En al menos cuatro ocasiones diputados de oposición solicitaron al presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero (Partido Republicano), paralizar el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional tras las alertas levantadas por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) respecto a los efectos en las cuentas fiscales que tendrá —de ser aprobada— la iniciativa estrella del Gobierno del presidente Kast.
El emplazamiento liderado por las diputadas Gael Yeomans (FA) e Irací Hassler (PC) responde al frenético cronograma de tramitación trazado por el diputado Romero en acuerdo con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. El calendario apuesta por lograr la aprobación en general del proyecto este jueves en comisión, para luego dar paso a la discusión en particular, indicaciones incluidas, la próxima semana. El objetivo, dicen en La Moneda, es que el proyecto sea despachado al Senado a más tardar el 20 de mayo y así llegar a la Cuenta Pública con un triunfo legislativo al cual sacarle brillo.
El problema es que el informe del CFA fue mucho más negativo de lo que se esperaba. La presidenta del órgano, Paula Benavides, advirtió que la meta del balance “depende críticamente de la materialización del crecimiento económico proyectado” y que “se requerirán fuentes de financiamiento adicionales de magnitud relevante” las cuales “no están contenidas en el proyecto”.
La evaluación del CFA encendió las alarmas no sólo en el oficialismo, sino que también en el Ministerio de Hacienda. Tras la sesión, Quiroz se remitió a decir que analizará en detalle la presentación del órgano autónomo para dar respuesta “oportunamente”.
Al cierre de esta edición, Quiroz se encontraba reunido con el director de la DIPRES, José Pablo Gómez, confeccionando la respuesta que se presentará ante la Comisión de Hacienda mañana jueves, mismo día en que se votará la idea de legislar en la instancia.
Sin embargo, en el oficialismo no han recibido señales de Quiroz ni de su equipo sobre eventuales modificaciones al proyecto. Por el contrario, la instrucción es seguir con el cronograma acordado y cerrar la discusión en Hacienda para que el proyecto pase a Vivienda y Medio Ambiente la próxima semana.
El conteo de votos en palacio apunta a que hay mayoría en las tres comisiones y en sala, independiente del acuerdo con el PDG. Además de los 76 votos de las bancadas oficialistas y del PNL, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, ya amarró los apoyos de Jaime Mulet, René Alinco y los PDG Javier Olivares y Cristián Contreras.
Por lo mismo, la apuesta es sacar el proyecto tal cual está en la Cámara e introducir modificaciones en el Senado, donde se proyecta un clima más favorable para la discusión y los acuerdos.
Sin embargo, esa fórmula también tiene riesgos. En primer lugar, modificar la reforma en el Senado abre la posibilidad de extender la tramitación a un tercer trámite legislativo (regresar el proyecto a la Cámara) e incluso cabe la posibilidad de llegar a una comisión mixta.
Además, desde la parte técnica, en Hacienda reconocen que es complejo modificar el corazón del proyecto —la baja al impuesto corporativo, reintegración del sistema y la invariabilidad tributaria— puesto que cualquier cambio significa cambiar la arquitectura completa del proyecto, que está pensado como “un todo”. Misma situación ocurre con el informe financiero que, en caso de ingresar indicaciones, sufriría modificaciones.
Respecto a los pasos a seguir, Romero sostuvo tras la sesión de Hacienda de esta mañana que “si el Gobierno estima que es necesario hacer una indicación la hará, si no, lo aclarará. Pero hay que considerar además es que hay otras iniciativas dentro del Congreso Nacional que también se hacen cargo de las aprehensiones, los riesgos que levante el Consejo Fiscal Autónomo”.
