La semana posterior a la segunda vuelta. Ese es el plazo que maneja el Gobierno para reactivar las gestiones en pos de llegar a un acuerdo para viabilizar la reforma al sistema político.
Tras las elecciones parlamentarias, el Ejecutivo vio una oportunidad para retomar la tramitación de los proyectos que buscan introducir modificaciones a tres aspectos centrales del sistema: la elección de escaños, los requisitos de los partidos para subsistir y el castigo al discolaje en el Congreso.
El encargado de acelerar las conversaciones ha sido el ministro Álvaro Elizalde, quien mantiene un diálogo fluido con los presidentes de ambas Cámaras, José Miguel Castro y Manuel José Ossandón —ambos RN—, con el fin de encontrar una fórmula para que la reforma vea la luz antes del cambio de mando a realizarse el próximo 11 de marzo.
Si bien existen varios proyectos presentados que van en esta dirección, son dos los que cuentan con respaldo transversal en el Congreso o con el auspicio del Ejecutivo.
El primero es una iniciativa que nació a raíz de un acuerdo en el Senado, particularmente en la Comisión de Constitución. Los senadores Alfonso de Urresti (PS), Luz Ebensperger (UDI), Rodrigo Galilea (RN) y Jaime Quintana (PPD) presentaron en 2024 el proyecto que busca dos cuestiones: introducir un umbral del 5% de los votos para que los partidos puedan ocupar escaños en el Congreso y, en segundo lugar, una norma que castigue con la pérdida del escaño a los parlamentarios que abandonen el partido por el cual fue electo.
Dicha reforma, que apunta a disminuir la fragmentación en el Congreso y fomentar la disciplina parlamentaria, está en su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados esperando ser puesta en tabla para su votación.
Por un carril diferente corre la reforma presentada por el Gobierno que fue ingresada al Senado en junio de este año. El proyecto del Ejecutivo apunta a elevar los estándares de los partidos exigiendo más militantes, estar constituidos en ocho regiones contiguas y no tres como es ahora, además de establecer por ley la figura de los comités parlamentarios.
La compleja tarea de armonizar la reforma
Si bien existe una apertura transversal para llegar a un acuerdo que permita viabilizar la reforma, lo cierto es que la normal del umbral del 5% no tiene respaldo mayoritario en la Cámara de Diputados.
De partida, los sectores independientes han mostrado su reticencia al mecanismo puesto que supone una barrera difícil de traspasar, sobre todo, con el voto obligatorio.
Asimismo, existe el cuestionamiento de que al no permitir que entren los partidos con menor porcentaje de votación, se producirá una “distorsión democrática” ya que podría darse la situación de que parlamentarios con mucha votación queden fuera por no cumplir el umbral que es de carácter nacional.
El Partido Comunista, por ejemplo, ha hecho explícito su rechazo al umbral, al igual que sectores del Frente Amplio que ven con distancia la utilidad del mecanismo.
Con ese escenario, el camino que asoma como posible es un acuerdo por doble vía. Por un lado aprobar la norma anti díscolos y por otro darle curso a la reforma de partidos planteada por el Gobierno.
La norma anti díscolos es especialmente requerida antes de que asuma el próximo Congreso. ¿La razón? Parlamentarios electos evalúan renunciar a sus partidos para recalar en otras fuerzas de cara al próximo ciclo legislativo. Si la reforma ve la luz antes de marzo, esta situación podría evitarse.
“Tenemos que avanzar, ojalá en esta legislatura, en lo que tengamos acuerdo. Hoy hay un consenso generalizado, que los díscolos, aquellos que se van de la bancada por la cual fue electa, pierden el escaño. Hay acuerdo en eso y espero que se apruebe prontamente. Depende exclusivamente del Ejecutivo que le ponga en urgencia”, dice a EL DÍNAMO el jefe de bancada de la UDI, Henry Leal.
En esa misma línea, el diputado y senador electo, Andrés Longton, apuntó a que “el gobierno juega un rol fundamental con las urgencias porque el proyecto está para votarse en la sala y si el Ejecutivo no le pone urgencia va a ser el responsable eventualmente de que esta reforma al sistema político no llegue lo antes que asuma el próximo gobierno. Y eso va a provocar que el Congreso sea aún más fragmentado que el de ahora y eso va a perjudicar no solamente al gobierno que sigue sino que a cualquier gobierno de cualquier color político”.
