“No hay explicación técnica, ni criterio jurídico, ni procedimiento administrativo que pueda justificar ante una víctima que su agresor salga antes de la cárcel”, afirmó este lunes el Presidente José Antonio Kast desde La Moneda.
La alocución del mandatario se da a una semana de que se conociera que el Ministerio de Justicia cursó 56 decretos que permitieron la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.
Kast, con el ministro de Justicia Fernando Rabat a su lado, anunció que lo mantendrá en el cargo y que será él quien lidere la corrección de lo que calificó el Presidente como una “falla del Estado” hacia las víctimas.
La decisión llega tras una mañana de presión desde las propias filas del oficialismo.
Hasta la semana pasada, el cuestionamiento a Rabat se hacía en privado, mientras en público los dirigentes cerraban filas en torno al ministro. Eso cambió durante el fin de semana y quedó a la vista este lunes, cuando el senador Rojo Edwards (independiente, del comité RN) pidió en Radio Infinita que el titular de Justicia deje el cargo.
Aunque dijo no tener críticas morales hacia él y valoró su gestión, sostuvo que “no debiese seguir en su puesto” por la magnitud del error, y advirtió que su permanencia arrastraría a todo el sector a un problema prolongado, que toca la agenda de “darle duro a los delincuentes”.
Kast, no obstante, desestimó esa opción.
Mantener a Rabat: el “camino difícil”
Flanqueado por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado; el ministro de la Segpres, José García Ruminot; la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, y el subsecretario y vocero Gonzalo Arenas, el Presidente planteó que el Gobierno tenía dos caminos. El primero era “sacar al ministro y todo su equipo y dar por cerrado ese tema”, una opción que, advirtió, tranquiliza “por unos días” pero no cambia el fondo del problema.
El segundo, dijo, es “el camino difícil”: hacerse cargo, corregir el error y no soltar el asunto hasta que quede resuelto. Ese, afirmó, es el que el Gobierno eligió.
En esa línea, el mandatario reconoció un error del propio Gobierno y dijo que el Estado les falló a las víctimas. “Como Presidente en ejercicio, me toca asumir la responsabilidad que corresponde”, acotó el mandatario al momento de anunciar la suspensión de toda tramitación de rebajas para condenados por delitos sexuales contra menores y la revisión caso a caso de los decretos ya dictados.
También anunció un proyecto de ley, además del patrocinio de las mociones parlamentarias en curso, para que esos condenados no puedan acceder nunca más al beneficio.
Rabat, cercano al mandatario y una de las apuestas de su gabinete, tiene ahora la difícil misión de encontrar una vía legislativa para enmendar un problema que no pareciera tener una solución clara.
El Gobierno confirmó que este mismo lunes pondrá el pie en el acelerador: ingresará un mensaje presidencial con discusión inmediata y una ley interpretativa, que busca aclarar el sentido de la norma vigente. El ministro dijo que espera tener la tramitación despachada este jueves o, a más tardar, a comienzos de la próxima semana.
En paralelo, el Ejecutivo y autoridades del Congreso acordaron una agenda con tres ejes: dar un rol central a las víctimas, resolver el problema de la retroactividad e instaurar tribunales ejecutores de penas. La comisión de Constitución del Senado revisará además una iniciativa complementaria para fusionarla con el proyecto del Gobierno.
Pero en el mundo jurídico se ve con cautela la posibilidad de que pueda prosperar alguna iniciativa que no afecte el precepto de la no retroactividad de la ley. Es decir, que no se pueda cambiar las reglas a quienes ya fueron condenados, lo que es, justamente, el origen de la polémica.
La rebaja de condena por conducta sobresaliente está regulada en la Ley 19.856. En febrero de 2022, la Ley 21.421 la excluyó para quienes sean condenados por delitos sexuales contra menores. La duda es si esa exclusión, más gravosa para el condenado, puede aplicarse a quienes fueron sentenciados antes de esa fecha sin vulnerar el principio de irretroactividad.
Hasta 2025 el ministerio aplicaba la exclusión también a delitos anteriores y rechazaba esas solicitudes. Varias de esas negativas fueron luego revertidas por tribunales vía amparo, aunque otras fueron confirmadas.
Rabat defendió que su cartera solo recogió esa jurisprudencia, algo que describió como “cumplimiento de sentencia de la Corte Suprema”. Cuando se le planteó que los 56 beneficiados no habrían pasado por tribunales, insistió en que el ministerio aplicó el criterio fijado en decenas de amparos.
El otro flanco es que, difícilmente, el ministro pueda encontrar una vía legal para revocar los 56 decretos que permitieron la libertad de gran parte de esos condenados, según admitió el mismo Rabat la semana pasada.
Un flanco abierto dentro del oficialismo
El problema no se limita a La Moneda. El viernes, el exministro de Justicia de Sebastián Piñera y presidente de la Fundación Jaime Guzmán, Hernán Larraín, publicó un comunicado que contradecía la versión de Rabat sobre un criterio uniforme de la Suprema: el tribunal, afirmó el ex ministro, ha tenido criterios distintos a lo largo de los últimos tres gobiernos —Piñera, Boric y Kast–.
Según relató Larraín, durante su gestión consideró improcedente otorgar estas rebajas y las rechazó.
Aunque la declaración de Larraín no apuntaba directamente a Rabat —y fue motivada, según cuentan en la UDI, por los requerimientos de la prensa—, la declaración no cayó bien en el mundo republicano.
El más duro (e incendiario) fue el presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, quien respondió vinculando a Larraín con Paul Schäfer.
La UDI calificó de “injuriosas” esas declaraciones, y el presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, le reprochó que, de esa forma, “no se necesita oposición”.
Squella reiteró sus críticas hacia quienes, dijo, “abonan al engaño de la izquierda”. Un día después se disculpo con el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y con el propio Larraín: “Mi respuesta fue desproporcionada”.
En el Partido Republicano se mantiene la sensación de que Chile Vamos —al igual que en otros episodios— no ha defendido al Gobierno como corresponde y que ha alimentado las críticas de la oposición.
En la UDI, en cambio, apuntan a que la actitud del Partido Republicano —y la “incontinencia verbal”— termina perjudicando al Gobierno y la unidad del sector.
“Este tipo de cosas dañan al gobierno, dañan nuestra capacidad política de sacar proyectos adelante en el Congreso, la coordinación, nos distrae de los temas importantes (…). Al final, por rencillas que se puedan generar por publicaciones como esta, lo único que hacen es dañar la posibilidad de que nosotros tengamos la fuerza para resolver los problemas de los chilenos”, sostuvo Ramírez en conversación con Mesa Central.
