El comunicado firmado por el secretario Marco Rubio, tomó por sorpresa a La Moneda. Sin mediar una notificación previa, el gobierno norteamericano notificó la revocación de la visa a tres altas autoridades del Gobierno de Gabriel Boric. Los afectados serían el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz; el subsecretario de telecomunicaciones, Claudio Araya, y el jefe de gabinete de la Subtel, Guillermo Petersen.
¿El motivo de la sanción? El proyecto de cable submarino de fibra óptica que conectará a China con Chile a través de las costas de Valparaíso y Hong-Kong.
Las autoridades chilenas mencionadas, a ojos de Estados Unidos, “dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que socavaron la seguridad en el hemisferio”.
“El legado del Gobierno de Gabriel Boric se verá aún más empañado”, acotó el comunicado publicado esta jornada.
Desde la Cancillería reaccionaron con sorpresa a la sanción. Como medida inmediata, el canciller, Alberto Van Klaveren, citó al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para que aclare de manera oficial quiénes son los afectados y las razones de la medida.
“No es la práctica diplomática hacer anuncios públicos sin previa notificación oficial, y ese comportamiento no se condice con la densidad y diversidad de ámbitos en los que dialogamos y cooperamos con Estados Unidos, un aliado histórico y estratégico de nuestro país”, señala la declaración del Minrel.
El proyecto con China que es cuestionado y las alertas previas del embajador de Estados Unidos
Si bien el Gobierno nacional aún no tiene la confirmación de que Muñoz y su equipo son el blanco de las sanciones, apenas se tomó conocimiento del comunicado de Rubio desde Estados Unidos, se comenzó a especular con que el proyecto de conectividad con China sería el motivo de la arremetida norteamericana.
Tras la operación en Venezuela para derrocar del poder a Nicolás Maduro, Estados Unidos reafirmó su intención de ejercer un mayor control de la región, en particular, hacer frente a la creciente influencia comercial de China en países como Brasil, Argentina y Chile.
De hecho, el embajador Judd ya había adelantado que el gobierno de Donald Trump tenía una mala evaluación del proyecto que trabaja la Subtel en conjunto con el régimen chino.
Tras una reunión con la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, Judd advirtió: “Un componente crítico de esa seguridad compartida es la data. La ministra Delpiano y yo conversamos a fondo sobre los riesgos que vemos en cables submarinos chinos redundantes, cuando Chile ya cuenta con Humboldt”.
El proyecto, denominado Chile-China Express y desarrollado por Inchcape/ISS, ha sido cuestionado por la opacidad en la que avanza y por los intereses estratégicos que el gigante asiático no estaría transparentando.
“La información es fragmentaria y opaca. No hay certezas sobre el avance real. He exigido explicaciones y existen otros parlamentarios alertas, aunque el gobierno evita dar definiciones públicas. Me imagino que EE.UU. ha manifestado su oposición al proyecto del cable submarino chino”, dijo el senador Alejandro Kusanovic en conversación con InfoBae el pasado 5 de febrero.
La dura respuesta de Boric
A los pocos minutos de conocida la sanción de Estados Unidos, el presidente Gabriel Boric respondió a la arremetida norteamericana asegurando que no tolerarán imposiciones sobre la soberanía nacional.
“Como Jefe de Estado, como Presidente de Chile, les digo que nuestro gobierno jamás ha realizado ningún tipo de actividad que socave la seguridad ni de Chile por supuesto ni de ningún otro país”, partió aclarando el mandatario.
En esa misma línea, subrayó: “Espero que como país nos pongamos siempre de lado de la bandera y pueden tener certeza que nuestro gobierno —y no me cabe ninguna duda de que el futuro también— siempre vamos a anteponer los intereses de Chile, de los chilenos y chilenas por sobre cualquier otra consideración de cualquier otro país. No aceptamos imposiciones de ningún otro respecto a las decisiones soberanas que se tomen en Chile”.
El jefe de Estado manifestó que “nosotros tomamos todos los resguardos, analizamos siempre las alternativas en conformidad a la ley chilena y al derecho internacional y yo puedo (decir) con total tranquilidad que no hay ningún tipo de amenaza a la seguridad regional, nacional o hemisférica como se afirma en este comunicado”.
