Esta semana la Ley Karin cumplió dos años desde que entró en vigencia. No obstante, un grupo de parlamentarios ingresó un proyecto de ley que suspende por cinco años los efectos de dicha normativa, argumentando que ha generado un colapso en el sistema de denuncias laborales, complicando la protección de las víctimas.
En concreto, los diputados detrás de esta iniciativa son: Erich Grohs, Paulina Muñoz, Cristóbal Urruticoechea y Álvaro Jofré (Partido Nacional Libertario), Diego Vergara (Partido Republicano) y Daniel Valenzuela (IND-RN). Desde el PDG, Patricio Briones manifestó su respaldo, aunque no incorporó su firma.
Lo que se propone es suspender de forma transitoria la Ley Karin y restablecer las normas laborales que regían antes de su promulgación. Cabe destacar que las denuncias e investigaciones que se iniciaron continuarían tramitándose conforme a la legislación vigente al momento de su ingreso.
Los argumentos detrás del proyecto que busca suspender la Ley Karin
De acuerdo a lo que expone el proyecto de ley, a diciembre de 2025 el sistema acumulaba más de 66 mil denuncias, manteniendo un promedio cercano a las 22 mil por semestre, lo que, a juicio de los autores, refleja que el problema tiene que ver con el diseño de la normativa y no únicamente a dificultades de implementación.
En este marco, citaron datos de la Dirección del Trabajo (DT) y de la Superintendencia de Seguridad Social, donde se indica que entre agosto de 2024 y junio de 2025 se ingresaron 44.212 denuncias, de las cuales solo un 42% fue preclasificado como materia propia de la Ley Karin. Sumado a ello, en las investigaciones concluidas, únicamente un 21,3% terminó constatando la existencia de una vulneración.
Según los congresistas, esta situación se explica por la eliminación del requisito de reiteración para configurar el acoso laboral, la amplitud de conceptos como “violencia en el trabajo” y la inexistencia de una etapa de admisibilidad que permita filtrar denuncias que no corresponden al ámbito de la ley. Lo anterior, a juicio de los autores, ha transformado el procedimiento en una vía para canalizar conflictos laborales de diversa naturaleza, saturando a la DT.
El diputado Erich Grohs abordó esta situación y aseveró que el sistema “está funcionando con serias dificultades”.
“Necesitamos una normativa que proteja eficazmente a las víctimas”
“Cuando una parte importante de las denuncias termina no correspondiendo a materias propias de la ley y las investigaciones se extienden durante meses, tenemos la obligación de revisar si el diseño normativo está cumpliendo efectivamente su objetivo”, sostuvo.
El parlamentario del PNL recalcó que no se busca dejar desprotegidos a los trabajadores, sino que generar un lapso para corregir las falencias del sistema.
“Lo que proponemos no es desproteger a los trabajadores, sino abrir una discusión responsable sobre una legislación que ha generado una carga muy superior a la prevista para las instituciones encargadas de aplicarla. Necesitamos una normativa que proteja eficazmente a las víctimas, pero que también entregue certezas jurídicas, procedimientos oportunos y resguardos frente a denuncias que no corresponden al espíritu de la ley”, expresó.
