Un grupo de 25 estados de EE.UU. presentó una demanda en contra del gobierno de Donald Trump, tras la última ronda de aranceles para importaciones de Chile y otros 60 países.
La acción legal, que fue presentada por los fiscales generales de Nueva York, Arizona, California, Colorado, Nueva Jersey y Minesota, entre otros, además de los gobernadores de Kentucky y Pensilvania, plantea que los tributos instaurados por la Casa Blanca son “ilegales” y tendrán un efecto negativo en los consumidores, ya que provocarán un aumento de precios.
Luego que el Tribunal Supremo anulara los aranceles que impuso Donald Trump en marzo pasado, su administración lanzó una investigación en contra de la Unión Europea y 59 países, entre ellos Chile, en base a la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, aseverando que apunta a prácticas de trabajo forzoso.
Es por esta indagatoria que instauró aranceles entre 10% y 12,5% para a las importaciones de dichos países, entre los que destaca Chile y los 27 miembros de la Unión Europea.
Sin embargo, los estados acusaron que estas tasas no cumplen los requisitos de la sección 301 y que Donald Trump usa el trabajo forzoso “como excusa para mantener su política de imponer indiscriminadamente aranceles perjudiciales a un amplio abanico de países”.
“No existe ninguna relación lógica entre el supuesto problema del trabajo forzoso en las cadenas de suministro internacionales y los aranceles globales que impuso la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR)”, consignan en su presentación.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, cuestionó que tras el portazo dado por el Tribunal Supremo en marzo pasado, Trump “vuelve a intentar subir ilegalmente los impuestos a familias y empresas con una nueva ronda de aranceles”.
Letitia James recalcó que el presidente “no tiene poder para imponer aranceles amplios a los países que quiera”, como ya definió el Tribunal Supremo en su fallo.
