El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) resolvió de forma unánime revocar la disolución del partido Evolución Política (Evópoli), dejando sin efecto la decisión del Servicio Electoral (Servel) que había ordenado su cancelación del Registro de Partidos Políticos.
La resolución del Servel, emitida en febrero de 2026, sostenía que la colectividad no cumplía con el mínimo legal exigido, al no alcanzar el 5% de los votos en la última elección de diputados ni el número requerido de parlamentarios en distintas regiones.
Sin embargo, el Tricel acogió el reclamo presentado por el partido, concluyendo que la interpretación del organismo electoral era incorrecta.
En su fallo, el tribunal sostuvo que “la literalidad no es suficiente para desentrañar el alcance de la norma en cuestión”, por lo que recurrió a otros criterios de interpretación legal. En esa línea, enfatizó el rol de los partidos en el sistema democrático, recordando que “no hay democracia representativa sin partidos políticos, y las democracias estables son aquellas que tienen partidos fuertes y arraigados en la sociedad”.
Uno de los puntos clave de la resolución fue la inclusión de los senadores en ejercicio dentro del cómputo parlamentario. El Tricel determinó que excluirlos “contrariaría la finalidad o las razones subyacentes de la norma”, ya que la ley no establece explícitamente dicha exclusión.
Asimismo, el fallo criticó la fundamentación del Servel, señalando que la decisión de disolver al partido “no explicita el razonamiento utilizado para arribar a la decisión determinada”, lo que resulta especialmente grave considerando que se trata de la sanción más severa para una colectividad política.
El tribunal concluyó que Evópoli cumple con los requisitos legales para subsistir, destacando que la normativa busca establecer “barreras de salida” que consideren el respaldo ciudadano efectivo y la representación parlamentaria vigente.
De este modo, la sentencia asegura la continuidad del partido y ordena mantener su inscripción, junto con la permanencia de sus militantes en los registros oficiales, reafirmando el principio de estabilidad del sistema político chileno.
