A días de que el Senado vote el informe de la Comisión Mixta que se constituyó para resolver el mecanismo de compensación por la exención de contribuciones, el Gobierno aún no tiene los 26 votos asegurados para que la norma tenga éxito.
Se trata de la fórmula acordada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con alcaldes oficialistas, que contempla que la Tesorería General de la República transfiera a los municipios los recursos equivalentes a lo que dejarán de percibir por el beneficio dirigido a los mayores de 65 años, que quedarán exentos del pago de contribuciones por su primera vivienda.
El problema es que, más allá de la resistencia al mecanismo de senadores y alcaldes de oposición, hay dos votos clave —identificados dentro del propio oficialismo— que no han confirmado su apoyo al artículo propuesto por Hacienda: los senadores Gustavo Sanhueza (UDI) y Matías Walker (independiente, comité Evópoli).
El parlamentario UDI ha expresado reparos a que la compensación se establezca sin mecanismos de control sobre la administración financiera de los municipios, en momentos en que persiste una deuda previsional vigente en varias comunas del país. Sanhueza cifró ese pasivo en más de $512 mil millones adeudados en cotizaciones de trabajadores municipales, y condicionó su respaldo a que Hacienda “en conjunto con las diferentes asociaciones de municipios” busque una solución de fondo antes de la votación.
Walker, en tanto, condicionó su respaldo a que el Gobierno incorpore un veto aditivo que sume a la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco al fondo de reconstrucción del proyecto, tras los daños que dejó el sistema frontal de julio en esa zona. “No puede haber Ley de Reconstrucción sin los recursos para reconstruir la Región de Coquimbo y la Provincia del Huasco”, ha insistido el senador, quien se sumó a una declaración conjunta con sus pares de la zona, Sergio Gahona (UDI) y Daniel Núñez (PC), exigiendo esa fórmula al Ejecutivo.
La petición, sin embargo, chocó esta semana con la negativa del Gobierno. El biministro del Interior y la Segpres, Claudio Alvarado, descartó ampliar el articulado de la megarreforma para incluir la demanda de Walker, argumentando que el debate legislativo ya está cerrado y que un veto de ese tipo podría incluso resultar inadmisible por apartarse de las ideas matrices del proyecto, centradas en los incendios y no en el temporal que afectó a Coquimbo.
Con ese portazo, el senador quedó sin la garantía que exigía a cambio de su voto, y su rechazo al informe de la comisión mixta se instaló como una posibilidad concreta que le podría impedir al Ejecutivo llegar a los 26 votos necesarios para alcanzar la mayoría simple que requiere el Senado para aprobar el informe de la mixta.
El monto en juego no es menor. El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, estimó que la reconstrucción de la infraestructura dañada en Coquimbo y Huasco costará entre US$ 400 y US$ 500 millones, cifra que podría escalar hasta los US$ 700 millones si se incorporan los pasivos en vialidad, telecomunicaciones y recursos hídricos.
Pese a la magnitud del daño, De Grange ha sostenido que el Estado cuenta con herramientas presupuestarias para enfrentar la reconstrucción sin recurrir, por ahora, al 2% constitucional, lo que en la práctica deja sin sustento financiero inmediato la exigencia de Walker.
Alcaldes, el dolor de cabeza de Quiroz
En paralelo, el otro frente —el de los alcaldes— no ha dado tregua al Gobierno. Ante las críticas de jefes comunales de oposición, que cuestionan que la fórmula de compensación se financie con impuestos generales y termine beneficiando más a las comunas de mayores recursos, Jorge Quiroz endureció el tono la semana pasada: “Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensan. Se acabó”, respondió el ministro, al ser consultado por la posibilidad de modificar el mecanismo.
Este miércoles, el jefe de la billetera fiscal reafirmó el punto: “Los alcaldes han dado sus opiniones, hay diferencias de opiniones, pero hoy día el Poder Legislativo es el que tiene la palabra”, sostuvo.
La frase generó rechazo transversal en la oposición, que acusó al Gobierno de tratar a los municipios “como subordinados” del Ministerio de Hacienda.
El cálculo político de La Moneda es que ambos frentes —el de los alcaldes y el de Walker— son manejables por separado, pero su coincidencia en el tiempo reduce el margen de maniobra del Ejecutivo antes del 4 de agosto.
El Senado solo podrá aprobar o rechazar el informe de la comisión mixta tal como quedó redactado, sin posibilidad de introducir cambios de última hora. Eso significa que, si el Gobierno no logra destrabar el nudo con Matías Walker ni convencer a Gustavo Sanhueza, la opción de dejar caer la norma —renunciando a la compensación municipal antes que arriesgar una derrota pública en la Sala— se instala como una alternativa real, similar a la maniobra dilatoria que ya debió usar el 22 de julio, cuando retiró la urgencia al proyecto tras comprobar que no contaba con los votos.
Para Quiroz, el desenlace de este episodio es también una prueba de gestión política.
La megarreforma ya tiene aprobada la parte sustantiva de sus normas tributarias y de reactivación económica; lo que resta es este artículo puntual sobre compensación municipal, que la propia derecha calificó como un “apéndice” del proyecto. Pero es justamente ese apéndice el que, a esta altura, concentra el riesgo de que el ministro cierre agosto sin el triunfo legislativo que el Gobierno había dado por descontado tras la votación de la semana pasada.
