El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió la incorporación de un nuevo estado de excepción incorporado en la reforma constitucional que presentó el Ejecutivo ante el Senado, y sostuvo que se trata de una herramienta diseñada para “intervenciones profundas y temporales“.
Al abordar el tema, el secretario de Estado detalló que “esto está pensado en intervenir ciertas zonas donde operan grupos terroristas o donde opera el crimen organizado, que es de difícil penetración, donde necesitamos algunas facultades extraordinarias para restringir movilidad, poner toques de queda, saber las comunicaciones o bajarlas de este tipo de grupos“.
También justificó el plazo de hasta 240 días en que se podría aplicar sin requerir la autorización del Congreso. “Son períodos más largos para derrotar esos fenómenos delictuales y por eso hemos propuesto esta cifra“, argumentó durante su participación en el programa Tolerancia Cero, de CNN Chile.
Arrau descarta poca socialización de la reforma
En la oportunidad, el ministro Arrau descartó los cuestionamientos respecto de una falta de socialización de la reforma de seguridad en el Congreso.
Por el contrario, afirmó que “hubo bastante socialización. Yo me dediqué semanas a estar con diferentes parlamentarios. Varios estaban contentos y reconocieron el trabajo prelegislativo que hubo ahí, con reuniones de muchos diputados y senadores. Muchos de ellos encuentran que es mucho, otros que es poco, y existen esas diferencias”.
“Esperamos que lo que se ha logrado en su justa medida sea un proyecto que aúne las voluntades, tal como ha ido pasando en toda esta agenda” complementó.
Respecto del trámite del proyecto en el Congreso Nacional, el titular de Seguridad Pública manifestó que “habrá un proceso legislativo. Nosotros ponemos a disposición del Legislativo esta propuesta. No estamos enamorados (de la reforma) ni queremos que salga tal cual; ojalá la podamos defender. Pero lo que esperamos es aportar argumentos y que, por supuesto, los parlamentarios, con su experiencia y conocimiento, la enriquezcan, comenten y salga adelante”.
Además, el ministro se refirió a las restricciones para condenados por terrorismo o crimen organizado a posibles beneficios financiados por el Estado, y negó que incluyan atenciones de urgencia o el acceso general a la salud pública.
En esa línea, precisó que la legislación sí podría incluir temas como el acceso de los condenados a becas, pensiones o cirugías no urgentes. “Ese tipo de propuestas las haremos en la ley”, confirmó.
