El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) presentó su informe ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados respecto a la Ley de Reconstrucción Nacional impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, más conocida como megarreforma, dejando ver una serie de riesgos y efectos en las arcas públicas en caso de ser promulgada.
La presentación fue encabezada por su presidenta, Paula Benavides, acompañada por su vicepresidente, Sebastián Izquierdo, y los consejeros Marcela Guzmán, Hermann González y Joaquín Vial.
Benavides explicó que el efecto fiscal directo de la megarreforma – esto es, sin considerar el crecimiento- presenta un déficit persistente en el horizonte de evaluación, alcanzando un máximo de 0,71% del PIB en 2030, y de 0,43% del PIB en 2050.
En caso que se alcance el crecimiento proyectado por el Gobierno de Kast, el balance fiscal vería una mejora por 0,41% del PIB en 2030. Ante esto, el CFA dejó en claro que este resultado “depende críticamente de la materialización del crecimiento económico proyectado”.
En caso contrario, “la iniciativa genera un deterioro fiscal permanente de 0,43% del PIB en régimen (2050); e incorporando el efecto crecimiento, el balance fiscal mejoraría a 0,78% del PIB en régimen, pero en 2030 seguiría siendo deficitario en 0,3% del PIB”.
Paula Benavides expresó que la megarreforma provocará entre 2026 y 2031 un impacto fiscal neto negativo, por lo que para lograr la neutralidad fiscal “se requerirán fuentes de financiamiento adicionales de magnitud relevante, no contenidas en el proyecto”, apuntando que las fuentes de financiamiento no compensan los menores ingresos.
Los riesgos de la megarreforma advertidos por el CFA
Benavides sostuvo que destaca de la propuesta del Gobierno que priorice el crecimiento económico, y promueva la eficiencia del gasto, pero reiteró que el informe financiero de la iniciativa “presenta déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso considerando el efecto crecimiento, pese a que proyecta superávit en el largo plazo”.
Los principales riesgos que avizora el Consejo Fiscal Autónomo en la Ley de Reconstrucción Nacional apuntan al constante descalce entre costos y beneficios fiscales, ya que los menores ingresos se harán efectivos desde el primer año de vigencia de la megarreforma, mientras que los eventuales beneficios – asociados al crecimiento – se incorporan de forma gradual en el tiempo y con mayor incertidumbre.
Junto con ello, el CFA cuestionó que la reducción del impuesto de primera categoría no es compensado con el crecimiento económico proyectado por Jorge Quiroz; el crédito tributario al empleo causará un alto costo fiscal efectivo, al igual que la exención transitoria de IVA a viviendas nuevas; la compensación al Fondo Común Municipal generará una presión fiscal permanente; el mecanismo de restitución por anulación de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) no cuenta con cláusula de gasto máximo; y que la repatriación de capitales “puede debilitar el cumplimiento tributario, y afectar la sostenibilidad de los ingresos fiscales en el mediano plazo”.
“El proyecto presenta déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso considerando el efecto crecimiento, y se han identificado diversos riesgos que podrían aumentarlos. A su vez, compromete gasto fiscal con alta certeza en el corto plazo y reduce ingresos permanentes, mientras que los efectos positivos dependen de ingresos futuros más inciertos asociados al crecimiento, lo que podría traducirse en un deterioro del balance fiscal si este no se materializa en la magnitud y velocidad estimadas”, alertó el Consejo.
Ante este escenario, el Consejo instó a consensuar un diagnóstico común sobre la situación fiscal actual y alcanzar un acuerdo amplio entre Ejecutivo y Legislativo para que se vean patente en el proyecto de ley, además “recomendó que este acuerdo contenga medidas explícitas, con efectos fiscales permanentes, suficientes para cerrar el déficit actual y oportunas para mantener el nivel de deuda por debajo de su nivel prudente”.
