“Invitarlos a todos a ir preparando lo que va a ser la Cuenta Pública del primero de junio. Ese día vamos a cumplir 84 días de gobierno; nuestro desafío era el Desafío 90”, dijo el presidente José Antonio Kast el lunes pasado, al inicio de su tercer consejo de gabinete desde que llegó a La Moneda.
Con esa frase, el Mandatario inauguró oficialmente la cuenta regresiva hacia su primera gran prueba política: el mensaje presidencial ante el Congreso Pleno del próximo 1 de junio. Hoy miércoles 13 de mayo quedan exactamente 19 días para esa jornada. Con esa fecha en mente, desde este lunes el Gobierno requirió a los ministros reunir material correspondiente a los “logros” del Ejecutivo en lo que a esas alturas serán casi tres meses de gobierno.
Ese material será utilizado por las dos figuras que están a cargo de la confección del discurso: el jefe de asesores del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, y el encargado del relato del Gobierno, Cristián Valenzuela.
La idea, comentan en el oficialismo, es cotejar los resultados de los primeros días de administración con lo que se comprometió en campaña en el llamado “Desafío 90”, plan elaborado por Bernardo Fontaine y que apuntaba a dar certezas en torno a los primeros meses de administración.
Qué hay en la vitrina del Desafío 90
En La Moneda se muestran tranquilos de cara a la Cuenta Pública. En palacio aseguran que el Gobierno cuenta con avances concretos para exhibir, algunos de ellos —incluso— concretados en los primeros días de administración.
En su primer día en el poder, Kast firmó un decreto para resolver en plazos acotados los recursos pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), destrabando 51 recursos de reclamación que mantenían paralizados proyectos por US$16.300 millones. El Comité de Ministros, además, ha sesionado regularmente desde entonces: en su cuarta sesión bajo la administración Kast, destrabó dos proyectos que suman más de US$200 millones de inversión.
En materia fiscal, apenas un día después de asumir, el Gobierno anunció una reducción del 3% en el gasto de todos los ministerios como parte del plan de austeridad para reducir el déficit fiscal, que en 2025 alcanzó el 3,6% del PIB. Según el ministro de la Segpres, José García Ruminot, la medida permitirá un ahorro de US$3.000 millones durante el año.
Más allá de la impopularidad y los flancos que ha provocado el recorte, en el Gobierno aseguran que la política fiscal responsable fue uno de los principales compromisos de campaña de Kast y que, en la dirección en que está caminando la gestión fiscal, se llegará eventualmente al equilibrio de las cuentas públicas.
En el flanco migratorio, el Gobierno también tiene dos logros concretos a presentar. Uno es el proyecto que el Senado aprobó en general el 5 de mayo, con 24 votos a favor y 20 en contra, y que modifica la Ley de Migración y Extranjería para tipificar como delito el ingreso clandestino al territorio nacional. La iniciativa establece penas de presidio menor en su grado mínimo —entre 61 y 540 días— más multas económicas para quienes crucen por pasos no habilitados. Y si bien aún falta la tramitación en la Cámara, el avance de la iniciativa significa para La Moneda un avance en lo comprometido en la campaña.
A la política migratoria se suma que el Gobierno retomó la política de expulsiones. El pasado 8 de mayo se concretó un operativo, con 40 expulsados con destino a Colombia, República Dominicana y Haití, país al que no se realizaban deportaciones desde 2024 por dificultades diplomáticas y logísticas.
La megarreforma, el trofeo que busca Kast
Pese a la importancia que el Gobierno le da a la lista de acciones en inversión y migración, el principal logro que el presidente Kast quiere exhibir el 1 de junio todavía no está en el bolsillo.
La Moneda busca despachar al Senado la próxima semana la megarreforma tributaria, proyecto emblema de la administración. Kast ya transmitió a sus principales colaboradores —los ministros Quiroz, Alvarado y García— que su deseo no es solo que el proyecto sea aprobado en general en sala, sino que quede completamente despachado al Senado antes de la Cuenta Pública.
La meta del Ejecutivo es votarlo en general el 18 de mayo y que el 18 y 20 pueda ser analizado en particular. ¿La razón de la premura? La última semana de mayo previa a la Cuenta Pública es distrital, por lo que no habrá sesiones, lo que convierte esa fecha en un plazo definitivo.
El camino, sin embargo, ha sido accidentado: la oposición ingresó más de mil indicaciones a la Comisión de Hacienda, cifra que el diputado republicano Agustín Romero —quien preside esa instancia— comparó con la magnitud de una ley de presupuestos. El gobierno logró sortear el obstáculo mediante una indicación sustitutiva ingresada fuera de plazo, dejando sin efecto las correcciones opositoras a través de un resquicio reglamentario similar al que usó la oposición para presentarlas. Eso sí, no está claro si Hacienda logrará despachar hoy el proyecto ni cómo avanzará la discusión fijada —en paralelo— en las comisiones de Vivienda y Medio Ambiente.
La gran deuda: el plan nacional de seguridad de Steinert
Si hay un capítulo que amenaza con opacar la Cuenta Pública, es el de seguridad. La ministra Trinidad Steinert llegó a La Moneda con las manos vacías: no había un plan de seguridad definido y ha tenido que elaborarlo sobre la marcha. El diagnóstico quedó en evidencia en la sesión de ayer martes cuando la ministra compareció ante la Cámara de Diputados en sesión especial convocada por la comisión de Seguridad.
Steinert partió reconociendo sus errores: “Asumo que me he equivocado. Pensé que en este cargo había que hablar mediante acciones, no con palabras. Pero he entendido que en política hay que escuchar y explicar, escuchar y volver a explicar todas las veces que sea necesario”.
Lo que la ministra presentó ante la Cámara fueron los ejes estratégicos del denominado “Plan de Seguridad Pública en tiempos de emergencia 2026-2031”: recuperar el control territorial del Estado, aumentar la eficacia policial y el sistema de persecución criminal, y fortalecer institucionalmente las agencias del Estado.
Sin embargo, Steinert solo anunció que el plan se “oficializará mediante un procedimiento formal, una resolución extensa que se tramitará en las próximas semanas”, sin precisar una fecha concreta. La intervención ocurrió el mismo día en que el propio ministro del Interior, Claudio Alvarado, reconoció en Radio Pauta que el Gobierno no cuenta con un plan de seguridad como documento físico.
La situación no sólo ha elevado los cuestionamientos de la oposición, desde donde se ha calificado como “nefasta” la gestión en seguridad durante los primeros meses de la administración Kast, sino que también ha generado duros cuestionamientos de los Nacional Libertarios y la preocupación del oficialismo.
Sin ir más lejos, en el cónclave de Cerro Castillo que reunió al mandatario con senadores y presidentes de partidos del oficialismo, varios dirigentes le solicitaron expresamente a Kast que en la Cuenta Pública comprometa una hoja de ruta clara para la agenda de seguridad.
