La defensa del senador Miguel Ángel Calisto interpuso un recurso de amparo, cuyo propósito es dejar sin efecto el cierre de la investigación en contra del parlamentario.
La acción judicial la presentaron los abogados del legislador acusado del delito de fraude al fisco ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique.
De acuerdo con lo expresado por la defensa de Calisto, el cierre de la indagatoria conlleva graves infracciones a las garantías procesales.
Qué argumenta el recurso de amparo del senador Calisto
Según argumentaron los abogados del senador Calisto en el recurso de amparo, la decisión del Ministerio Público impidió “de forma arbitraria e ilegal el ejercicio del derecho de defensa consagrado en la Constitución y en las leyes”.
En esa línea, plantearon que “al cerrar la causa mientras el plazo judicial se encontraba vigente y tras ocultar diligencias esenciales ejecutadas solo horas antes de la clausura del debate”, ellos no pudieron emprender nuevas acciones.
Al respecto, sostuvieron que los testimonios de los coimputados Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo “contenían un cambio radical y sustancial en la versión de los hechos que durante casi cinco años habían sostenido”.
“Tras mantener inalterado su relato original frente a la policía y los fiscales a lo largo de media década de tramitación, los coimputados revocaron de forma verbal el patrocinio de sus defensores privados y, tras asumir la representación la Defensoría Penal Pública, prestaron nuevos testimonios ante el Ministerio Público el 29 de abril de 2026“, detallaron los profesionales.
Restricción de derechos fundamentales
Añadieron que “apenas se registró esta nueva declaración, se fijó de manera urgente una audiencia de revisión de medidas cautelares para el día siguiente, oportunidad en la cual el señor Cárcamo pudo salir de prisión, con acuerdo del Ministerio Público, dado que la institución fiscalizadora procedió a allanarse íntegramente a la modificación de la gravosa cautelar”.
En el recurso de amparo, los abogados exigieron que la Corte actúe de manera urgente ante lo que calificó como una “flagrante e ilegal restricción de derechos fundamentales”, además de que ordene dejar sin efecto “las resoluciones judiciales recurridas y el cierre de la investigación penal”.
Pidieron también que se establezca un nuevo plazo para que el senador Calisto “pueda solicitar las diligencias investigativas indispensables que aseguren un debido proceso legal y destruyan una imputación edificada sobre la base de declaraciones radicalmente modificadas a conveniencia cautelar“.
