“El sistema está funcionando muy mal”, afirmó el exministro de Justicia José Antonio Gómez al referirse al mecanismo de las rebajas de condena.
Gómez, en conversación con Pauta de Análisis, de Radio Pauta, apuntó a un caso en que un condenado por delitos sexuales obtuvo una rebaja de pena pese a informes que advertían su riesgo de reincidencia. A su juicio hubo un “error gravísimo” en el análisis.
En ese sentido, el extitular de Justicia sostuvo que el proyecto presentado por el Gobierno para corregir el mecanismo de rebaja de penas “es muy malo”.
Según planteó el dirigente del extinto Partido Radical, la decisión en torno a las rebajas debe recaer en órganos que respondan por ella y estén obligados a firmar la liberación de cada persona.
El proyecto del Ejecutivo fue ingresado por el Presidente José Antonio Kast al Senado el 27 de octubre, en medio de la controversia por 56 decretos de rebaja de condena. La iniciativa modifica la Ley 19.856 y hace que la Comisión de Beneficio de Reducción de Condena resuelva si concede o rechaza la solicitud. Hoy esa comisión remite los antecedentes al Ministerio de Justicia para que dicte el decreto, mientras que la Corte Suprema opera como revisor de la legalidad de la determinación del ministerio.
El texto elimina al abogado integrante designado por esa cartera. Los miembros que hoy nombra la Seremi de Justicia pasarían a ser designados por el director nacional de Gendarmería. Según el mensaje del Gobierno, la ley vigente no aclara qué normativa se aplica cuando los requisitos cambian entre el delito y la solicitud, lo que ha permitido interpretaciones distintas.
Otro aspecto del proyecto es que incorpora el derecho de las víctimas a ser escuchadas en el proceso donde se discute si se entrega el beneficio.
Gómez, quien encabezó el Ministerio de Justicia en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, calificó la propuesta como peor que la que hoy se discute. Cuestionó que retire al Ministerio de Justicia de la decisión final y sostuvo que la responsabilidad sobre la política penitenciaria, la rehabilitación y la reinserción social debe permanecer en el Ejecutivo.
Su segundo reparo apunta a Gendarmería. Explicó que la institución ya participa en la elaboración de las listas de postulantes y en la evaluación de su conducta, y que la reforma permitiría al director designar a tres funcionarios con participación en las decisiones de la comisión.
“Tú tienes a Gendarmería con un poder incontrarrestable”, dijo, a la vez que advirtió que esa concentración de atribuciones podría derivar en hechos de corrupción, lo que calificó de grave para el sistema.
Según Gómez, una reforma efectiva debe incluir cambios al reglamento de conducta, a las normas sobre beneficios penitenciarios y a los mecanismos de evaluación de la rehabilitación, con antecedentes psicológicos, psiquiátricos y de reinserción social.
Consultado por la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, que la oposición ha anunciado, evitó pronunciarse sobre su procedencia.
Dijo que corresponde al Congreso determinar si hay antecedentes suficientes ya que el ministro tenía dos opciones según la ley, firmar o rechazar los decretos: “Eso no es un acto, en mi opinión, ilegal”.
Eso sí, Gómez precisó que el debate parlamentario debe establecer si el secretario de Estado incumplió alguna obligación legal, en particular respecto de las restricciones a ciertos delitos sexuales contra menores.
