La reforma constitucional de seguridad completó tres semanas desde su ingreso al Senado sin lograr consenso ni siquiera dentro del oficialismo, lo que abrió un flanco que el Gobierno buscará cerrar la próxima semana activando en paralelo una decena de proyectos de seguridad —tres de ellos de mensaje presidencial— tanto en la Cámara como en el Senado.
Hasta antes del parón legislativo, la agenda estuvo copada por la iniciativa que presentó el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y que recibió críticas transversales, no solo políticas sino también desde el mundo académico.
El proyecto, además, sumó desmarques dentro del propio oficialismo y voces como la de la senadora Paulina Núñez (RN), que pidió excluir el nuevo estado de excepción de la reforma, advirtiendo que de lo contrario no contaría ni con los votos del oficialismo en el Senado.
Frente a ese escenario, en el oficialismo pidieron a Arrau “congelar” la reforma. Sobre la mesa hay al menos dos fórmulas. Por una parte, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, planteó retirar la urgencia “para tener una amplia discusión”, mientras el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, propuso más bien “ir graduando las urgencias en función del objetivo final”. El Ejecutivo evaluaría zanjar esa definición la próxima semana.
En su lugar, en el oficialismo apelan a sacar adelante los proyectos que ya están avanzados en el Congreso o que fueron ingresados directamente por el Ejecutivo.
Ahí se abre la ventana para Arrau: la próxima semana, tanto en la Cámara como en el Senado, la agenda de seguridad tomará protagonismo. Aunque varios de esos proyectos vienen del período legislativo pasado y son de moción parlamentaria, el Gobierno ha aportado en su tramitación y los enmarca dentro de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
Tres mensajes en la Comisión de Seguridad Ciudadana
El primer test llega el lunes 31 de agosto, cuando la Comisión de Seguridad de la Cámara sesione en la Sala de Conferencias Inés Enríquez para tratar tres proyectos que comparten un rasgo poco común: son los únicos de origen presidencial entre los veinte que la comisión tiene ingresados durante 2026 —los otros diecisiete corresponden a mociones parlamentarias— y los tres cuentan con “suma” urgencia.
A las 14:50 horas se votará en particular el proyecto que crea el registro de actos vandálicos e incivilidades, con la presencia confirmada de Alvarado. Luego, en segundo orden, continuará la discusión general de la iniciativa que modifica el Código Procesal Penal y la ley que regula el registro de ADN para agilizar investigaciones, con el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero; el fiscal nacional, Ángel Valencia; y la defensora nacional, Verónica Encina.
Desde las 17:30, la comisión retomará el proyecto que amplía el delito de interrupción y obstaculización de vías y del transporte, denominado como “Ley Antibarricadas”, con la presencia del general director de Carabineros, Marcelo Araya; el director general de la PDI, Eduardo Cerna; y el director del INDH, Yerko Ljubetic.
Al trabajo en comisiones se suma las iniciativas que tramitará la Sala y que busca despachar prontamente La Moneda.
En primer turno del lunes, se discutirá en general el proyecto que aumenta las sanciones por atentados contra Carabineros, la PDI y Gendarmería. Si bien se te trata de una moción impulsada por un grupo de diputados de RN —entre ellos Andrés Longton y Diego Schalper— que ingresó el 30 de junio de 2025, el Ejecutivo respaldó con indicaciones e informe financiero el 6 de julio de este año. Asimismo, el Gobierno le otorgó “suma” urgencia el pasado 19 de agosto.
El martes 1 de septiembre, la Sala retomará la discusión del proyecto que restringe los requisitos para acceder a la libertad condicional, modificando, proyecto impulsado originalmente por un grupo de diputados del Partido Republicano.
También, a falta del despacho del Senado, está previsto tratar el proyecto que fortalece la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito.
El cronograma que negocian Bianchi y Arrau
En el Senado, el foco estará puesto el martes. La Sala recibirá con urgencia “suma” el proyecto que permite dictar sentencia pese a la incomparecencia injustificada del acusado, ya despachado por la Comisión de Seguridad Pública.
Esa misma comisión continuará ese día el estudio de indicaciones al proyecto de modernización de Carabineros , con la presencia confirmada del ministro Arrau.
A ello se suman tres iniciativas que avanzan en comisiones mixtas: el subsistema de inteligencia económica contra el crimen organizado, la ampliación del plazo de flagrancia y el perfeccionamiento del procedimiento de expulsión de extranjeros.
El diseño de ese calendario no es casual. Arrau sumó esta semana un encuentro con el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, para fijar el cronograma legislativo de las próximas semanas y definir qué iniciativas tendrán prioridad.
Desde el Ejecutivo reconocen que la estrategia busca trasladar el foco desde la discusión constitucional hacia proyectos que ya están en tramitación, entre ellos las reglas de uso de la fuerza y la llamada ley antibarricadas 2.0.
En paralelo, el ministro se reunió con el senador Matías Walker, uno de los votos oficialistas que ya anunció su rechazo a la idea de legislar sobre la reforma, y el Ejecutivo prepara un acercamiento con la senadora Vanessa Kaiser (PNL).
Consultada por EL DÍNAMO, la diputada Constanza Hube —enlace de la UDI con el Gobierno en la agenda de seguridad, fue clara sobre la lectura que hace su partido: “No creo que haya que bajar el ritmo de la agenda de seguridad. Al contrario, hay una serie de proyectos que generan amplios consensos y que tenemos que sacar adelante con la mayor rapidez posible”. Distinto es el caso de la reforma constitucional, dijo, donde “los cambios a la Constitución tienen que ser mirados con mucha rigurosidad”.
