La Contraloría General de la República determinó que Trinidad Steinert actuó de manera ilegal al enviar un oficio a la Policía de Investigaciones para pedir antecedentes reservados, apenas asumió como ministra de Seguridad.
Esto, a pesar de la respuesta reservada entregada por la ahora ex ministra de Estado para justificar su accionar, la cual fue dada a conocer por radio Biobío.
En ella, Trinidad Steinert aseveró que “la omisión consciente frente a un riesgo evidente para los fines del Estado no es una muestra de imparcialidad, sino una transgresión directa a la probidad administrativa”.
La ex fiscal aseguró que no haberse inmiscuido en la decisión tomada por Consuelo Peña, quien trasladó a los efectivos de la PDI a cargo de la indagatoria conocida como Clan Chen – cercanos a Steinert- “habría constituido una omisión grave y un daño irreparable a la eficacia del servicio”, dado que era parte de una investigación contra el crimen organizado internacional.
En esta línea, precisó que el caso contra el Clan Chen involucran delitos como lavado de activos, estafa y crimen organizado, por un monto cercano a USD 300 millones, apuntando que la salida de los efectivos de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Tarapacá fue 24 horas ante de la formalización de 39 imputados, apuntando que el accionar de Peña fue “sin explicación”.
“Se trató de un desarraigo administrativo abrupto de los investigadores clave”, sostuvo Steinert, acusando que “debió tener razones de seguridad superiores, como para tamaña decisión”, por lo que abstenerse de intervenir “habría sido una negligencia incompatible” con sus obligaciones como ministra de Seguridad.
