Los beneficios que el Gobierno concedió a condenados por delitos sexuales contra menores de edad amenazan con convertirse en la segunda gran crisis de los siete meses de José Antonio Kast en el poder.
Luego de que se revelaran las rebajas de penas otorgadas a ofensores sexuales, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat (IND), defendió que el criterio se ajustó a la doctrina establecida por la Corte Suprema y el debutante vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas (UDI), en la misma línea, calificó el procedimiento como impecable desde el punto de vista reglamentario.
Sin embargo, la Corte Suprema se distanció de las explicaciones de Rabat, la oposición logró convocar al secretario de Estado a una sesión especial en la Cámara y los antecedentes sobre los beneficiados complican aún más el panorama: al menos la mitad de ellos está libre y varios de ellos cuentan con riesgo de reincidencia, según reveló Biobío, basándose en informes de Gendarmería.
Pese al espaldarazo que le dio este lunes el presidente Kast, en el oficialismo no son pocos los que piden la remoción de Rabat.
Golpes al corazón de un Gobierno y las similitudes con Boric
A nivel político, la crisis ha sido comparada con la que enfrentó el entonces presidente Gabriel Boric cuando concedió 13 indultos a condenados por delitos asociados al estallido social. Los errores en el proceso, el prontuario penal y policial de algunos de ellos, así como los cuestionamientos de Boric sobre el fallo judicial respecto del exfrentista Jorge Mateluna, avivaron la controversia.
Solo una semana después, renunció la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y el jefe de gabinete del mandatario, Matías Meza-Lopehandía; y el Socialismo Democrático se instaló en el corazón del diseño ministerial.
“El peor momento de un gobierno es cuando una coyuntura, negativamente, impacta al corazón de tu programa. Es cuando cometes un error en algo que es muy propio, que viene en tu estructura, o en las razones por la cual ganaste la elección… como Monsalve para Boric o los indultos también (…) En el caso del presidente Kast, el primer lugar por lejos es el bencinazo y esta es la segunda gran crisis que ha tenido este Gobierno”, dijo el lunes el gerente general de Cadem, Roberto Izikson, en diálogo con T13 Radio.
A ojos de Juan Pablo Lavín, el fundador de Panel Ciudadano, si bien la génesis de ambas situaciones es muy distinta, el efecto político es similar. “Los dos casos hicieron mucho ruido y la crítica de fondo fue la misma, como en cualquier caso de rebaja de pena o indulto, esas personas nunca debieron haber recibido el beneficio. Cuando un tema así se instala en los medios, cuesta mucho salir sin pagar un costo político alto“, desmenuza en conversación con EL DÍNAMO.
La socia fundadora de Data Voz Paulina Valenzuela advierte: “Puede existir un paralelo en términos políticos, aunque no estamos hablando de situaciones equivalentes desde el punto de vista jurídico ni del mecanismo mediante el cual se tomaron las decisiones. Lo comparable es el efecto que pueden tener sobre las expectativas que sus propios electores depositaron en cada uno“.
“En el caso de Boric, los indultos tensionaron mucho su discurso y su relación con temas como el orden público y la violencia. En el caso de Kast, las rebajas de condena son especialmente sensibles porque afectan dimensiones que están más cerca del núcleo de su oferta política: seguridad, autoridad, protección de las víctimas y una posición firme frente al delito”, complementa.
El costo que aún no se paga
Lavín suma otro factor sobre el costo político que esta crisis podría tener para la actual administración. “El expresidente Boric lo pagó rápido. En una semana le aceptó la renuncia a su ministra de Justicia y a su jefe de gabinete, y la ministra hizo de fusible. Con una ministra afuera, a la oposición se le hace difícil seguir empujando. El Presidente Kast, dejando de lado las diferencias de fondo entre los dos casos, eligió otro camino. Pidió perdón y ratificó al ministro. Aunque se ha dicho que entonces el Presidente pagó el costo político, yo creo que no es así. El fuego sigue encendido y el costo aún no se ha pagado“, advierte.
“Al respaldar al ministro, la oposición todavía tiene a quién apuntar. De cierta forma, es entregarle más municiones a la oposición para que puedan seguir la guerra…. Y es una guerra donde, por un lado, tienes la acusación constitucional que va a producir tensión además dentro del propio oficialismo; y por el otro lado, el Gobierno intentando instalar que se preocupará de que esto nunca más pase en el Estado, e intentando revertir lo sucedido”, especifica.
Sobre los efectos que este asunto podría tener en la opinión pública, Valenzuela sostiene que la dificultad radica en la lectura que las personas hacen del hecho. “Y cuando existe una distancia entre aquello por lo cual un liderazgo fue elegido y una decisión o resultado concreto de su gobierno, puede aparecer una sensación de inconsistencia o de incumplimiento de expectativas”, asevera.
“Aún no sabemos si este episodio tendrá un efecto persistente en el tiempo sobre la evaluación del desempeño del Presidente. Eso dependerá de cuánto dure la discusión sobre el tema, de la capacidad del Gobierno para cerrarla y, sobre todo, de si esto incide de manera sostenida en los atributos centrales del liderazgo de Kast como los que hemos detectado en nuestro Monitor de Liderazgos Políticos, entre ellos autoridad, liderazgo, confianza y capacidad para garantizar seguridad”, añade Valenzuela.
El riesgo aumenta si se considera que aún resta que el segmento de la población no interesada en la política conozca el caso, añade Lavín. “Las últimas encuestas (de la semana pasada) no reflejan el impacto que esto podría tener. La gente que supo de este episodio, es la parte de la población más informada e interesada en la política. Es un grupo con una opinión ya muy aquilatada sobre el gobierno, tanto quienes están en contra como a favor. La mitad de la población más desinteresada de la política, aún no conoce el caso. Pero haberlo alargado al no sacar al ministro, hace que la probabilidad de que se enteren sea cada vez más alta“, dice el fundador de Panel Ciudadano.
“La dureza contra los delincuentes es uno de los temas insignes del gobierno. Es una jugada muy arriesgada, en la que si el Gobierno no logra posicionar su “versión” (asegurar que nunca más pase e intento de revertir), podríamos empezar a ver promedios de aprobación bajo el 25%”, proyecta.
