Constanza Guerra, jefa del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, a cargo del Plan Nacional de Búsqueda, fue sindicada como la responsable de quitar el patrocinio a las familias de víctimas en causas de violaciones a DDHH.
Según consignó Informe Especial, esto quedó patente el pasado martes, cuando el abogado del programa, Gabriel Ramos, dejó de representar a los familiares de las víctimas de la llamada Operación Alfa Carbón.
En dicha oportunidad, la Corte de Apelaciones de Concepción discutió el arresto domiciliario del ex agente de la CNI Jorge Mandiola Arredondo, quien pidió cumplir su pena en su domicilio, alegando sufrir diabetes y trastornos del sueño por estar preso.
El ex CNI fue condenado en 2024 como coautor del delito de homicidio calificado por el asesinato de siete jóvenes en Los Ángeles, Concepción y Valdivia en agosto de 1984.
A pesar de la ausencia del abogado del Programa de Derechos Humanos, el tribunal de alzada mantuvo la prisión para el violador de derechos humanos.
Este caso se suma al registrado la semana pasada, cuando el organismo instruyó no apelar a la decisión de la Corte de Apelaciones de San Miguel de dar por cumplida la condena de César Manríquez Bravo, involucrado en la Operación Colombo. Esta situación se repitió en los casos de Héctor Osses Yañez y Luis Palacios Torres, este último involucrado en el Caso Mulchén.
Esta situación fue cuestionada por Francisco Ugás, jefe del área jurídica del Programa de Derechos Humanos durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, quien recalcó que “el programa es un órgano técnico que no se puede tocar. Por disposición de la ley tiene por función apoyar a las familias y puede ejercer cualquier tipo de acción legal, así lo consagra el marco normativo que lo ampara”.
“En el gobierno de Piñera nunca nos prohibieron recurrir una resolución; como sí está ocurriendo en el gobierno de Kast. Uno ve que hay decisiones políticas y no hay claridad de los argumentos”, cuestionó Ugás, quien también dio cuenta que esta posición del Ministerio de Justicia “compromete internacionalmente la responsabilidad del Estado” en materia de justicia transicional.
El correo institucional que pone en entredicho a Fernando Rabat
Ante estos cuestionamientos, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, respondió que este tipo de decisiones, de no apelar a las libertades de criminales de lesa humanidad, no corresponde a una nueva política de la cartera.
“El compromiso del Ministerio es respetar la memoria histórica. Supone también mantener todo lo relacionado con el Plan de Búsqueda. Hemos contratado a dos profesionales de excelencia, que están desarrollando su trabajo y van a seguir vinculados, no solamente a la atención de las áreas judiciales, sino también de archivo, digitalización y de historia de cada una de esas víctimas”, apuntó Rabat.
Sin embargo, la versión entregada por el titular de Justicia, quien fue uno de los defensores de Augusto Pinochet en el Caso Riggs, quedó en entredicho tras conocerse un correo institucional de Constanza Guerra, jefa del Programa de Derechos Humanos, que reconoce instrucciones de la cartera para no intervenir en determinadas causas.
“Como bien saben, en las últimas semanas he recibido instrucciones en orden a no alegar o apelar en causas en etapa de cumplimiento. Ante esta situación, considero importante poder establecer algunos criterios de trabajo”, consigna el mensaje dado a conocer por radio Biobío.
Guerra precisa que en aquellas casos que en se ordene no apelar o alegar, “daré respuesta señalando que por decisión de la autoridad, se ha definido no apelar o alegar, junto con la fundamentación correspondiente”.
