“Están todas las condiciones para que esta acusación constitucional prospere”, sostuvo el diputado DC Jorge Díaz tras una jornada en que la oposición mantuvo una serie de reuniones para definir una posición común en torno a la ofensiva que se prepara contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
La ofensiva se activó tras conocerse que la cartera de Justicia concedió 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, mediante decretos emitidos entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026.
La primera de las dos reuniones clave del lunes fue a primera hora, en la sede de la DC. Allí, representantes del PS, PC, FA, PPD, PL y la falange conversaron con los exministros de Justicia Luis Cordero y Jaime Gajardo sobre si existe mérito jurídico para una acusación constitucional contra Rabat.
Si bien los exministros no hicieron una recomendación explícita de presentar el libelo, sí advirtieron mérito jurídico para una eventual acusación, que sería la primera del gobierno del presidente José Antonio Kast.
La segunda reunión fue en el Congreso, entre los jefes de las bancadas opositoras, que acordaron dar un ultimátum de 48 horas para que el mandatario remueva a Rabat, algo que Kast descartó a primera hora del lunes.
La diputada Emilia Schneider (FA) precisó que las exigencias son dos: que el Gobierno transparente toda la información sobre cómo se tomó la decisión y a quiénes dejaron en libertad, y que saque de sus cargos al ministro y al subsecretario Luis Silva, cuya permanencia calificó de “insostenible”.
El diputado Raúl Leiva (PS) detalló que la oposición logró una sesión especial en la Cámara el miércoles, de 15 a 17 horas, para que el Ejecutivo informe sobre las rebajas de condena a condenados por delitos contra menores de 14 años. Y sostuvo que la ciudadanía debe saber cuántos están libres por una “decisión administrativa” del Gobierno y que el análisis jurídico de una eventual acusación se está llevando a cabo “con mucha seriedad y responsabilidad”.
Desde el PC, Daniela Serrano afirmó que los casos no son solo 56 y que “incluso podrían haber más”, y acusó al Gobierno de no querer dar cuenta al Congreso. En esa línea, planteó que al Ejecutivo “no le correspondía interpretar una ley que es muy clara”, pues “se excluye de este beneficio a quienes hayan sido condenados por violación a menores de edad”.
El ministro Rabat, por su parte, ha defendido las rebajas como el cumplimiento de sentencias de la Corte Suprema, respecto de casos anteriores a 2022, año en que la ley prohibió estos beneficios para ese tipo de delitos. Sin embargo, ante la presión que ha venido desde el mismo oficialismo, el ministro ha reculado anunciando que dará urgencia legislativa a los proyectos presentados en la materia, anunciando que el Gobierno presentará un proyecto propio durante los primeros días de esta semana.
PDG, la llave que necesita la oposición
Pese a lo transversal del pedido de remoción de Rabat en la izquierda, la aritmética de votos en la Cámara apunta a que, para que un eventual libelo tenga éxito, la oposición requiere al partido fundado por Franco Parisi.
Según pudo averiguar EL DÍNAMO, durante la noche del lunes la bancada del PDG se reuniría junto a los dirigentes del partido para deliberar si adopta una posición de inmediato.
De momento, la colectividad comunicó que los hechos “son graves” y que evalúan al interior de la bancada si son constitutivos de acusación, para decidir “siempre pensando en la gente y sobre todo en las familias afectadas” por una situación “que se repite con este y con el gobierno anterior”.
Fuentes de la colectividad apuntan a que hay opiniones divididas. La diputada Pamela Jiles, por ejemplo, ha expresado su deseo de respaldar a Rabat, apelando a la buena evaluación que tiene del ministro.
No sería la primera vez que el voto de la bancada resulta decisivo. En junio, la Cámara aprobó por 77 votos a favor y 68 en contra la acusación contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, con el respaldo del PDG, aunque dos de sus diputados, Fabián Ossandón y Eileen Urqueta, votaron en contra.
Hasta el cierre de esta edición, los diputados del PDG continuaban reunidos en la Cámara.
