Más de 6.300 funcionarios públicos habrían cobrado sueldo en entidades privadas mientras se encontraban con licencia médica. Ese es el dato que entregó la Contraloría General de la República y que detonó la acción de la bancada de diputados Republicanos, que este sábado ofició a los 345 municipios del país para exigir transparencia sobre la magnitud del problema a nivel comunal.
La solicitud fue liderada por la diputada Macarena Santelices, quien enmarcó la iniciativa en su experiencia previa como alcaldesa.
“Es de urgencia que los municipios sean transparentes e informen si tienen funcionarios que hicieron el abuso que hemos conocido ante 6.311 funcionarios que cobraron sueldo en entidades privadas, estando con licencia médica”, afirmó.
A través del oficio, la bancada requirió a cada municipio detallar la cantidad de funcionarios involucrados en los últimos cinco años, las medidas administrativas adoptadas —incluyendo sumarios e investigaciones internas—, el estado de esas acciones, las sanciones aplicadas y el monto estimado de recursos públicos comprometidos.
Los Republicanos también solicitaron información sobre los mecanismos de control internos existentes para prevenir el uso indebido de licencias médicas.
Sumarios, sanciones y devolución de dinero
El diputado Agustín Romero, presidente de la Comisión de Hacienda, calificó los antecedentes como graves y fue directo en cuanto a las consecuencias que espera.
“Aquí tiene que haber sumario, sanciones y devolución de la plata. Porque cada peso mal usado es plata que le falta a los chilenos”, subrayó.
Por su parte, la diputada Catalina Del Real descartó que la bancada de Republicanos se quede en la indignación y adelantó que continuarán fiscalizando en el marco del Caso Licencias Médicas.
“No puede ser que alguien reciba un beneficio del Estado por estar enfermo y al mismo tiempo esté generando ingresos por otro lado. Eso es derechamente fraude y tiene que sancionarse como corresponde”, remarcó.
Santelices, en tanto, advirtió que este tipo de prácticas erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. “Estamos hablando de un abuso que no puede normalizarse. Aquí hay recursos de todos los chilenos que deben ser protegidos y no utilizados de manera indebida”, sentenció.
