“Lo que se necesita es un proyecto que pase por una fase prelegislativa y que se llegue a un gran acuerdo nacional, no el pirquineo que propone el Gobierno”. Esa es la propuesta del senador Ricardo Celis (PPD) para viabilizar la reforma constitucional de seguridad presentada por el Ejecutivo.
Si bien asegura que “no hay agua en la piscina” para la reforma constitucional y que es posible lograr a los objetivos que plantea el Gobierno en seguridad sin ella, el parlamentario por La Araucanía defiende la disposición a conversar de parlamentarios de su sector —en particular del senador Pedro Araya— y abre la puerta a un gran acuerdo. Siempre y cuando el Ejecutivo retire la reforma para reformular la propuesta, esta vez, sin el estado de excepción de seguridad.
—¿Está el PPD dispuesto a colaborar con el Ejecutivo en mejorar la reforma constitucional de seguridad?
—Creo que todas las bancadas y partidos políticos están interesados en eliminar y limitar los efectos negativos que ha tenido el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia derivada del delito en Chile. El punto es que el Gobierno hizo un proyecto de ley sin haber hablado con nadie, y además es un mal proyecto. Cualquiera puede entender que establecer una especie de estado de asamblea por 120 días prorrogables, con limitación de derechos constitucionales y solo en manos del Ejecutivo, sin contrapesos, es una fórmula que no iba a pasar, que nunca iba a funcionar.
—Pero el Ejecutivo ya dijo que está dispuesto a modificar esa propuesta, ¿hay espacio para colaborar?
—Lo que pasa es que uno no entiende bien qué es lo que realmente quiere el Gobierno en esta materia. Eso es lo que ocurre con la reforma constitucional dentro del paquete legislativo. En el resto, creo que hay muchos más acuerdos de los que uno pudiera pensar a primera vista, porque son proyectos que se vienen tratando desde hace tiempo, y algunos están prácticamente detenidos.
Pero con el estado de excepción constitucional que existe hoy, más sacar adelante con prontitud la regla de uso de la fuerza, se van a generar las condiciones para que no sea necesario un nuevo estado de excepción constitucional. Por eso creo que el mejor camino para el Gobierno es retirar el proyecto, tener una nueva conversación prelegislativa y avanzar de nuevo en una iniciativa con más solidez,
—Entonces, para usted no está del todo cerrada la opción de una reforma constitucional, siempre que el proyecto se retire, haya una conversación técnica y política, y se vuelva a ingresar, ¿cierto?
—Claro, pero creo que no es necesario, y así lo han dicho muchos constitucionalistas, con quienes coincido plenamente: no es necesario un nuevo estado de excepción constitucional. Con el estado de excepción que existe hoy, más la regla de uso de la fuerza, es suficiente para tener un adecuado control en la materia.
—¿Y el nuevo régimen carcelario para condenados por crimen organizado? ¿Considera necesario avanzar en esa materia por la vía constitucional?
—Creo que el tema del régimen carcelario es distinto, estoy plenamente de acuerdo en avanzar ahí. Así ha sido la experiencia en Italia, que fue bastante exitosa en lo que tiene que ver con el crimen organizado, con muy buenos resultados. Creo que ahí va a haber un gran acuerdo.
Pero respecto a la restricción de derechos para las personas condenadas, tengo serias objeciones, porque el delito tiene una condena, y esa condena es la privación de libertad. Restringir secundariamente otros beneficios sociales me parece complejo; por ejemplo, en salud no me resulta comprensible, porque una persona, por grave que haya sido su delito, tiene todo el derecho a la atención de emergencia o atención médica.
—Desde el oficialismo también se han levantado reparos a la reforma. ¿Qué espera que ocurra esta semana con la respuesta del Ejecutivo?
—Lo que esperaría es que se retire la reforma. Lo que se necesita es un proyecto que pase por una fase prelegislativa y que llegue a un gran acuerdo nacional, no el pirquineo que propone el Gobierno. Luego, que se le ponga urgencia, porque coincido en que hay que tratar con urgencia el tema del crimen organizado.
—En la oposición se escucha, en general, que esta reforma constitucional no es necesaria para el objetivo que declara el Gobierno. ¿Cómo ve usted la disposición de la izquierda y la centroizquierda frente a esta reforma constitucional de seguridad?
—Creo que no hay agua en la piscina para avanzar en una reforma constitucional porque muchos, me incluyo, creemos que no es necesario un nuevo estado de excepción con una nueva figura. Lo que sí es prioritario para mí es sacar adelante la regla de uso de la fuerza.
—También se instaló un debate de fondo, tanto entre sectores intelectuales como en centros políticos, sobre si esta reforma es “iliberal” y si eso podría abrir un camino hacia esa deriva por parte del Gobierno. ¿Hay respaldo para esa afirmación o es más bien una exageración?
—Creo que el ministro Arrau fue mal asesorado en la reforma de seguridad, pero no diría que el Gobierno está implementando una agenda iliberal. Sin perjuicio de que cuando alguien presenta un proyecto de esta magnitud, una reforma de esta naturaleza, hay un tema ideológico detrás, un tema cultural. No son neutros desde ese punto de vista. Pero eso no implica que todo el Gobierno esté involucrado de esa manera.
—La discusión de la reforma de seguridad también ha dado paso a una discusión interna por el rol del senador Araya, quien se ha mostrado abierto a llegar a acuerdos con el Gobierno. ¿Cómo ven en la bancada esa situación?
—El senador Araya es presidente de la Comisión de Constitución, y cualquier presidente de comisión conversa con el Ejecutivo respecto a los proyectos de ley y cómo mejorarlos, porque para eso existe el Poder Ejecutivo y existe el Congreso. Cuando se ingresa un proyecto, existe la posibilidad de que alguien tenga una visión sobre cómo mejorarlo o abordarlo. Y lo entiendo en ese sentido, que es lo que está planteando el senador Araya. No le daría mayor connotación. Además, él le ha dicho, en todos los tonos, que este proyecto es malo y que no lo aprobaría en las condiciones en que está.
—Pero se percibe cierta incomodidad en la directiva del PPD. De hecho, en el voto político de la dirección metropolitana, se advierte un cierto choque con el estilo del senador Araya. ¿Falta coordinación entre lo que hacen algunos senadores y la directiva del PPD, de la que usted también es parte?
—Los parlamentarios tenemos un mandato popular y, además, un mandato constitucional para votar o hacer propuestas respecto de nuestras convicciones, siguiendo los lineamientos de los partidos a los que uno está adscrito. Pero eso de ninguna manera significa que uno no pueda conversar sobre los proyectos, porque lo peor que podría ocurrir es que nadie conversara con el Ejecutivo, como si cualquier conversación implicara un retroceso o abandonar los principios propios. Uno puede conversar con el Ejecutivo manteniendo sus principios.
—Una cosa es conversar y la otra es acordar sin el conocimiento del partido, ¿o no?
—No sé en qué términos el senador Araya pudiera pensar en colaborar o conversar en la Comisión de Constitución, lo desconozco, pero creo que hay que partir de la buena fe. Además, nosotros —la centroizquierda y la oposición— somos minoría: tenemos 24 votos, para todo efecto, como máximo. Por lo tanto, si no somos capaces de conversar y mejorar los proyectos, uno se expone a que le pasen la aplanadora y todo salga como quiere el Ejecutivo, porque tiene los votos. Solo que en esta ocasión, como es un mal proyecto, ellos no tienen todos los votos, porque dentro del propio oficialismo se produce una división muy grande, fundamentalmente respecto de las modificaciones constitucionales.
—El PPD convocó a una Mesa Nacional extraordinaria para fijar una postura común en seguridad. ¿Qué espera de esa instancia? ¿Ayudará a alinear a las dos bancadas parlamentarias con la directiva?
—Tenemos un documento previo sobre la posición del PPD en esta materia. No sé quién representará al partido en esa conversación, pero eso no obliga a que los parlamentarios dejen de conversar por su cuenta sobre las decisiones que les corresponden. Los parlamentarios tenemos un mandato popular y un mandato constitucional que no nos obliga en ese sentido. En Chile no existe la orden de partido.
—Sobre lo que ha pasado en el partido: usted asumió como vicepresidente hace algunas semanas, en esta nueva etapa. ¿Cómo ve al PPD hoy, considerando que la semana pasada renunciaron cerca de 300 militantes?
—Creo que está tranquilo. Todos los partidos tienen, en ocasiones, migraciones: gente que se va, que se siente disconforme, que no logró sus objetivos o no pudo tener control del partido. Son cosas que ocurren, es parte de la política. Creo que el PPD está en un periodo de fortalecimiento con la llegada de la nueva directiva, con Raúl Soto, generando espacios más abiertos. El PPD había estado bastante silencioso, diría yo, así que creo que hay una actitud distinta de parte de la nueva directiva.
