Luis Silva, subsecretario de Justicia, abrió un nuevo flanco en la tirante relación entre el Gobierno y las municipalidades, luego que indicara que contaban con un Plan B si no se logra concretar la ampliación del penal Santiago I, apuntando a Rancagua.
En entrevista con Estado Nacional de TVN, el ex convencional declaró que “tenemos un plan B y sería Rancagua. En Rancagua, ustedes saben, hay una cárcel concesionada en el bypass. Ahí hoy día hay un proyecto de ampliación que evidentemente en el tiempo estaba más adelante. Ese sería el plan B”.
Sin embargo, las palabras de Luis Silva no tuvieron buena acogida en el alcalde Raimundo Agliati, quien cuestionó la falta de comunicación del Ejecutivo.
“Rancagua no puede enterarse por televisión de una decisión que pueda afectar directamente a nuestra ciudad”, declaró el jefe comunal a La Tercera, apuntando que “si el Gobierno está evaluando adelantar la ampliación de un recinto penitenciario, primero debe siempre informar oficialmente a la comunidad y a sus autoridades”.
Agliati agregó que un “proyecto de esta magnitud, de esta envergadura, siempre debe venir acompañado de antecedentes técnicos, medidas de mitigación y, sobre todo, un diálogo transparente con la ciudad”.
La mirada del alcalde de Rancagua fue compartida por los parlamentarios de la región, ya que el diputado Raúl Soto (PPD) recalcó que “no queremos transformarnos tampoco en el patio trasero de la delincuencia y de los reos de la Región Metropolitana. Por eso queremos evaluar, técnicamente y de forma responsable la propuesta que se haga a este respecto”.
El senador Juan Luis Castro (PS) puntualizó que “no se puede tratar de utilizar nuevamente la ciudad de Rancagua como el foco de la delincuencia, ahora concentrado en una cárcel, que es la misma que hemos tenido siempre por 20 años, y que ahora pretenden ampliar las plazas y etiquetarla de alta seguridad”.
“Eso está fuera de lugar y creo que no va a contar con el apoyo de nadie en la Región de O’Higgins para hacer algo así”, dejó en claro el legislador.
Desde el oficialismo, la diputada Natalia Romero (IND-UDI) sostuvo que “entendemos que el Gobierno necesita ampliar cárceles para su plan de seguridad, pero le invitamos a que conozca la realidad hoy día de Rancagua con la cárcel concesionada, a que busque lugares con menos población y por supuesto donde haya mayor factibilidad”.
