Con la reforma constitucional de seguridad estancada tres semanas sin acuerdo ni siquiera dentro del oficialismo, el Gobierno decidió este lunes mover el tablero legislativo. La Segpres, liderada por el ministro José García Ruminot cambió de suma a simple la urgencia de la reforma constitucional y, a cambio, activó veinte nuevas urgencias —diez de discusión inmediata y diez de suma urgencia— para el resto de la batería de proyectos de la ACOT.
A través de un comunicado de la Segpres, La Moneda fijó el nuevo mapa de urgencias priorizando cinco iniciativas con discusión inmediata que ya están en segundo trámite constitucional en el Senado y otras cinco recién ingresan a su primer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Con la reforma y otras dos iniciativas en urgencia simple, el total de proyectos de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) con algún grado de urgencia llega a 23.
“El Gobierno tiene la decisión de avanzar con urgencia en la agenda de seguridad, que es la agenda de los chilenos”, señaló el ministro García Ruminot al anunciar la medida.
La movida del Ejecutivo se da luego de que el oficialismo solicitara “congelar” la reforma que impulsa el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau (REP) —que había sumado críticas transversales, y la solicitud de excluir el nuevo Estado de Excepción. Tal como informó este medio la semana pasada, el pedido explícito en las reuniones que se desarrollaron en los días previos fue privilegiar la tramitación de proyectos que ya avanzaban en el Congreso.
Ese es, casi al pie de la letra, el guión que se activó esta semana.
García Ruminot explicó en un punto de prensa que la fórmula de urgencia simple, que fija un plazo de 30 días, es la que mejor sirve a los objetivos del Ejecutivo.
“Ese es el plazo que tenemos en el horizonte más próximo, para que comience el trabajo legislativo (…) en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado y ahí se puedan exponer los distintos puntos de vista, debatir y construir los acuerdos necesarios”, señaló el ministro.
Y acotó que la fórmula “permite mantener el proyecto (la reforma constitucional) como nosotros queremos: que se esté analizando, discutiendo, que no es un proyecto que queda sujeto simplemente a que haya disposición por parte de la comisión”, en momentos en que tanto la Cámara como la del Senado enfrentan una alta carga de trabajo legislativo producto de la ACOT.
Consultado sobre si el cambio de urgencia abre la puerta a que el Ejecutivo termine retirando la reforma para reingresarla con modificaciones —fórmula que ha ganado adeptos en sectores del oficialismo—, García Ruminot lo descartó: “Nosotros mantenemos la reforma, consideramos que tiene elementos muy importantes para poder garantizar mayor protección y seguridad a la población”, zanjó.
La comisión donde deberá discutirse el proyecto es presidida por el senador Pedro Araya (PPD), quien había advertido que no pretendía ponerlo en tabla hasta fines de mes mientras no exista un mínimo consenso sobre el nuevo estado de excepción, y pidió al Ejecutivo dar espacio a los parlamentarios para construir una propuesta alternativa a esa norma.
El propio presidente José Antonio Kast ratificó este lunes, en radio Cooperativa, que no está dispuesto a ceder en ese punto: “Si usted me dice si es renunciable o no, para nosotros no es renunciable, pero entendemos que el debate legislativo puede hacerle modificaciones”, dijo.
García Ruminot, por su parte, confirmó que el domingo se reunió con la presidenta del Senado, Paulina Núñez —que había pedido excluir el Estado de Excepción de la reforma—, quien le planteó “algunos caminos posibles” para destrabar la discusión.
La agenda que prioriza el Gobierno
Mientras la reforma queda en compás de espera, el resto de la agenda toma protagonismo.
Entre los proyectos con discusión inmediata figura la modernización del sistema de incentivos de Carabineros, que según destacó García Ruminot implica “un esfuerzo fiscal muy, muy importante” no sólo el primer año sino en los siguientes, y una ley corta que busca ordenar los contratos de los inspectores municipales, hoy repartidos entre municipios, corporaciones y asociaciones municipales.
Con suma urgencia avanza también el proyecto de reglas de uso de la fuerza, que lleva más de dos años en el Congreso y actualmente está en comisión mixta, además de las iniciativas que aumentan las sanciones por atentados contra las fuerzas de orden y protegen la infraestructura crítica del país.
Eso sí, un proyecto quedó fuera del listado oficial: el que crea el registro de actos vandálicos e incivilidades, que la Comisión de Seguridad de la Cámara vota este mismo lunes.
Consultado por su ausencia en la nómina de urgencias, García Ruminot dijo que revisará la situación, aunque anticipó que “lo más probable es que repongamos la urgencia” para esa iniciativa, que —afirmó— es una de las que cuenta con mayor respaldo ciudadano por la sensación de inseguridad que generan las incivilidades en los barrios.
Pese a las palabras del ministro, en La Moneda existe el temor de que, en caso de aprobarse, el proyecto no pase el control de constitucionalidad del TC tal como ocurrió en el proyecto de ley Escuelas Protegidas.
