El próximo lunes 5 de enero el Congreso retomará sus funciones. En esa semana, el Gobierno de Gabriel Boric debe presentar la ley de reajuste al sector público, acelerar la reforma al sistema político y dar luces sobre los próximos pasos a seguir en la tramitación del proyecto que crea el nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES).
En los tres frentes, al Ejecutivo se le presentan dificultades en medio de un clima político tensionado y una oposición que ha endurecido su postura tras las elecciones de diciembre.
De hecho, es precisamente la ley de reajuste el factor crítico para el gobierno y la razón por la que la oposición ha pasado a la ofensiva, incluso deslizando la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro Nicolás Grau.
Tras la negociación de Hacienda con asociaciones de trabajadores del Estado, el resultado fue un protocolo de acuerdo que incluyó la polémica norma denominada como ley de “amarre”, que aumenta los requisitos para desvincular personal. Y todo esto con el traspaso de mando como telón de fondo.
A ello hay que sumar un detalle no menor: el reajuste no está completamente financiado, situación que fue advertida por el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, tras la reunión que sostuvieron los representantes de la oposición con el Ejecutivo para acercar posiciones.
“Hoy faltan recursos para poder cubrir el 3,4% comprometido del reajuste. Solamente se provisionaron US $615 y faltan US $700, porque en total el costo es 1.300 millones de dólares”, acusó el legislador.
Todo esto deja al Ejecutivo en una compleja posición puesto que no puede retroceder en el compromiso que adquirió con las asociaciones de funcionarios.
En el oficialismo, en tanto, esperan la minuta que el Gobierno se comprometió a enviar con los puntos más relevantes del proyecto. Con ese documento esperan poder coordinar una postura común de cara al debate.
Eso sí, el Ejecutivo también tiene un flanco abierto en su propia coalición ya que la bancada de diputados del PPD adelantó que votará en contra de la norma de “amarre”.
La agenda legislativa: FES y sistema político
En paralelo, el Gobierno debería activar al gabinete para avanzar en dos proyectos clave que esperan a ser tramitados en el Senado: el FES y la reforma al sistema político.
El primero es el más complejo de sacar adelante, admiten en la coalición oficialista.
El proyecto que termina con el CAE y plantea un nuevo mecanismo de financiamiento ha sido cuestionado desde varios frentes y por diversos motivos. La Contraloría emitió un informe que refutó el registro contable que el Gobierno le dio al proyecto y lo calificó como deuda. Esto hace que la iniciativa sea inviable fiscalmente.
Asimismo, un informe de la Universidad Católica advirtió que el proyecto podría perjudicar la autonomía de las casas de estudios.
Grau comprometió modificaciones, las que está siendo tramitadas en la Comisión de Educación del Senado. Sin embargo, con el poco tiempo que le resta al Ejecutivo en el poder y considerando que febrero es mes de receso legislativo, el margen de acción es acotado.
Sumado a esos factores, legisladores del oficialismo reclaman inmovilismo del Ejecutivo y comparan la situación con la reforma de pensiones donde Jeannette Jara y Mario Marcel estuvieron cerca de un año negociando con la oposición un acuerdo que viabilizara el proyecto. En este caso, remarcan en la alianza, nada de eso se ha visto.
En qué está la reforma política
Por el mismo carril del Senado corre la reforma política que tiene apoyos entre los partidos de Chile Vamos y el Socialismo Democrático.
Ya en noviembre el ministro Álvaro Elizalde había reactivado las gestiones para acelerar el trámite en la Cámara Alta. Sin embargo, el titular de Interior se encontró con una dura oposición al proyecto por parte de legisladores independeitens y partidos pequeños.
De hecho, en una acción conjunta, senadores independientes lograron retrasar el proyecto que iba a ser votado en Sala el 17 de diciembre pasado.
El Partido Comunista y el Frente Amplio también han expuesto sus reparos a la idea de legislar la reforma que apunta a reducir la fragmentación. En la Cámara, además, no hay mucho entusiasmo con este cuerpo legal.
Puesto que fue el Senado la corporación que levantó el tema, en los diputados ha imperado el sentimiento de que la reforma perjudicaría la elegibilidad de ellos y no tocaría a los senadores, siendo el mismo presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro, quien se ha encargado de dejar claro que no se ajustará a los tiempos ni del Ejecutivo ni del Senado.
