“Yo quiero reivindicar lo que es la política de los acuerdos”, afirma el senador Pedro Araya (PPD), presidente de la Comisión de Constitución del Senado, en medio de los reparos que ha generado en el Socialismo Democrático su rol en la negociación con el Gobierno.
El miércoles, en una reunión en Cerro Castillo con los presidentes de las comisiones de Constitución y Seguridad de ambas cámaras —donde estaba Araya—, el Presidente José Antonio Kast confirmó que el Ejecutivo retirará la reforma constitucional de seguridad que ingresó en agosto, una vez que se presente un texto alternativo.
En conversación con EL DÍNAMO, Araya valora el “cambio de actitud” del Ejecutivo y detalla los ejes del texto. En ese sentido, el parlamentario PPD destaca el cambio de visión del Presidente: “Pareciera ser que el Gobierno, por convicción y además por realismo político, entendió que hay ciertos temas en los cuales no puede pasar la aplanadora”, dice
Respecto al revuelo que ha causado el acuerdo en la oposición, Araya rechaza que Vodanovic (PS) haya sido marginada y explica la tensión al interior de la izquierda en torno a la agenda de seguridad: “El Frente Amplio y el PC le dieron la espalda al Presidente Boric. Por eso dificulto que esa tensión no vaya a seguir en este Gobierno, porque hay miradas distintas de cómo abordar los problemas de seguridad”, apunta.
—¿Qué conclusiones saca de la reunión que sostuvo el miércoles con el Presidente y hacia dónde se dirige la reforma tras el cambio de postura del Gobierno?
—Lo primero, celebrar el cambio de actitud que tiene el Gobierno en esta materia. Hoy vemos que está disponible a conversar, tomó conciencia de la necesidad de llegar a acuerdos transversales, especialmente en temas tan sensibles para todos y todas como la seguridad pública. Y eso obviamente abre una nueva ventana en la discusión parlamentaria de la agenda de seguridad.
—¿En qué señales concretas se ve reflejado ese cambio de actitud?
—Se ve reflejado en la reunión que tuvimos con el Presidente, donde manifestó que el Gobierno está a disposición de retirar la reforma constitucional que ha generado todo este embrollo y que está disponible para apoyar y patrocinar la reforma que pueda ser presentada por algún grupo de senadores en materia de seguridad pública.
—Ese cambio de actitud, ¿contrasta con lo que se veía algunas semanas atrás?
—El Gobierno seguía persistiendo en que se tramitara y discutiera una mala reforma en materia de seguridad pública, una reforma que técnicamente no tenía respaldo y tampoco tenía respaldo político en el Congreso Nacional. Eso cambia, y lo que vemos hoy es una apertura en el Ejecutivo a entender que su proyecto no tenía los respaldos necesarios y que está disponible para retirar esa iniciativa.
—¿Percibe que este cambio es por convicción o, más que nada, por realismo político, porque no están los votos ni los apoyos para la reforma?
—Creo que es un mix de los dos. Efectivamente, el Presidente se convenció de que no puede seguir jugando a la política de ganar por un voto en el Congreso, porque ocurre lo que pasó en las dos últimas semanas: se rechaza la Sala Cuna Universal por un voto y la semana pasada, en la Cámara, se rechaza la expulsión de los migrantes por un voto. Pareciera ser que el Gobierno, por convicción y además por realismo político, entendió que hay ciertos temas en los cuales no puede pasar la aplanadora y tiene que buscar acuerdos con la oposición.
—En torno al acuerdo en la Comisión de Constitución, ¿cómo se ha hecho usted parte de ese diálogo y qué aspectos están ya definidos para cuando ingrese esta nueva reforma?
—El acuerdo al que esperamos llegar con los senadores Longton y Squella tiene tres puntos fundamentales. El primero tiene que ver con que exista una condena al crimen organizado y que tenga un tratamiento similar al que tiene el terrorismo. Dificulto que cualquier persona que viva en nuestro país no esté de acuerdo en señalar en la Constitución que el crimen organizado atenta contra las bases institucionales, contra la democracia y contra la convivencia entre las personas. En esa línea, va a tener un tratamiento similar al que tiene hoy el terrorismo.
En segundo lugar, a nivel constitucional, se busca elevar la posibilidad de que Gendarmería pueda segregar a la población penal y evitar lo que ocurrió con el plan Cancerbero, de forma tal de entregarle un blindaje a Gendarmería cuando se toman este tipo de decisiones.
Y lo tercero tiene que ver con el estado de excepción. Lo que se acordó es mantener los actuales estados de excepción sin alterar las competencias de quien está a cargo, sin alterar tampoco los requisitos para que se decrete y sin alterar las libertades que se conculcan con cada estado de excepción constitucional. Lo que se va a hacer son algunas precisiones de carácter terminológico, a fin de evitar problemas de interpretación que se pudieran suscitar.
Adicionalmente, en el caso de que se decrete el estado de emergencia por causa de conmoción del orden público o de seguridad pública, se establece que el Congreso Nacional podrá revocar el estado de excepción en cualquier minuto.
“La senadora Vodanovic tenía la misma información que teníamos los cinco de la comisión”
—¿Esta reforma va a ser acompañada de una mesa técnica, como en algún momento trascendió?
—Hemos estado socializando la propuesta con la senadora Vodanovic y la senadora Pascual, que son integrantes de la Comisión de Constitución. Mi idea es que ellas deberán socializarlo, probablemente, con sus bancadas, para ver si respaldan el proyecto con su firma. Y si no lo respaldan, una vez que ingrese será discutido en la Comisión de Constitución y ahí se irán viendo las distintas posiciones en esta reforma.
—La senadora Vodanovic dijo que se la marginó de las conversaciones en la Comisión de Constitución. ¿Eso es así?
—No, eso no es efectivo. Los cinco integrantes de la Comisión de Constitución hemos estado conversando permanentemente este tema, y además han existido conversaciones bilaterales. La senadora Vodanovic tenía la misma información que teníamos los cinco: el día viernes los senadores Squella y Longton mandaron su propuesta del texto de lo que habíamos conversado previamente, que eventualmente tendría opción de ser aprobada en el Congreso en una reforma constitucional.
El día lunes ella participó de la reunión que tuvimos con el ministro de Justicia, donde nos manifiesta que el Gobierno estaría en disposición de retirar la reforma y pide que se pueda presentar un texto alternativo para discutir los temas de seguridad a nivel institucional. Y el martes ella recibió, a la misma hora que recibieron todos los integrantes de la Comisión de Constitución, un primer borrador de proyecto de reforma constitucional para que pudiera hacer observaciones o comentarios. Es decir, ella estaba al tanto, recibiendo información al mismo tiempo que han ido recibiendo todos los senadores.
—Pero ella, entiendo, no estaría por suscribir la reforma, ¿o usted ha recibido alguna información?
—Ella está en su legítimo derecho de no querer suscribir la reforma. Y también, en esto lo reconozco, la senadora Pascual ha manifestado desde el minuto uno que cree que estos temas no debieran estar a nivel constitucional, sino solamente a nivel de ley o ley orgánica. Son miradas, puntos de vista, de cómo abordar el tema. Cada senador podrá decidir si firma o no firma determinado proyecto. Pero lo que no se puede señalar es que no estaba al tanto, en las mismas condiciones que todos, de qué estaba pasando con la reforma.
—¿Cuando ingresará el texto?
—Esperamos ingresarlo el lunes.
—¿Ese respaldo es a nombre particular suyo como senador o del comité?
—Es a nombre particular mío, como senador y como presidente de la Comisión de Constitución.
—¿Y qué ha podido conversar con su comité? ¿Hay apertura del PPD?
—No quiero comprometer al resto de los senadores, pero los he mantenido al tanto de las conversaciones que hemos tenido. El miércoles informé que llegamos con el Gobierno a un acuerdo definitivo de lo que se va a presentar, y la bancada del PPD podrá evaluar si también va a suscribir este proyecto que efectivamente se hace cargo de atacar problemas puntuales en materia de seguridad pública y que no atenta contra ningún derecho fundamental de las personas.
—¿Qué viene a subsanar esta reforma de lo que no tenemos hoy en nuestra legislación o en materia constitucional?
—Primero, señalar algo que le dije al Presidente de la República: el combate a la delincuencia y la seguridad de los chilenos y chilenas no se va a agotar con una reforma constitucional. Aquí se requiere una serie de esfuerzos, y no todos son de carácter legislativo. Hay muchos que dependen de la acción del Ejecutivo, de temas operativos que puedan implementar las policías, que pueda implementar el Gobierno. Tiene que ser un mix de soluciones que vayan caminando al mismo tiempo, a fin de poder fortalecer al Estado.
—Pero la reforma, ¿qué rol tiene en ese esfuerzo conjunto que menciona?
—En esa lógica, lo manifesté y se lo he dicho en público y en privado al Presidente: la reforma constitucional probablemente no es la gran solución al problema de seguridad pública, pero claramente puede ser un elemento que ayuda a fortalecer al Estado en tres temas muy concretos que los detallé previamente.
—¿Se desprenderán otras iniciativas de la reforma como lo había adelantado el senador Squella?
—Lo que acordamos con el Presidente es que hay una serie de otros temas que deben abordarse a nivel legislativo y que probablemente la reforma estaba planteando, pero de mala manera. Por ejemplo, la lista de organizaciones criminales que propone el Presidente y que yo creo que es una buena idea, pero debiera estar en el Código Procesal Penal o en el Código Penal, para evitar que el Ministerio Público tenga que estar probando en todos los juicios la existencia, por ejemplo, del Tren de Aragua. En vez de gastar tiempo en probar la existencia del Tren de Aragua, que ya fue probada en uno o dos juicios anteriores, solo se probaría que la persona que se lleva a juicio pertenece a esa organización y, a partir de ello, se podrían aplicar las penas más severas.
—Se eliminan de partida todas las atribuciones extras que se le daban al Presidente, ¿cierto?
—Así es, no hay ninguna atribución extra para el Presidente. Y para dejarlo muy claro, tampoco se va a permitir la interceptación de ningún tipo de comunicación ni la detención de personas. En esos casos siguen operando las reglas generales: se puede interceptar la comunicación de una persona previa orden judicial, y la persona es detenida, si no es por delito flagrante, por orden judicial.
“El ministro Arrau no ayudó mucho a generar el acuerdo”
—Desde afuera llama la atención que el ministro Arrau no haya estado presente en la redacción. ¿Cómo evalúa su desempeño en esta tramitación?
—Lo que ocurre es que la reforma constitucional está radicada en la Comisión de Constitución, que mantiene un trabajo más fluido con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y con él se han ido conversando estos temas. Por esa razón asumo que tiene que ver con una distribución interna del trabajo que está realizando el Ejecutivo en este tema.
—Y en un orden más general, considerando la declaración del ministros en torno a que prefiría no asistir al Congreso, ¿cómo evalúa el despliegue que ha tenido para que la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo (ACOT) salga adelante?
—Creo que el ministro Arrau no ayudó mucho a generar el acuerdo, porque claramente sus frases fueron muy desafortunadas. Él tiene que entender que parte de la pega de ser ministro de Estado es lo ejecutivo y otra parte es su relación con el Congreso. Los parlamentarios son los representantes populares, y parte importante de la pega de un ministro es entenderse en el Congreso Nacional con los distintos proyectos de ley y otros temas que son de interés para la ciudadanía. Sus declaraciones efectivamente no ayudaron mucho al clima que se está tratando de construir, porque aparece como una suerte de ninguneo al Congreso.
—¿Y sobre la agenda ACOT?
—Mi impresión es que en la agenda ACOT hay bastantes más coincidencias que desacuerdos entre Gobierno y oposición. Pero probablemente hay discusión, y la vamos a tener, en la Ley de Barricadas 2.0 y en la Ley de Encapuchados, que son más bien proyectos que, a mi juicio, no son de seguridad pública, sino de control de orden público.
—De todas maneras, la agenda sigue generando roces con la oposición pese a ese gran porcentaje de acuerdo que hay en torno a la agenda.
—Yo creo que efectivamente esos roces tienen que ver con que probablemente hubo un diseño inicial de La Moneda. Como tenían un voto más, podían ganar cualquier cosa en la Cámara de Diputados, porque esa mayoría se la estaba dando el PDG, y en el caso del Senado tienen 26 votos. Entonces, probablemente después de la derrota de la Sala Cuna Universal en el Senado, más lo que pasó con este proyecto en la Cámara de Diputados, entendieron que si no hay un cambio de estrategia, en orden a buscar consenso y acuerdo con la oposición, va a ser difícil avanzar en todos aquellos proyectos que sean normas de quórum.
“Hay miradas distintas de cómo abordar los problemas de seguridad”
—¿Cómo ve la actitud de la oposición en esta agenda, sabiendo que en algunos proyectos no se han prestado los votos y se han rechazado?
—Hoy estamos en un cambio respecto de qué se entiende que es la oposición, qué se entiende que es la centroizquierda. Cada sector político está buscando hoy cuál es su posición al interior de la oposición. Y eso va a significar una tensión permanente, porque mucha gente no distingue claramente entre el Frente Amplio y el Socialismo Democrático; no distingue entre el Frente Amplio, el Partido Comunista, el PPD y los socialistas.
—¿Por qué se da esa tensión de la que habla?
—Cada partido en este minuto está buscando su espacio en este nuevo escenario de la política chilena. Y eso obviamente va a generar una tensión permanente, que no tiene que ver con la agenda ACOT. Ya lo vimos, por ejemplo, en el caso de la megarreforma y probablemente lo vamos a seguir viendo, porque mientras no se produzca, a mi juicio, ese ajuste de quién es quién en la oposición, vamos a seguir teniendo esta fricción.
—La división en la agenda de seguridad está presente desde el gobierno anterior…
—Efectivamente. No hay que olvidar que durante el gobierno del presidente Boric buena parte de las iniciativas de seguridad pública se aprobaron solo con votos del Socialismo Democrático, donde el Frente Amplio y el PC le dieron la espalda al Presidente. Por eso dificulto que esa tensión no vaya a seguir en este Gobierno, porque hay miradas distintas de cómo abordar los problemas de seguridad.
—Sabiendo que hay miradas distintas en torno a la estrategia, a los votos, a las conversaciones, ¿el Socialismo Democrático debería separar caminos del PC y el Frente Amplio?
—Creo que va a costar que tengan un camino común si eso fue imposible en materia de seguridad durante el gobierno del presidente Boric. Vimos la tensión permanente que existió en esos años en los temas de seguridad pública, donde muchas veces las iniciativas del Ejecutivo eran votadas solamente por el Socialismo Democrático. Por eso dificulto que esa misma tensión no se vaya a producir en este Gobierno.
—¿Cree que en esta agenda de seguridad hay cierto ánimo obstruccionista de algún sector de la izquierda?
—No diría que hay un ánimo obstruccionista. Lo que te diría es que hay miradas de cómo enfrentar el problema que probablemente no son coincidentes. Hay algunos que creen que esto debe enfrentarse de la forma A, otros que entendemos que debe ser de la forma B y otros de la forma C. Creo que el esfuerzo que tiene que hacer la oposición es tratar de tener una mirada conjunta, al menos en materias de seguridad.
—Usted recibió bastantes críticas por estar abierto a ser interlocutor de la oposición con el Gobierno. ¿Cómo ha sobrellevado esa situación?
—Yo quiero reivindicar lo que es la política de los acuerdos. Chile logró crecer cuando fuimos capaces de ponernos de acuerdo con los gobiernos de oposición. Hoy día, si un sector político está pensando que es el único que tiene la solución mágica para combatir la delincuencia y devolverle la tranquilidad a los chilenos, está profundamente equivocado. Por eso lo que yo espero, y el llamado que he hecho a mis colegas de ruta y la oposición, es que entendamos que la seguridad es un problema que hay que tomarse en serio y que en esto, probablemente, Gobierno y oposición vamos a tener que hacer esfuerzos de dejar de lado ciertos personalismos, en orden a encontrar puntos comunes.
—Ese llamado que usted ha hecho, ¿ha encontrado respuesta?
—Creo que hemos estado conversando y por lo menos hemos logrado que algunos parlamentarios entiendan la importancia de estar de acuerdo en materia de seguridad. Porque al final del día, cuando a una persona la van a asaltar, cuando va a ser víctima de un portonazo, no le van a preguntar si votó por Kast o Jara. La gente lo que quiere es que el mundo político, en un tema que nos afecta a todos, nos pongamos de acuerdo y entreguemos soluciones concretas.
“Le planteamos al Presidente que sería bueno una reforma procesal 2.0”
—¿Cree posible llegar a la meta de despachar la agenda en su totalidad antes de fin de año, que fue la meta que en su momento se puso el Gobierno?
—Es una meta bastante ambiciosa, considerando que en noviembre prácticamente solo hay discusión de la ley de presupuestos. Va a depender de cuánto se logre avanzar en lo que quede de octubre y diciembre, pero por lo menos los distintos presidentes de comisiones que estuvimos en la reunión con el Presidente manifestamos nuestra voluntad de priorizar los proyectos de seguridad.
—Sobre lo que queda de la agenda de seguridad, ¿extraña alguna iniciativa?
—Le planteamos al Presidente que en la agenda ACOT hacía falta hacerse cargo de un problema central en materia de seguridad pública: la necesidad urgente de una revisión completa de la reforma procesal penal. Hay que ver cómo está funcionando el Ministerio Público, si la actual estructura y las atribuciones que tiene sirven para la persecución del crimen que tenemos hoy día. Que se revise también cómo funciona la Defensoría Penal Pública, cómo están funcionando los tribunales en materia penal, los de garantía y los de juicio penal, y qué está pasando con los organismos auxiliares como Carabineros, la PDI, Gendarmería y el Servicio Médico Legal.
—Esa preocupación, ¿cómo se puede traducir a algo concreto?
—Le planteamos al Presidente que sería bueno que el Ministerio de Justicia pudiera coordinar una comisión de trabajo entre las comisiones de Constitución de la Cámara y del Senado, con el objetivo de empezar a estudiar la necesidad de una reforma procesal penal 2.0, sabiendo que este va a ser un esfuerzo que probablemente va a trascender al actual Gobierno.
—Por lo que entiendo, a su juicio eso sería lo que viene después de la agenda ACOT.
—Exactamente. Y de hecho el Presidente manifestó que estaba disponible para acoger esa idea. Vamos a tener una conversación con el ministro Rabat, pues la idea es empezar a generar un equipo de gente que empiece a pensar qué hacer con la reforma procesal penal.
