Este lunes, la Sala de la Cámara de Diputados y el Senado tendrán una jornada movida.
En la Cámara Baja se dará cuenta del proyecto de Ley de Presupuesto, que el Ejecutivo ingresó el 30 de septiembre, y se conocerá su detalle partida por partida.
Según el calendario de tramitación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, también expondrá el Estado de la Hacienda Pública ante la comisión especial mixta, que votaría las partidas entre el 26 y el 28 de octubre.
Lo conocido hasta ahora es que el gasto crece 1,5% respecto de la ejecución proyectada para 2026 y 2,7% frente a la ley aprobada por el Congreso en 2025, según precisó Quiroz. Seguridad recibe $7 billones (+9,1%), con 1.000 nuevos cupos para Carabineros como principal medida. Crecimiento, trabajo y reconstrucción, en tanto, suman $9,5 billones (+8,1%), y salud crece 4,7%.
Hacienda ha insistido en que se trata de una “expansión mesurada” y no de un presupuesto de recortes, porque el gasto agregado aumenta. El debate, sin embargo, se concentra en dónde se darán los recortes.
Si bien Educación crece 0,78% real, Junaeb y las becas indígenas bajan, los Liceos Bicentenario caen 46,71% y las Becas TIC, herederas de Yo Elijo mi PC, quedan sin financiamiento.
Cultura, en tanto, contempla $440.518 millones, 10,1% menos que una base comparable que incluye reajustes y leyes especiales.
Los gobiernos regionales enfrentan una rebaja inicial de 6%, según el presidente de su asociación, Alejandro Santana (RN), con opción de recuperar fondos si ejecutan al menos 50% de su inversión a julio de 2027.
El recorte en ciertas partidas ya motivó una dura respuesta de la oposición. Pero las diferencias aparecieron también dentro del oficialismo.
El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, calificó la rebaja a Cultura de “excesiva, innecesaria y marginal”, cuestionó la baja de 45% al Fondo del Patrimonio Cultural y pidió a Kast reponer los recursos.
En contraparte, la diputada republicana Javiera Rodríguez, presidenta de la Comisión de Cultura, valoró en cambio algunos de los ajustes, como los de sitios de memoria, y afirmó que “las prioridades cambiaron”.
En Educación, los diputados UDI Sergio Bobadilla y Ricardo Neumann anunciaron que buscarán reponer las Becas TIC y recursos para los Liceos Bicentenario. El Partido Nacional Libertario, por su parte, llevará el martes al Presidente su propuesta de que los ajustes recaigan en otras partidas, entre ellas el Instituto Nacional de Derechos Humanos, según su jefe de bancada, Hans Marowski.
Reforma de seguridad 2.0
La segunda batalla es la reforma constitucional de seguridad, una de las piezas centrales de la agenda contra el crimen organizado.
El texto que Kast presentó el 10 de agosto creaba un Estado de Excepción de Seguridad Pública por 120 días, prorrogable por otros 120, sin autorización previa del Congreso. Tras semanas de cuestionamientos en el Senado, el Presidente confirmó el miércoles pasado, en Cerro Castillo, a los presidentes de las comisiones de Constitución y Seguridad de ambas cámaras, que el Gobierno retirará su proyecto cuando ingrese un texto alternativo.
Eso sí, el retiro aún no es formal: el boletín seguía en tramitación el jueves.
La iniciativa que reemplazaría la reforma es obra de los senadores Andrés Longton (RN), Arturo Squella (Republicanos) y Pedro Araya (PPD), presidente de la Comisión de Constitución.
Según Araya, se articula en tres ejes: dar al crimen organizado un tratamiento constitucional similar al del terrorismo, dar a Gendarmería un blindaje constitucional para segregar a la población penal, y precisar los estados de excepción vigentes sin otorgar atribuciones adicionales al Presidente.
Squella, en tanto, ha dicho que se incorporará una hipótesis nueva dentro del Estado de Excepción de Emergencia, y espera ingresar el texto entre el lunes y el martes.
Sin embargo, a pesar del acuerdo que incluye a un senador de oposición, el proyecto aún no tiene asegurados los votos.
Una reforma constitucional exige cuatro séptimos de los parlamentarios en ejercicio, es decir, 29 en el Senado, donde según Araya el oficialismo cuenta con 26. Araya firmará a título personal, mientras Socialismo Democrático afirmó que no tiene rol en las tratativas y el Comité Unido (DC, PC, FREVS y FA) rechazó una nueva iniciativa, aún cuando el Gobierno retire la suya.
La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, ha sostenido que el Gobierno ya cuenta con herramientas constitucionales para decretar estados de excepción. Kast la emplazó a sumarse: “Lo que nos importa es avanzar”, dijo el mandatario.
El calendario es la otra variable. El Gobierno se autoimpuso el plazo de despachar los casi treinta proyectos de su agenda de seguridad antes de Navidad o, a más tardar, antes de fin de año, pero Araya advirtió que la meta es ambiciosa porque noviembre estará dedicado casi por completo al Presupuesto.
