Con un amplio grupo de parlamentarios de distinto signo político fue presentado este jueves en la Cámara de Diputados el proyecto de ley “Protección Digital Infantil”, que busca restringir mediante una serie de regulaciones el acceso de niños y adolescentes a redes sociales, así como a plataformas de apuestas o de contenido pornográfico y chats de inteligencia artificial.
Entre los patrocinadores oficialistas de la iniciativa se encuentran los diputados de Renovación Nacional Diego Schalper, Ximena Ossandón y Andrés Celis, la diputada republicana Macarena Santelices y Tomás Kast (Evópoli). El proyecto también considera a parlamentarios de oposición como Raúl Leiva (PS), Héctor Ulloa (PPD) y Héctor Barría (DC) y de sectores no alineados como Paula Olmos y Patricio Briones, ambos del Partido de la Gente.
La iniciativa surge a partir de los riesgos de adicción y otros peligros como el acoso digital a los que pueden estar expuestos los menores de edad, así como las recomendaciones de los expertos de retrasar al máximo la entrada a estas plataformas. También toma de inspiración legislaciones internacionales, como la de Australia que prohíbe la utilización de redes sociales en menores de 16 años.
Los ejes del proyecto
El proyecto establece prohibición de acceso a menores de 16 años a toda plataforma digital -salvo aquellas de mensajería interna o almacenamiento-, las redes sociales, las plataformas de transmisión en vivo, incluso si cuentan con la autorización de sus padres. En el caso de los portales de apuestas y los de pornografía, así como de los chatbots que incorporan inteligencia artificial y los videojuegos excesivamente violentos, la prohibición de ingresar rige hasta los 18 años.
A su vez, los proveedores de las plataformas deberán eliminar las cuentas de los niños y adolescentes, ofrecer mecanismos de verificación de edad y garantizar la protección de datos. En el caso de los chatbots con IA, a los proveedores se les prohíbe que los menores de edad accedan a funciones en que simulen relaciones de amistad, faciliten contenido sexual, promuevan conductas de autolesión o suicidio o que desincentiven al usuario a buscar ayuda profesional o de adultos responsables.
Asimismo, la legislación instruye a los proveedores a mostrar advertencias de la adicción que pueden generar las plataformas digitales. También establece multas en caso de la omisión de medios de verificación de edad, de 3 mil a 5 mil Unidades Tributarias Mensuales que aumentan al doble en caso de reincidencia.
