La crisis de las cuentas de luz ha sacudido al gobierno en las últimas semanas. El cobro excesivo de más de US $150 millones —o incluso US $2.000, según algunas estimaciones— a los usuarios y la falta de acción oportuna por parte del Ministerio de Energía derivaron en la renuncia del ministro Diego Pardow (FA). Sin embargo, la oposición no consideró suficiente la salida y avanza en una acusación constitucional que busca inhabilitar al exsecretario de Estado por cinco años de ejercer cargos públicos.
El diputado Frank Sauerbaum, jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), ha sido uno de los principales impulsores y coordinadores de esta acusación que se terminó por confirmar con la firma de todas las bancadas de oposición.
En entrevista con EL DÍNAMO, Sauerbaum explica las motivaciones detrás de la acusación, descarta motivos electorales, apuntado a un ánimo de “ocultamiento” del Gobierno y asegura que diputados del oficialismo votarán a favor del libelo acusatorio que presentarán la próxima semana.
“El gobierno prefirió callar esta situación para evitar un efecto electoral”
—¿Por qué la oposición unánimemente llega a la postura de que hay que acusar al ministro Pardow aun cuando ya renunció?
—Lo que pasa es que cuando el ministro renunció, la información que teníamos no estaba completa y a medida que han pasado los días esto se ha ido agravando. Primero conocimos que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) le advirtió a la Comisión Nacional de Energía en mayo de que estaban haciendo cobros excesivos, de que estaba mal calculado el cobro que se le estaba haciendo a las personas. Y luego de eso conocimos también que en octubre, la SEC le comunica al Ministerio de Energía que están haciendo cobros excesivos y que ellos ya tenían recaudados 150 millones de dólares que querían devolver, y el gobierno no tomó ninguna medida para resarcir el daño hecho o detener simplemente el alza.
Yo creo que en la medida que se conocen más antecedentes, uno puede presumir mala intención del gobierno, porque justamente pasaron eventos en octubre del año pasado. El 17 de octubre estalló el caso González, el 27 de octubre tuvimos la elección municipal. Había una serie de factores políticos que seguramente el gobierno prefirió no dar a conocer para evitar un daño electoral.
—¿Usted cree que deliberadamente el gobierno decidió ocultar esta situación de las cuentas de luz?
—Yo creo que hay información que nosotros tenemos, que nos ha llegado, y por eso yo tomé la decisión de planteárselo al resto de los jefes de bancada. Tenemos un WhatsApp de toda la oposición y les conté los antecedentes que habíamos recibido. Efectivamente nosotros creemos que hubo una intencionalidad, porque no podemos creer que la ineptitud sea tanta. El gobierno ya no nos sorprende por la ineptitud con la cual ha gobernado, pero preferimos creer que ante esta situación el gobierno prefirió callar para no tener un efecto electoral.
—¿Dice que esto fue ocultado pensando en la proximidad de la elección presidencial?
—Nosotros creemos que esta situación que se ha conocido fue deliberadamente ocultada porque estamos a un mes de la elección presidencial. No nos olvidemos de que este caso se ha conocido nuevamente por la prensa, igual como el caso Convenios o como el caso Monsalve. Nunca lo han develado ellos, sino que han sido los medios de comunicación dedicados a hacer investigaciones. Entonces, aquí no hay una cultura de la transparencia en el gobierno y, por lo tanto, nosotros creemos que hoy día, con lo negligente que ha sido el ministro, evidentemente se configuran las causales para acusarlo constitucionalmente.
—¿Qué buscan con la AC? Más allá de la inhabilidad de ejercer cargos públicos en 5 años, lo que queda es una señal política.
—Lo que se busca es que se asuman las responsabilidades debidamente, porque el gobierno siempre —excepto en este caso— nos dio una señal de que permanentemente están protegiendo a quienes cometen errores o son negligentes. Creemos que el daño que se le hizo a los chilenos en este caso, más todos los efectos secundarios, es gravísimo. Porque el tema del alza de la cuenta de luz es una cosa, pero tiene un efecto importante en el IPC, en la inflación y por lo tanto también en la UF. Todos los que pagan en UF hasta el día de hoy siguen pagando más por un mal cálculo hecho en el Ministerio de Energía. Entonces las consecuencias son mucho más graves de las que simplemente uno puede ver a primera vista.
—¿Qué otros efectos identifica?
—Fíjate que los 150 millones de dólares que la SEC primero había dicho que se estaba cobrando en exceso, es casi todo el subsidio eléctrico que nosotros nos demoramos meses en aprobar. Entonces la situación es muy grave. Aquí se le ha tratado de bajar el perfil. Como siempre, el gobierno buscó alternativas. La primera alternativa de manual: echarle la culpa a Piñera. Camila Vallejo en su manual tiene primero cualquier cosa, “Piñera tuvo la culpa”. Después se reveló que en realidad el gobierno de Piñera no había hecho estos reajustes porque no se aplicaron. Se cambió la metodología, la dolarización del fondo, y no se aplicó nunca porque vino la pandemia, hubo un estancamiento de las tarifas y después se les cayó eso.
Después han tratado de salir al paso ofreciendo, por ejemplo, hacer un proyecto de ley corta, cosa que también evaluamos mal porque se nota improvisación. El decreto tarifario que va a cambiar las tarifas eléctricas ya empezó a elaborarse y empieza a ejecutarse el primero de enero. Entonces, a menos que el gobierno tenga una capacidad extraordinaria de aprobar un proyecto de ley en 45 días, cosa que es imposible, la señal será más de incerteza que de seguridad, porque plantea iniciativas improvisadas como este proyecto de ley corta para darle tranquilidad cuando la compensación más importante se la va a dar la propia baja en la tarifa a partir de enero.
—Las bancadas del Socialismo Democrático plantearon que antes de la acusación, lo que corresponde sería una comisión investigadora donde se puedan recabar más antecedentes y establecer responsabilidades. ¿No es viable este método antes de la acusación?
—Ambos caminos tienen dos objetivos distintos. La acusación constitucional tiene por objeto asumir responsabilidades políticas, pero la comisión investigadora sirve para buscar a todos los responsables técnica y administrativamente, y también para que esto no vuelva a ocurrir. La acusación constitucional por sí misma no previene una situación hacia adelante, pero la comisión investigadora sí lo puede hacer. Nosotros estamos apoyando las dos vías. De hecho, ya nos pusimos de acuerdo para llevar adelante las dos actuaciones. Ya se estaba trabajando la acusación constitucional a través de nuestros abogados para ver los argumentos jurídicos, pero el trabajo de la comisión investigadora también se está elaborando y juntándose las firmas.
—Sobre el libro de la acusación, ¿el trabajo de redacción lo está haciendo RN o es un trabajo en conjunto de las bancadas de oposición?
—La verdad es que Renovación Nacional y la UDI son siempre los partidos que se encargan de esto técnicamente, porque somos los que tenemos más experiencia, pero la idea es que estén todos considerados. Están reuniéndose los abogados por Zoom, ayer empezaron a elaborar los primeros borradores.
—¿Ya tienen una fecha más o menos preestablecida o un plazo límite para presentarla?
—Nosotros creemos que no debería pasar de la próxima semana la presentación. Técnicamente tenemos que argumentar bien porque no queremos que se caiga por temas de forma. En el fondo estamos todos de acuerdo, pero también hay que darle una forma jurídica que acepten el resto de los parlamentarios para poder tener los votos. Y el otro elemento que hay que considerar es nuestra realidad política, porque nosotros no vamos a presentar una acusación constitucional que no tenga los votos. Estamos haciendo el otro trabajo, que es contar cuántos votos vamos a tener y si efectivamente tenemos los apoyos suficientes para aprobarla.
—O sea que alcanzaría a votarse antes de la elección.
—Sí, si la presentamos entre el lunes y miércoles, perfectamente se podría votar antes.
—¿El tema de la elección no complica? Porque lo que se ha dicho desde el oficialismo es que hay un cálculo político.
—Si lo hacemos antes de la elección, el gobierno va a tener a su candidata en segunda vuelta de todas maneras . Si lo hacemos en primera o en segunda vuelta, el daño al gobierno va a ser igual. Lo único que nos quedaría hacer es no presentarla y eso no puede ser, porque hay muchos diputados oficialistas que están de acuerdo en que este error es bien inaceptable y por lo tanto ya han anunciado su apoyo. Nosotros lo vamos a hacer con un sentido político, en el sentido de saber si tenemos los votos suficientes para aprobarla.
“Diputados oficialistas van a votar a favor”
—¿Los diputados oficialistas podrían votar a favor por sentirse presionados en un contexto electoral?
—Claro, pero lo importante es que los diputados del oficialismo actúen en beneficio de los ciudadanos y no actúen como una defensa corporativa. Además, el pato cojo del gobierno ya se ha notado con mucha claridad hace rato. Hay muchos diputados que simplemente ya no votan con el gobierno, no les interesan las instrucciones del gobierno, y por lo tanto este pato cojo se instaló hace rato. Nosotros no lo vamos a provocar con esta acusación.
—Uno ve las acusaciones constitucionales que se han presentado en esta administración y todas han fracasado. ¿Qué lo hace pensar que esta acusación va a ser diferente?
—Primero, porque la vamos a elaborar nosotros. Eso cambia todo el contenido técnico y jurídico. Las otras fueron bastante débiles en lo jurídico. Pero también porque hay un sentimiento de la ciudadanía de abuso muy instalado. Hay mucha molestia y yo creo que vamos a tener votos a favor del oficialismo porque hay varias cosas que se combinan.
—¿Qué cosas?
—Primero, la desafección por el gobierno y segundo, que ellos le van a tener que responder a los ciudadanos por esta injusticia y este abuso que han cometido las empresas con la complicidad del gobierno. Entonces, es difícil que un diputado le explique a alguien por qué votó en contra cuando es de todo sentido común que el ministro asuma la responsabilidad por hacer mal su trabajo. En cualquier empresa privada el ministro se hubiese ido hace mucho rato. Pero aquí hay consideraciones políticas. Yo creo que los diputados del gobierno van a evaluar esas circunstancias más que en otros momentos, sobre todo cuando están enfrentando su reelección.
—En cuanto a la ley corta, si es que el gobierno decide activarse rápidamente con esta ley y subsanar el problema, ¿aun así se persistiría con la acusación constitucional?
—Lo que pasa es que la ley de subsidio eléctrico se suponía que era una ley corta y duró un año. Entonces, de corta no tiene nada. El decreto tarifario ya se está elaborando para entrar en vigencia el primero de enero. Faltan 45 días, poco más. Entonces yo no sé si tenemos capacidad para una ley corta antes de eso. Yo creo que no. Entonces lo más efectivo para compensar a las personas es una baja contundente en la cuenta eléctrica, que se vea rápidamente y le llegue rápidamente a los chilenos la compensación que están esperando. Por eso digo, el Gobierno salió a improvisar de nuevo, haciendo una ley corta que a todas luces es mucho más compleja de aprobar que aplicar el decreto tarifario.
