“Pisarse la cola”. Con esa frase, el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, respondió al anuncio de parlamentarios de oposición que estudian una acusación constitucional contra la exministra de Seguridad Trinidad Steinert, luego del dictamen de la Contraloría que concluyó que la exautoridad excedió sus atribuciones al requerir información a la PDI.
El pronunciamiento del organismo que encabeza Dorothy Pérez, conocido el 1 de julio, estableció que el oficio reservado —enviado por Steinert a la policía civil a solo dos días de asumir el cargo— no se ajustó a las atribuciones que la ley asigna a la autoridad ministerial y vulneró su deber de abstención.
Tras conocerse el dictamen, parlamentarios del PS, el Frente Amplio, el PC y la DC emplazaron a La Moneda y abrieron la puerta a una comisión investigadora e incluso a una acusación constitucional.
La ventana para presentar un libelo sigue corriendo: la Constitución permite acusar a un ministro hasta tres meses después de dejar el cargo. Steinert salió del gabinete el 19 de mayo, por lo que el plazo vence a mediados de agosto.
La vara del caso Grau
Moreno acusó a la oposición de “pisarse la cola, respecto a lo que dijeron hace poco con la acusación del exministro Nicolás Grau”, libelo presentado precisamente por republicanos y rechazado por el Senado tras un debate que dividió a ambas cámaras.
“La Contraloría fue bien clara, señaló que respecto a un oficio que pedía información no correspondía que lo hiciera la exministra y que en todo lo demás estaba en forma. ¿Pero de ahí a desprender que acá hay un requisito o hay suficiente información para una Acusación Constitucional?”, cuestionó el diputado.
El jefe de bancada republicano contrastó ese escenario con el del exministro de Hacienda, a quien atribuyó haber vulnerado “flagrantemente varias leyes expresas” y reglamentos, algo que —dijo— quedó demostrado en los alegatos que su sector presentó en la Cámara y el Senado.
Si la oposición sostuvo entonces que no había argumentos para acusar, planteó, “malamente por una resolución de la Contraloría, malamente se podría llegar a la conclusión de que tienes que llevar adelante una Acusación Constitucional”.
Su compañero de bancada Juan Irarrázaval apuntó a la desproporción que, a su juicio, existe entre ambos casos.
Sostuvo que la oposición compara lo señalado por la Contraloría “con un mal que se le hizo a la sociedad completa, por la mala administración del Estado que va a durar años. Estos cuatro años de derroche del gobierno anterior nos van a costar más de cuatro años en arreglarlo”.
“Mientras por otro lado”, continuó, “en la balanza ponen una corrección de la Contraloría, porque ni siquiera inicia sumario, ni implica responsabilidades administrativas”.
“Cuando nosotros queremos hacer valer responsabilidades es precisamente porque no queremos que estas situaciones se repitan. Y aquí es simplemente revanchismo, hay que ser un poquito más responsable, sobre todo cuando uno está apelando a la responsabilidad del otro”, concluyó Irarrázaval.
