El futuro delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic, dio su primera entrevista tras ser designado por José Antonio Kast y fijó posiciones sobre los desafíos que enfrenta en la macrozona sur.
Según dijo Ljubetic, ex fiscal de la zona, el conflicto en la región se ha caracterizado por la violencia regional como obra de grupos organizados con características paramilitares. Y condicionó cualquier instancia de diálogo a la ausencia total de violencia.
En conversación con radio Bío Bío, Ljubetic reconoció que la región enfrenta una crisis de seguridad de larga data vinculada tanto al conflicto territorial mapuche como al avance del crimen organizado.
Sin embargo, descartó de plano que se trate de hechos aislados y fue categórico al caracterizar a los responsables de la violencia denominándolos como grupos “paramilitares”.
“Que existan grupos con preparación, que tengan planificación, que además tengan los medios, los medios son las armas de fuego, cada vez de mayor importancia. Y el aumento significativo en el sector de los hechos de violencia, no hay ninguna duda, y si uno lo busca en cualquier diccionario, así lo va a encontrar”, afirmó al sostener que estos grupos cumplen con la definición de paramilitares.
Diálogo condicionado a ausencia de violencia
Sobre eventuales procesos de diálogo con comunidades mapuche, Ljubetic no los descartó de manera absoluta pero estableció condiciones explícitas que dejan poco margen de maniobra.
“El diálogo siempre tiene que ser sobre la base de una mesa de convergencia y en la mesa de convergencia no puede haber violencia. Todas las iniciativas de diálogo son bienvenidas, pero cuando la violencia no se encuentra presente. Nuestra región y la mesa de convergencia no puede haber violencia”, enfatizó el futuro delegado.
Estas declaraciones se dan luego de que el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, advirtiera que habrá “lucha” contra la administración Ljubetic.
Respecto al estado de excepción constitucional que rige en La Araucanía, Ljubetic defendió su continuidad señalando que se trata de una herramienta legítima del Estado cuya evaluación debe basarse en informes técnicos, el trabajo de las policías, las Fuerzas Armadas y fundamentalmente la opinión de las víctimas de la violencia en la región.
