Después de meses de idas y vueltas, la comisión mixta destrabó este lunes la última discrepancia pendiente de la reforma política, impulsada por el gobierno de Gabriel Boric y diseñada por el entonces ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS).
Con el acuerdo alcanzado —y a la espera de su ratificación en las salas de ambas cámaras—, el proyecto, que cuenta con respaldo político transversal, redefine cuántos militantes necesita un partido para existir legalmente.
Los datos regionales de afiliación del Servel muestran que al menos cuatro colectividades ya están por debajo del piso que exigiría la nueva ley.
Reforma a un paso de ser despachada
La comisión mixta, presidida por la senadora Danisa Astudillo (PS), resolvió por unanimidad el único punto que había quedado pendiente tras el tercer trámite: la redacción de la declaración de principios que deberán suscribir los partidos, que ahora deberá incluir la condena a los sistemas totalitarios, al uso de la violencia como método de acción política y a los actos de corrupción.
El resto del articulado —incluido el que eleva el umbral de militantes— ya estaba acordado desde la tramitación de la legislatura anterior y no fue tocado por la mixta.
La norma clave está en el artículo 6 de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos.
Hoy exige que un partido en formación reúna, en cada región donde se constituye, afiliados equivalentes al 0,25% del electorado. La reforma sube esa cifra a 0,3%. Por ejemplo, constituirse en la región de Valparaíso implica conseguir 2.541 afiliados.
En el caso de un partido que ya existe, el requisito para seguir en funciones es mantener ese 0,3% en todas las regiones (16) del país.
Además, la reforma elimina el mecanismo que hasta hoy permitía sortear parte de esa exigencia: la posibilidad de constituirse con presencia en solo tres regiones geográficamente contiguas. Con la nueva ley, el único mecanismo será tener presencia en al menos ocho de las 16 regiones del país.
Por otra parte, la reforma impone un plazo exigente para reunir los requisitos de subsistencia. Los partidos ya constituidos tendrán 210 días desde la publicación de la ley para reunir el nuevo mínimo en cada región.
Quiénes deben salir a reclutar
El cruce hecho sobre el padrón de afiliados de Servel a julio de este año muestra un mapa desigual.
Frente Amplio, Partido Nacional Libertario, Comunista, Socialista, Partido de la Gente y Renovación Nacional superan el nuevo umbral en las 16 regiones sin dificultad.
Un segundo grupo —UDI, PPD, DC y el Partido Republicano— cumple en la gran mayoría de las regiones, pero queda corto en otras, lo que de todos modos los obliga a reforzar militancia.
El problema más serio está en cuatro colectividades: Evópoli, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), el Partido Liberal y el recién reconstituido Partido Cristiano de Chile.
Los tres primeros tienen presencia en las 16 regiones, pero con una militancia débil ya que no alcanzan el nuevo mínimo en más de la mitad del país.
El caso del Partido Cristiano de Chile es distinto. Su militancia se concentra casi enteramente en Ñuble, Biobío y La Araucanía, tres regiones contiguas, con prácticamente nadie inscrito en el resto del país; hoy sostiene su existencia legal en una disposición que será eliminada con la nueva normativa.
Los que ya salieron a terreno
Evópoli es uno de los partidos que deberá seguir bregando por su existencia. Tras sobrevivir en abril a un intento de disolución por parte de Servel —revertido por el Tribunal Calificador de Elecciones tras contabilizar a sus senadores en ejercicio junto a los dos diputados electos en 2025—, el partido ya inició un despliegue regional.
“Como directiva hemos estado desplegados en varias regiones para reactivar a la militancia y también sumar nuevas personas al partido”, dijo en junio la secretaria general Macarena Cornejo, detallando encuentros en la Región Metropolitana, Ñuble, Biobío, Los Ríos y La Araucanía, con nuevas citas programadas en el norte.
La FRVS libró la misma batalla que Evópoli. El Tricel revirtió también su disolución, con el mismo argumento —contar a sus parlamentarios en ejercicio, no solo a los electos en 2025—. Sin embargo, el partido enfrenta el mismo problema de fondo: su militancia, repartida en las 16 regiones, no alcanza el nuevo piso en la mayoría de ellas.
El Partido Cristiano de Chile, que es la reencarnación del Partido Social Cristiano (PSC), fue disuelto por Servel en febrero junto a otras doce colectividades por no alcanzar el 5% de los votos en la elección de diputados de 2025.
En junio, tras reunir firmas en tiempo récord en sus tres regiones de origen, relanzó su inscripción bajo el nuevo nombre, con la ministra de la Mujer, Judith Marín, y las diputadas Sara Concha y Francesca Muñoz entre sus figuras visibles.
En la UDI, que no enfrenta un riesgo existencial pero sí necesita reforzar militancia en algunas regiones, la disputa interna por la secretaría general terminó ligada al mismo objetivo.
Pablo Longueira, quien finalmente integrará la lista de consenso con el diputado Jorge Alessandri como candidato a la presidencia, hizo de la recuperación de militantes el eje de su regreso a la primera línea del partido, con una meta pública de varios miles de nuevas afiliaciones antes de las elecciones internas.
