Fernando Barros, ministro de Defensa, cuestionó que ex militares condenados por violaciones a los derechos humanos de avanzada edad cumplan prisión efectiva en Punta Peuco, y puso en duda que los delitos por los cuales están tras las rejas sean considerados crímenes de lesa humanidad.
En entrevista con radio Cooperativa, el secretario de Estado – quien fue parte del equipo jurídico de Augusto Pinochet durante su detención en Londres- respaldó que Punta Peuco sea un recinto penal solo para ex uniformados, apelando que “es un tema de justicia, es un tema de razones humanitarias”.
“En Argentina se dijo: señores, solo se va a juzgar a los altos mandos, ¿okay?, y así ocurrió: todos los mandos medios e inferiores se asumió que cumplían con el deber y así se cumplió. En Chile ha sido distinto: hubo una Ley de Amnistía que en definitiva se pasó por sobre y se ha ido juzgando. Hoy día vemos personas que en ese momento (dictadura) tenían 20, 25 o menos años, no tenían mando, cumplieron una labor en una patrulla, sin disparar ni nada, y hoy día están presos”, reclamó Fernando Barros.
En esta línea, el titular de Defensa aseguró que los condenados de Punta Peuco “son viejos; la gran mayoría que están ahí son unos viejos que están cayéndose a pedazos, con Alzheimer, con demencia senil… ¿Qué justicia reparatoria va a haber cuando usted tiene un viejito que está gagá? ¿Qué reparación hay? Eso ya más bien no es justicia, no es el cumplimiento del objetivo del derecho penal. ¿Eso qué es lo que es? Es venganza”.
Junto con ello, el secretario de Estado cuestionó que este tipo de delitos sean condenados de lesa humanidad, aseverando que “aquí se ha calificado que todo lo que ocurrió entre septiembre del ’73 y el 11 de marzo del ’90 son delitos de lesa humanidad, figura jurídica que en Chile no existía, por lo menos a la época en que ocurrieron los hechos. Por lo tanto, se le está dando un manto como para explicar un tratamiento más gravoso y más duro que lo que le corresponde a cualquier chileno, lo que no es justo”.
Es por esto que Fernando Barros pidió que los reclusos cumplan arresto domiciliario, apelando a razones humanitarias y piedad, indicando que “en muchas partes del mundo, en muchos países, una persona de 90 años no está en la cárcel. Hay edad máxima para ser juzgado. El concepto de que no está en condiciones de enfrentar un juicio es válido”.
“Una persona que no está en condiciones de entender lo que está viviendo, el carácter rehabilitador de la sentencia que está cumpliendo, el derecho penal pierde su sentido. Por lo tanto, cuando hay razones humanitarias, cualquiera que sea el delito, ellas deben prosperar, por mucho que hay una odiosidad justificada o no. El perdón es un tema muy personal”, sentenció el ministro de Defensa.
