo que usted destaca como una “extorsión” del Gobierno, diciendo que si no se regulaba el voto extranjero, el oficialismo no iba a avanzar en la multa.
—En un periodo electoral muchas veces se utilizan ciertos adjetivos calificativos que no son los más adecuados. Muchas veces se habla desde la trinchera, pero yo me quedo con la parte positiva y el vaso medio lleno, que es que en definitiva acá hubo un respaldo transversal, casi unánime, para la reforma constitucional. Creo que eso es lo importante: que, más allá de las alocuciones que se hayan hecho, el resultado es que logramos un acuerdo amplio y transversal para hacernos cargo de un desafío que teníamos.
—¿Cuándo el Gobierno se convence de que había que restringir el voto extranjero? Porque el presidente Boric, en 2020, era uno de los defensores de ser más permisivo con el voto extranjero.
—También hubo una moción de senadores de oposición que iba en esta línea. En la práctica, más allá de quién puso el tema primero, creo que lo que pudimos reflejar en este debate es que este es un tema que no había sido discutido adecuadamente cuando se restableció el voto obligatorio en 2022.
—¿No tiene que ver el hecho de haberse dado cuenta de que el voto extranjero no vota por el progresismo, sino que vota por la derecha?
—Nosotros actuamos con harta convicción de que había que hacer las dos cosas. Por una parte, garantizar el cumplimiento del mandato constitucional y que hubiera sanciones para los ciudadanos, y hacer este debate sobre voto extranjero porque había esta inconsistencia normativa en la propia norma constitucional y cuando se repuso el voto obligatorio no se dio este debate.
En la práctica, más allá de que todos dicen que algunos andan con calculadora, eso tendrá que explicarlo cada cual. Todos han dado entrevistas respecto a cuáles son las motivaciones o razones para defender uno u otro punto. Nosotros hemos dicho consistentemente desde hace más de un año y medio que este era un debate que teníamos que abordar de manera integral y que el Ejecutivo puso los elementos sobre la mesa para poder construir una política de Estado en esa visión.
—¿En la derecha no hubo cálculo electoral para dar este debate?
—Cada cual da las explicaciones respecto a esto. Como te digo, lo que valoro, más allá de las declaraciones, las tensiones y todo lo que esto significó —que fue un largo peregrinar hasta llegar al resultado—, es que creo que la evaluación hay que hacerla por el resultado. Y el resultado es muy evidente respecto de que efectivamente hubo un acuerdo amplio y transversal de todos los sectores políticos respaldando ambos proyectos.
—¿En el resultado no incidió estar en un contexto electoral?
—Uno habría preferido, desde luego, que todo este tipo de cuestiones se zanjaran mucho antes, porque uno lo que necesita es darle certeza a la ciudadanía. También me habría gustado que la reforma de pensiones no se demorara 10 años en el Congreso, pero los tiempos legislativos son los que son. Uno como ejecutivo tiene que adaptarse y tiene que ir madurando.
Ley de Presupuestos
—El diseño político del Gobierno respecto a la presentación de la Ley de Presupuestos ha sido bastante cuestionado. Por un lado, algunos legisladores oficialistas dicen que no se socializó con suficiente antelación el tema de sacar la glosa republicana. Y, en segundo lugar, por la crítica que hace el presidente a la propuesta de José Antonio Kast del recorte fiscal. ¿Cómo ve el clima en el Congreso para tramitar esta ley?
—Convengamos que la Ley de Presupuestos es la ley más importante, porque fija las prioridades para el año siguiente. Desde luego este tiene la particularidad de que es un presupuesto que tramita un Ejecutivo y que se va a implementar por un gobierno entrante, más allá del signo que sea. Y si bien nosotros hemos legislado durante los cuatro años con procesos electorales entremedio, desde luego tiene la particularidad de que son los propios parlamentarios los que están participando en el debate y también en muchos casos están en reelecciones.
De esa perspectiva, yo lo que pediría, y he sido bien enfática en eso, es que actuemos con la máxima altura de mira y responsabilidad para hacer un debate serio, responsable, con datos sobre la mesa, no sobre la base de trincheras, poniendo por delante la necesidad de la ciudadanía.
Nosotros hemos presentado un presupuesto que hace una síntesis entre la responsabilidad fiscal y la responsabilidad social, es decir, garantizar ingresos permanentes para beneficios permanentes y consolidar lo que hemos trabajado durante estos cuatro años con foco en las tres seguridades. La gente necesita una cierta certidumbre, pero una certidumbre de manera integral: en seguridad pública, que sin duda es la principal preocupación hoy día de los chilenos; en seguridad económica, donde hemos avanzado en distintas leyes; y en seguridad social, como fue pensiones y como esperamos sea prontamente también cuidados y sala cuna para Chile.
—Sorprendió que la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, y su comando criticaran con bastante dureza la decisión del Gobierno de suprimir la glosa republicana. De hecho, dijeron que iba a afectar la implementación del eventual programa en caso de que ella fuera ganadora. ¿Qué se le responde a la candidata?
—En el tema de la asignación republicana o de libre uso, lo que nosotros como Ejecutivo hemos hecho es acoger una de las propuestas que ha formulado la Comisión para la racionalización del gasto público, que es una comisión de carácter transversal que hizo 34 propuestas, y una de aquellas era la supresión de esta asignación republicana.
¿Qué es lo importante respecto de esto? Que nosotros no estamos afectando el principio. El principio es que un nuevo gobierno tenga la flexibilidad presupuestaria para poder fijar las prioridades que quiera, porque efectivamente va a tener que ejecutar un presupuesto en el que no tuvo incidencia en su formulación. Y ese principio se cumple a cabalidad con la propuesta que ha hecho el Ejecutivo con esta facultad mayor de reasignación de recursos que permite el equivalente a lo mismo que se había dejado antes como asignación, que es el 1%, equivalente más o menos a 800 o 900 millones (USD), que es lo que ha sido esta asignación en los gobiernos anteriores.
Entonces, de esa perspectiva, nosotros consideramos que, siendo una recomendación y habiendo consenso de parte de todos los actores de que tiene que ser un presupuesto responsable, que efectivamente tiene un crecimiento de un 1,7% para hacerse cargo por una parte de las necesidades, pero con un crecimiento que nos permita garantizar la permanencia de esos recursos en el tiempo, y que hay que hacer ajustes respecto de los gastos, nos pareció que esta era una modalidad que permitía equilibrar las dos cosas: mantener la flexibilidad que requieren los futuros gobiernos sin afectar una cantidad específica de recursos.
—Lo que llama la atención es que el mismo comando sea bastante crítico con esta decisión del Gobierno, por ejemplo el senador Lagos Weber, que es vicepresidente del Senado. ¿Ahí faltó una socialización previa más importante por parte del gobierno?
—Yo creo que los candidatos y candidatas, por cierto, tienen la posibilidad de estar en acuerdo o en desacuerdo respecto a lo que haga el Ejecutivo. Eso, desde luego, es parte de la autonomía de las distintas candidaturas. Lo que uno pide, eso sí, a todas las candidaturas es que siempre actúen sobre la base de información clara y fidedigna, no estableciendo cuestiones que no son del tema.
Y este va a ser como cualquier otro debate. La Ley de Presupuesto, a pesar de tener características bien especiales respecto a los tiempos, la tramitación y todo, es una ley y, por tanto, será parte del debate democrático que haremos en el propio Parlamento, en el seno de las subcomisiones primero, luego de la mixta y de la sala, respecto de este tema. Lo que es importante es que en ningún caso se está dejando atado de manos al próximo gobierno ni estamos teniendo una actitud poco republicana respecto de que el gobierno entrante tenga la posibilidad de definir las prioridades con las cuales quiere implementar su programa.
—¿El Gobierno está abierto a modificar este tema en las subcomisiones?
—Nosotros estamos abiertos a discutir este y los distintos temas que son propios de la ley. Acá hemos planteado que nos parece mucho más eficiente la fórmula que está proponiendo el Ejecutivo, recogiendo las recomendaciones de la Comisión de Gasto. Pero en cualquier caso, en este o en otro, lo importante es que tenemos que mantener el nivel de gasto comprometido. Y desde esa perspectiva, cualquier cambio que uno proponga dentro del marco, sea este u otro respecto del presupuesto, hay que identificar no sólo dónde queremos poner los recursos, sino también de dónde los vamos a sacar para poder mantener el nivel general de gasto propuesto en el Parlamento.
—Usted decía que el Gobierno adoptó la recomendación de la Comisión de Gasto Público. Pero la recomendación era del 10%, no del 1%. ¿Por qué se rebaja al 1%?
—Porque, en la práctica, efectivamente, lo que nosotros hemos acogido de la recomendación podríamos decir desde el punto de vista cualitativo, como la herramienta, más no cuantitativo. Porque nos parece que desde el punto de vista cuantitativo deberíamos ser equivalentes a lo que se ha dejado otras veces esta llamada asignación republicana. Por tanto, lo que estamos haciendo es dar una facultad de flexibilización, de reasignación y de flexibilidad presupuestaria equivalente a lo que se ha dejado en las anteriores administraciones para que el futuro gobierno fije sus prioridades.
—Una de las principales críticas a esta ley de presupuesto es la predicción del déficit del 1,1%. Los años anteriores los cálculos del gobierno han fallado respecto a cuánto va a ser el déficit. ¿Se tomó en consideración los errores de cálculo del año pasado para este año?
—Nosotros como Ejecutivo, de manera muy responsable y transparente, hemos puesto todos los elementos sobre la mesa. Efectivamente, el presupuesto parte sobre la base de estimaciones y, como toda estimación, puede tener, por cierto, una desviación. Nosotros reconocimos esa desviación respecto a la estimación de los ingresos del año anterior y se tomaron medidas al respecto.
—¿Cuáles?
—El año pasado tuvimos un protocolo de la Ley de Presupuestos, donde hicimos un ajuste preventivo del gasto que se materializó en los diez primeros días de la implementación de la ley de presupuestos 2025.
Hemos seguido trabajando. Acordamos ahí un estudio del Fondo Monetario Internacional para hacer una nueva metodología respecto a los cálculos de los ingresos que estamos haciendo. Y hoy día tenemos un compromiso para poder llegar a la meta. Eso supone, por una parte, también incorporar —tú recordarás que durante este gobierno aprobamos la modificación a la ley de responsabilidad fiscal que venía del gobierno anterior— que, dentro de eso, cuando hay una desviación de la meta del
—¿El compromiso explícito es que este presupuesto no va a generar un déficit más grande que el que ya se comprometió?
—Nosotros estamos por converger en los plazos. Desde luego ha habido una desviación temporal, pero la meta es muy importante. También, cuando se dice el tema de la convergencia, yo creo que no hay que mirar de manera aislada a este Gobierno. El tema de la desviación de la meta del balance ha sido ya de bastantes administraciones anteriores. Sin embargo, las propias clasificadoras de riesgo internacionales reconocen que somos un país que tiene una institucionalidad sólida en materia fiscal.
Hemos hecho una contención muy importante respecto a la deuda. Hoy día, en la modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, tenemos este balance dual porque también la deuda es un parámetro muy relevante. De esa perspectiva, nosotros hemos logrado contener la deuda y creemos que hemos hecho una propuesta responsable. Esperamos que todos los actores involucrados en la tramitación actúen también sobre la base de antecedentes claros, objetivos y con responsabilidad. Podemos tener legítimas diferencias, pero lo importante es que hagamos un debate que nos permita cumplir el objetivo final, que es tener una buena ley de presupuestos despachada en tiempo para que la ciudadanía pueda efectivamente ver satisfechas sus principales necesidades.
