17 de octubre de 2024. Fue cerca del mediodía cuando la bomba estalló.
Manuel Monsalve, subsecretario del Interior hasta ese punto, se encontraba en la sede de Santiago del Congreso defendiendo el presupuesto del Ministerio Interior junto a Carolina Tohá, titular de la cartera. Mientras pasaban las láminas, el jefe de las policías detallaba punto por punto la glosa. Sin embargo, los ojos de los parlamentarios no estaban fijados en la pantalla de la sala, sino que en sus celulares.
Todos leían el artículo publicado por La Segunda en que se daba a conocer que Monsalve, el subsecretario intachable, respetado transversalmente y hasta con proyección presidencial —según comentan fuentes del PS a más de un año de lo ocurrido— estaba denunciado por un delito de abuso sexual.
Los detalles de la denuncia fueron dados a conocer en los meses posteriores; el estado de embriaguez de quien estaba a cargo de la seguridad del país, que no estaba con escoltas, el mal uso del aparato de inteligencia de la PDI, el cuestionable uso de los gastos reservados, entre otros antecedentes, sepultaron el prestigio que cosechó Monsalve como subsecretario, parlamentario y militante, más allá de su culpabilidad en el delito que aún no es determinado por la Justicia.
Pero el ex subsecretario no fue el único que pagó costos políticos. Las dos figuras por encima de él, Tohá y el presidente Gabriel Boric, también fueron salpicados. Sobre todo el mandatario quien ha sido cuestionado por las decisiones que tomó desde que fue informado de la denuncia —momento en que instruyó al ex subsecretario a viajar hasta el Biobío para informarle a su familia de la denuncia— hasta la polémica conferencia de prensa que dio un día después de conocida la denuncia.
La crisis en La Moneda se instaló varios meses. Una comisión investigadora que inquirió al presidente por sus actuaciones, un sumario de Contraloría y la mala evaluación transversal a la gestión del Ejecutivo de la peor crisis que haya atravesado un Gobierno desde el retorno a la democracia fueron algunas de las esquirlas que dejó la caída de Monsalve.
A un año de la denuncia: los costos de un terremoto político
Mientras Monsalve se dirigía desde la sede del Congreso en Santiago hasta La Moneda, en el palacio de Gobierno se activó una alarma generalizada.
Las ministras Camila Vallejo (Segegob) y Antonia Orellana (Mujer) se enteraron por la prensa, al igual que el resto de inquilinos de La Moneda, por lo que el margen de acción y la oportunidad de gestionar la crisis se redujeron. En ese punto, se discutía el antecedente previo de la denuncia que recibió Jeannette Jara de su ex subsecretario de Previsión Social, Christián Larraín, la cual provocó su destitución.
Sin embargo, a pesar de que en ese momento estaba instaurado el “criterio Tohá” —que suponía que una autoridad debía renunciar a su cargo recién al momento de ser formalizado— el presidente le pidió la renuncia a Monsalve. Él la presentó inmediatamente.
“He sido informado durante el transcurso de esta semana de que existe una denuncia en mi contra. Denuncia de la cual aún no conozco los detalles. Quiero respecto a esa denuncia reafirmar que tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Por lo cual, en el marco de la investigación demostraré mi inocencia. Y eso requiere también que yo me dedique a esa tarea”, fueron las palabras de Monsalve.
ARCHIVO: AGENCIA UNO
De ahí en más, las declaraciones que han dado las autoridades de Gobierno y el ex subsecretario han discrepado sistemáticamente, en particular al momento en que se mencionó la posibilidad de la renuncia y si el mandatario pensó o no en mantener a Monsalve en el cargo.
Con todo, las repercusiones también se trasladaron a la alianza política. Monsalve fue expulsado el mismo día del Partido Socialista, tienda política en la que militó por más de tres décadas, lo que se extendió hasta el Socialismo Democrático debido al rol de Tohá, ex ministra y posterior candidata presidencial del PPD derrotada en la primaria del oficialismo.
Respecto a los actos de Gobierno, el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, asegura a EL DÍNAMO que “hay decisiones políticas que no pueden esperar, cuando ellas tienen ribetes graves como este caso. Si bien toda denuncia debe ser sopesada, aquello debe de realizarse en un tiempo breve, especialmente por la envergadura del cargo involucrado. Reitero, siempre hay cosas que se pueden hacer mejor y todos tienen claro aquello”.
Misma opinión expresa el secretario general del PPD, José Toro Kemp, quien hace hincapié en que “lo ocurrido con Monsalve es un hecho que, sin duda, removió a la sociedad. No solo por lo público, sino principalmente porque representa el tipo de denuncia de uso de una jefatura como representación de poder por sobre una mujer. Esto nos llama a todos como sociedad a tener en cuenta algunos elementos: el primero es que deben existir protocolos claros para este tipo de hechos. El segundo es que siempre es prioritario el bienestar de la denunciante y por tanto, es deleznable el uso político de este tipo de hechos”.
Asimismo, ambos reconocen los costos políticos que significó una denuncia que se tomó la agenda en las posteriores elecciones, incluída la primaria presidencial.
“Por supuesto que la alianza de gobierno ha pagado costos políticos por esto. Y quien lo niegue sólo no quiere ver la realidad”, dice Toro.
“Siempre existen efectos políticos a la Alianza, por los aciertos de nuestro Gobierno o los errores de algunas autoridades, aquello es algo evidente ante cualquier situación y cualquiera que sea el Gobierno. El desafío es cómo ante los escenarios negativos se sale de ellos con coherencia y responsabilidad”, concluye Cubillos.
