Mientras la reforma constitucional de seguridad —la pieza central de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT)— quedó esta semana en suspenso luego de que el Gobierno decidiera rebajar la urgencia, el resto del paquete legislativo impulsado por el Ejecutivo dio sus primeros frutos.
Esta semana, la Cámara de Diputados ya despachó tres iniciativas de la agenda, entre ellas una de las leyes del paquete “Naín-Retamal 2.0”.
Entre las iniciativas más celebradas por La Moneda y el oficialismo está el proyecto que aumenta las sanciones por atentados contra la autoridad cuando la víctima es un funcionario de las fuerzas de orden.
La sala de la Cámara lo aprobó y despachó este martes por 96 votos a favor, 34 en contra y 14 abstenciones, luego de rechazar dos indicaciones del diputado Raúl Leiva (PS). La iniciativa —una de las cinco mociones que integran el paquete que Renovación Nacional bautizó en junio como “Naín-Retamal 2.0”— figura con suma urgencia dentro del listado oficial de 23 proyectos que el Gobierno fijó como prioritarios en la ACOT.
En paralelo, la Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó en general, por 7 votos a favor, 5 en contra y una abstención, el proyecto que amplía el delito de interrupción u obstaculización de la libre circulación y de los servicios de transporte, conocido como “Antibarricadas 2.0”.
El texto extiende el castigo penal a bloqueos parciales o sin violencia en redes críticas —Metro, puertos, aeropuertos—, aunque excluye de forma explícita la protesta pacífica y las fallas mecánicas.
En la tramitación, en todo caso, Carabineros y la PDI respaldaron la iniciativa, pero pidieron ajustes técnicos, como exigir dolo directo y precisar qué se entiende por “impacto relevante”.
La Defensoría Penal Pública y el INDH objetaron su constitucionalidad por el eventual efecto sobre el derecho de reunión, mientras el Ministerio Público advirtió que exigir una interrupción “total” del servicio podría generar impunidad.
Pese a los reparos, la comisión cerró las audiencias con acuerdo unánime para incorporar las observaciones técnicas y pedir una mesa de trabajo al Ejecutivo.
El tercer proyecto despachado esta semana es el que modifica el Código Procesal Penal y la ley del Registro Nacional de ADN para agilizar las investigaciones penales, el cual fue aprobado en general por unanimidad este miércoles y despachado a Sala, con el diputado Mauro González como informante.
El proyecto no estuvo exento de controversia ya que el diputado Leiva formuló una reserva de constitucionalidad sobre algunos puntos.
En ese contexto, la urgencia del proyecto escaló de “suma” a “discusión inmediata” entre el lunes y el miércoles de esta semana, en línea con el recalendarización que el Gobierno anunció para toda la ACOT.
El proyecto que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades (que el Gobierno excluyó de la ACOT debido a la controversia que lo rodea) también tuvo movimiento.
La comisión aprobó dividirlo en dos listados, según la gravedad de las conductas, y rechazó incluir a personas con suspensión condicional.
A pesar de que la iniciativa no figura en el listado oficial de 23 iniciativas que la Segpres decidió imprimirle urgencias, se trata de un proyecto de mensaje presidencial, anunciado en la Cuenta Pública y que hoy se tramita fuera del paraguas del Ministerio de Seguridad.
El “frenazo” a la reforma de seguridad
El contraste con la reforma constitucional es marcado. El Ejecutivo bajó su urgencia de suma a simple —un plazo de 30 días— y la dejó en manos de la Comisión de Constitución del Senado, que preside el senador Pedro Araya (PPD) y donde el oficialismo no tiene los votos.
El Gobierno insiste en que está abierto a introducir cambios, pero al día de hoy no ha presentado una propuesta concreta. En cambio, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, ha optado por establecer “líneas rojas” para no ceder en la creación de un nuevo estado de excepción constitucional.
Los intentos por destrabar la iniciativa tampoco han prosperado. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, contactó directamente a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y al senador Araya para buscar un acercamiento con el Socialismo Democrático, pero el propio comité de RN frenó esa gestión por considerarla alejada de la fórmula construida en la comisión.
A eso se suma que la decisión del Ejecutivo de delegar en los senadores Andrés Longton y Arturo Squella —los únicos oficialistas en la instancia— la presentación de indicaciones, lo que se opone a la exigencia de otros parlamentarios de gobierno de que sea el propio Ejecutivo quien lidere la negociación.
En el oficialismo, además, crece la molestia por la falta de una hoja de ruta pública del ministro Arrau para reunir los 29 votos que la reforma necesita en el Senado.
