Como una decisión cruel y apresurada calificó la exministra de la Mujer, Antonia Orellana (FA), que su sucesora, Judith Marín, solicitara la renuncia no voluntaria de la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Priscila Carrasco.
“Además de estar en pleno tratamiento de Cáncer de Mama Triple Negativo, encabezó la mayor expansión de atención a la violencia desde que existe ese programa, llegando al 90% de Chile. Hay una contradicción evidente al decir que tu prioridad es la violencia de género y dejar sin dirección al Servicio Nacional de la Mujer en plena Ley Integral”, criticó Orellana para luego aseverar que Carrasco accedió al cargo por Alta Dirección Pública y no como funcionaria de confianza.
No ha sido la única exministra del gobierno de Gabriel Boric en cuestionar algunas de las medidas que la actual administración de José Antonio Kast ha tomado en sus primeros 20 días de gobierno. Casi todos quienes integraron el comité político de Boric, salvo las exministras Camila Vallejo (PC) y Macarena Lobos (IND), han entrado al debate que han generado las decisiones más controversiales de Kast. También lo han hecho, en mayor o menor medida, quienes dirigieron carteras sectoriales, especialmente con aquellas decisiones o relatos que han golpeado el legado que buscó dejar Boric.
Además de Vallejo y Lobos, otros exministros como Luis Cordero (Seguridad), Ximena Aguilera (Salud), Álvaro García (Economía y Energía), Diego Pardow (Energía), Jaime Pizarro (Deporte), Carolina Arredondo (Cultura), Aldo Valle (Ciencia) y Aisén Etcheverry (Ciencia y Segegob) no se han referido a las decisiones adoptadas por el Gobierno de Kast en público.
Otros, en cambio, como Giorgio Boccardo (Trabajo), Ignacia Fernández (Agicultura) o Izkia Siches (Interior), han mantenido una presencia menos activa en redes sociales limitándose a compartir publicaciones en los que otras figuras de la izquierda o exministros se han pronunciado al respecto.
Seguridad y relatos del gobierno
Quien fuera el último ministro del Interior de Boric, Álvaro Elizalde (PS), cuestionó el 15 de marzo el carácter que se le dio un operativo que permitió la captura de casi tres mil prófugos. “Es una buena noticia el éxito de estos operativos. Sin embargo, no es algo nuevo. En el Gobierno del Presidente Boric se realizaron regularmente varios, incluso con un mayor número de detenidos en algunos casos. La diferencia es que ahora los medios los destacan y las nuevas autoridades los presentan como novedad”, dijo.
También, desestimó el relato del “Estado en quiebra” que la Segegob intentó instalar y que luego fue desautorizado por Hacienda. “No es patriota quien ofende de forma gratuita e infundada la credibilidad de su propio país. Criticar es legítimo; desinformar o dañar injustificadamente la imagen de Chile, no”, apuntó.
Carolina Tohá (PPD), quien también tuvo un extenso paso por ese ministerio, también fue crítica con el relato del Estado en quiebra, así como con la decisión de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, de remover a la jefa de inteligencia de la PDI. “Si antes no había emergencia, la crearon”, comentó el 24 de marzo. Esta jornada también criticó la disolución de Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad.
La exministra de Obras Públicas, Jessica López (IND) y el extitular de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa (FA) también fueron críticos con el concepto de “Estado en quiebra”. “Díganme que no subió nuestro riesgo-país con la tontera esa de que el mismo gobierno dice que el país está ‘quebrado’. Qué pelotudez y descriterio mas grande”, apuntó López. Figueroa, en tanto, cuestionó: “¿Desquiciar para gobernar? ¿Es acaso esa la receta del segundo piso del presidente? ¿A costa de la credibilidad del país y del bienestar de su gente?”.
Candidatura de Bachelet, situación fiscal y bencinazo
Una vez que se supo que el Gobierno de Kast desistiría de apoyar oficialmente la candidatura de Michelle Bache Alberto van Klaveren, junto a un grupo de excancilleres, criticó la decisión y desestimó los argumentos del Ejecutivo sobre la posible inviabilidad de la postulación. Este martes, van Klaveren reiteró sus críticas en conversación con radio UChile. “Se rompió una suerte de fair play que existía en materia de candidaturas”, dijo.
“Kast rebajando a Chile a peón de Trump, que provoca el alza del petróleo y pide no apoyar a Bachelet. Hasta Portales y presidentes como Alessandri y Piñera mantenían dignidad con Usa”, dijo, por su parte, el exministro de Agricultura Esteban Valenzuela (FRVS)
Uno de los primeros en rebatir el relato del Gobierno fue el exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA), dos días después del cambio de mando y a raíz de la acusación de su sucesor de que la administración anterior los dejó con recursos estrechos. “No daré entrevistas ni cuñas, por respeto a nuevas autoridades. Respecto al dato de caja que se me pregunta: el último dato público es 1406 millones de dólares y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre 800 millones de dólares (X)”, desmintió.
“Nosotros como gobierno, a pesar de que teníamos una situación difícil, no nos dedicamos a quejarnos ni a culpar al gobierno anterior de la situación con la que partíamos. Nos dedicamos a trabajar, a gobernar”, dijo a radio Duna el extitular de Hacienda, Mario Marcel (IND)
El dardo de Marcel también respondía a las modificaciones que la administración Kast haría al Mecanismo Estabilizador de Precios del Combustible (Mepco) para hacer frente al alza internacional del petróleo y que terminaría encareciendo el valor de las bencinas. Esto último, fue objeto de cuestionamientos por ejemplo, de la exministra del Trabajo y excandidata presidencial, Jeannette Jara (PC): “El Gobierno está apagando el incendio con bencina”, dijo Jara ante el alza. El exministro Giorgio Jackson también calificó la medida como “inédita, discrecional e injustificada”.
El exministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), rebatió en conversación con radio Pauta los dichos de su sucesora, María Paz Arzola, sobre que había un “déficit crítico” y en cambio, apuntó a decisiones de carácter presupuestario.
Colonia Dignidad
Otro de los reparos recientes que tuvieron exinquilinos de La Moneda fueron hacia la decisión del ministro de Vivienda Iván Poduje (IND) de revocar la expropiación de Colonia Dignidad para convertirlo en un sitio de memoria, aludiendo razones presupuestarias. Su sucesor, Carlos Montes (PS) si bien reconoció en diálogo con radio La Clave que el costo de la iniciativa era “muy alto” y que eso se podía “revaluar”, relevó el trasfondo histórico del recinto, ligado a violaciones a los derechos humanos en dictadura y pederastia.
El exministro de Justicia y Derechos Humanos adoptó una postura similar. “Uno puede entender que por razones presupuestarias la decisión de seguir adelante con la expropiación se suspenda momentáneamente. Lo que es incomprensible es que se revierta. Eso es una bofetada directa a la memoria de las víctimas“, dijo.
Legados
Por otra parte, otros exsecretarios de Estado han salido a defender las medidas impulsadas por Boric y que han sido cuestionadas por la administración entrante. La exministra de Defensa, Adriana Delpiano (PPD), rebatió los dichos de su sucesor sobre falta de fondos específicos en las Fuerzas Armadas. “No corresponde proyectar una falsa imagen de debilidad de nuestras FF.AA.”, apuntó.
La exministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro (FA), salió a relevar el Sistema Nacional de Cuidados. “Me escriben con preocupación cuidadoras sobre dichos de la ministra Wulf de que el Sistema de Cuidados no tendría financiamiento. Aclaro que sí lo tiene (…) El gobierno dice que los recortes no afectarán la protección social. Pero cuestionar el financiamiento del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados es exactamente eso”, rebatió.
Juan Carlos Muñoz (IND), quien se mantuvo al mando durante todo el anterior periodo del Ministerio de Transportes, se mostró en contra de la suspensión del financiamiento de un tramo de la ciclovía Alameda. “Trasciende gobiernos y debe continuar”, enfatizó.
La extitular de Minería, Aurora Williams (IND) junto con criticar el retiro de más de 40 decretos ambientales que estaban en proceso de toma de razón en la Contraloría, negó que las iniciativas impulsadas por mineras respondieran únicamente a medidas del actual Gobierno. “Sería injusto atribuir esto solo a las medidas actuales. La minería es a largo plazo, no responde a un ciclo”, sostuvo.
A su vez, la exministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, a contrapelo de la versión del Ejecutivo desmintió que el retiro de decretos de Contraloría fuera algo común y defendió que “detrás de ello hay personas, comunidades que han trabajado por un largo tiempo para que se proteja algo, para que se proteja la salud humana, y por lo tanto hay harta preocupación”.
