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“No es un derecho internacionalmente reconocido”: Gobierno ratifica postura en contra del aborto ante la ONU

Junto a cinco países de la región, Chile manifestó que promueve y protege el derecho a la vida. Es una de las contadas ocasiones en que, desde su llegada al poder, el Ejecutivo se pronuncia sobre el aborto.

El Gobierno de José Antonio Kast ratificó su postura en contra del aborto ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, junto a cinco países de América Latina.

Fue durante la sesión del 7 de octubre, según reveló The Clinic, que Chile intervino. La reunión tenía por objeto reafirmar el derecho al agua y el saneamiento, pero también vinculaba esta resolución a materias como la salud menstrual y derechos reproductivos.

Si bien el representante de Chile, Fernando Cabezas, se mostró de acuerdo con el primer punto, pidió dejar constancia de que “el Gobierno de Chile promueve y protege el derecho a la vida de conformidad con su ordenamiento jurídico y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos“

“En ese contexto, entendemos que en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, el aborto no constituye un derecho internacionalmente reconocido, toda vez que su delimitación y definición jurídica dependen de la normativa interna de cada Estado”, añadió.

Asimismo, instó a “preservar un lenguaje estrechamente vinculado al tema y objeto de cada resolución” para favorecer la “claridad, coherencia y la construcción de consensos”. Argentina, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú coincidieron con la postura del gobierno chileno. De hecho, Global Center for Human Rights, una ONG que promueve una agenda jurídica conservadora en instancias internacionales, afirmó que en la sesión se consolidó “un bloque provida latinoamericano en la ONU”.

Es una de las contadas ocasiones en que, desde su llegada al poder, el Gobierno se pronuncia sobre el aborto. En campaña, el Presidente José Antonio Kast esquivó lo que denominó como la “agenda valórica” —que incluía restricciones al aborto y debate sobre la identidad de género— para priorizar la seguridad y el crecimiento económico.

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