Durante este martes, en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, continuó la audiencia de formalización del ex diputado Joaquín Lavín León, investigado por delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al Fisco y tráfico de influencias.
En la instancia, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para el ex parlamentario. En paralelo, el empresario Juan Silva quedó con arresto domiciliario nocturno tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía.
Uno de los ejes centrales de la investigación es la plataforma digital SocialTazk. Según expuso la fiscal Constanza Encina, esta herramienta, aunque presentaba funciones básicas de registro de tareas, tenía un propósito distinto.
“La aplicación prácticamente tenía una nula utilidad parlamentaria. Dichas funciones son, en verdad, una verdadera pantomima, porque la plataforma SocialTazk, si bien mantenía algunas funciones vinculadas a registros de tareas, era en realidad una herramienta de gestión, manejo y administración de bases de datos y envío de mensajería de texto masiva”, afirmó, agregando que “desde el inicio fue pensada y utilizada por el diputado Lavín con una finalidad electoral.”
De acuerdo con los antecedentes presentados, el desarrollo del sistema se habría financiado principalmente a través de recursos del Congreso Nacional. Esto habría ocurrido mediante dos mecanismos que son la contratación del desarrollador Felipe Vázquez como asesor parlamentario, sin cumplir labores legislativas, y la emisión de facturas por parte de la empresa Modo 74 SpA, que se habrían rendido como gastos operacionales, pese a corresponder a servicios de campaña.
La Fiscalía estima que estas acciones generaron un perjuicio fiscal cercano a los 200 millones de pesos, señalando que “el diputado actuaba como gestor, financista y administrador de hecho de esta aplicación”.
Sobre la contratación de Vázquez, Encina indicó que “es importante señalar que la contratación de Vázquez tiene irregularidades de principio a fin y tuvo por único objeto trabajar y seguir desarrollando esta aplicación o emprendimiento del diputado con este pago a honorarios como asesor parlamentario”.
En cuanto a su funcionamiento, SocialTazk permitía organizar y segmentar bases de datos de contactos, facilitando el envío de mensajes masivos durante campañas políticas. La fiscal sostuvo que “ninguno de esos candidatos desembolsó dinero alguno por estos servicios de la plataforma, ni por la mensajería masiva de campaña que se enviaron”.
La investigación también apunta a que el equipo parlamentario del ex diputado habría sido utilizado para operar la plataforma, desempeñando funciones similares a un centro de llamadas. “El honorable diputado, como ya señalé, no solamente usó la plataforma con fines electorales, usó también su equipo parlamentario, no solamente rindió facturas como gasto parlamentario, usó todo su equipo parlamentario, montó este call center”, señaló la fiscal.
Este grupo tenía como tarea contactar a potenciales votantes, verificar información y alimentar la base de datos del sistema, consolidando así una estructura que combinaba tecnología y operación territorial.
El Ministerio Público sostiene que el software fue concebido para recopilar, almacenar y gestionar información de electores a nivel nacional, permitiendo una segmentación eficiente y contacto directo mediante mensajería masiva. Sin embargo, su uso con recursos públicos es precisamente lo que hoy está siendo investigado.
