Con la aprobación de sus tres vetos supresivos en la Cámara de Diputadas y Diputados, el Gobierno del presidente José Antonio Kast dio este lunes el primer paso para moldear a su favor el texto final de la megarreforma.
El veto sobre el anatocismo fue aprobado por 75 votos a favor, 59 en contra y 12 abstenciones. Luego, la Cámara respaldó la observación al derecho al olvido financiero por deudas, con 75 votos a favor, 58 en contra y 13 abstenciones. Y finalmente, el veto sobre los ajustes para garantizar el pago a 30 días a las pymes se aprobó por 74 votos a favor, 50 en contra y 22 abstenciones.
Con eso, las tres observaciones quedaron despachadas hacia el Senado dejando sólo un artículo aprobado por la oposición —el relativo a la prohibición de interrumpir servicios esenciales en zonas afectadas por crisis climáticas— en el cuerpo de la ley de Reconstrucción.
Para el Ejecutivo, superar la Cámara era el trámite que generaba más incertidumbre. La Constitución exige, en caso de que se rechace en primera instancia un veto, dos tercios de los votos —103 diputados y 33 senadores— para insistir en el rechazo, un quórum que favorece estructuralmente al Gobierno.
Pero el antecedente no era menor: las tres disposiciones que ahora se buscan suprimir habían sido aprobadas durante la tramitación con votos incluso del oficialismo, lo que abría la duda de si esa fuga se repetiría en la votación de los vetos.
No fue el caso. El oficialismo votó en bloque a favor de las tres observaciones, y el Partido de la Gente (PDG) —que votó a favor de algunas de estas normas en sala— optó por la abstención en las tres votaciones, sin sumarse al bloque de rechazo de la oposición.
Quiroz defiende los tres vetos a megarreforma
Al abrir el debate, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, resumió la posición del Ejecutivo señalando que las tres iniciativas “parecen buenas, pero tienen muy malas consecuencias”.
Sobre el anatocismo, explicó que su eliminación afecta directamente a millones de ahorrantes. “Piensen en los millones de ahorrantes que tienen depósitos reajustables a 30 días, depósitos renovables a 30 días”, indicó, advirtiendo que no se les podría acumular el interés pasado ese plazo, lo que generaría un déficit también para los deudores.
Citando informes del Banco Central y de la Comisión para el Mercado Financiero, sostuvo que la medida “no solo no reduciría los costos de crédito, sino que los aumenta tanto a los depositantes como a quienes piden crédito”.
Respecto del derecho al olvido financiero, el ministro precisó que la ley ya contempla ese derecho a cinco años, pero que la norma cuestionada eliminaba los registros internos de los bancos.
Esa información, dijo, “permite distinguir los riesgos de un tipo de acreedor de otro”, y su eliminación “imposibilita la adecuada gestión del cobro y debilita los incentivos de cumplimiento oportuno de estas obligaciones”.
Quiroz agregó que la medida además chocaba con el Código Tributario, al impedir investigaciones a más de cinco años por movimientos de dinero.
Sobre el pago a 30 días para pymes, el jefe de la billetera fiscal argumentó que pactar plazos superiores ya está permitido por ley, y que lo que hacía la norma vetada era eliminar las excepciones y transformarlas en una prohibición absoluta.
Puso como ejemplo al sector agrícola, “donde la persona se endeuda al momento de la siembra, con insumos y fertilizantes, para pagar recién después de la cosecha, mucho más allá de los 30 días”.
A su juicio, la prohibición absoluta encarecería el crédito y empujaría a las empresas hacia formas de documentación alternativas a la factura, “con el consiguiente riesgo de informalidad comercial y tributaria”.
Lo que viene: Senado sin sobresaltos, TC como frente real
En el Senado, donde el Gobierno ya contabiliza al menos 26 votos a favor, la aprobación de los tres vetos se da prácticamente por descontada: en las últimas votaciones de fondo de la megarreforma, la oposición no ha logrado superar los 22 a 24 votos en contra, lejos de los 33 necesarios para insistir en las normas vetadas.
El verdadero examen pendiente para la megarreforma está en el Tribunal Constitucional. El Pleno del TC admitió a trámite y declaró admisibles, por unanimidad, los tres requerimientos de inconstitucionalidad presentados por la oposición, acumulados bajo el Rol N° 17.828-26. La resolución abrió un plazo de cinco días corridos para que el Presidente Kast, el Senado y la Cámara formulen observaciones.
El TC fijó además una audiencia pública para este miércoles 12 de agosto y una sesión de alegatos de las partes para el jueves 13, aunque hasta ahora no hay fecha oficial para el fallo de fondo.
Las impugnaciones se concentran en la invariabilidad tributaria y en modificaciones ambientales, entre ellas las concesiones de acuicultura y los procedimientos de calificación ambiental que incluyen indemnización a inversionistas.
