Las apuestas deportivas dejaron de ser un fenómeno vinculado únicamente con el fútbol y el entretenimiento digital. Su crecimiento en Chile también abrió una discusión sobre impuestos, fiscalización, protección de los usuarios y transparencia de las plataformas que ofrecen estos servicios por internet.
En medio de esta discusión, el Servicio de Impuestos Internos tomó un papel relevante al habilitar un mecanismo para que las empresas extranjeras dedicadas a las apuestas y juegos online puedan inscribirse, declarar sus operaciones y pagar el IVA correspondiente por los servicios prestados a usuarios en Chile.
La medida ordena una parte del problema: el pago de impuestos. Pero no equivale a una licencia ni reemplaza la regulación sectorial pendiente. Por eso, el desafío sigue siendo establecer una regulación integral con reglas claras para empresas, usuarios y autoridades.
Jorge Trujillo, director del Servicio de Impuestos Internos, expuso ante la Comisión de Economía del Senado de Chile. Sostuvo que, si la actividad no debió operar, eso tendrá que ser abordado por los organismos correspondientes.
“Pero, si en los hechos, se realizaron operaciones que configuran un hecho gravado conforme a la ley tributaria vigente, al SII le corresponde exigir el cumplimiento de las obligaciones impositivas respectivas”, comentó.
El SII entra en la discusión sobre las apuestas deportivas
Mediante la Resolución Exenta N.º 69, el Servicio de Impuestos Internos habilitó un sistema dirigido a contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile que prestan servicios de apuestas, juegos de azar, casinos y otras actividades similares a través de plataformas digitales.
Estas empresas pueden incorporarse al sistema de IVA Digital para registrar sus operaciones, presentar las declaraciones correspondientes y pagar el impuesto por los ingresos obtenidos mediante esos servicios.
El objetivo es evitar que la falta de una oficina o domicilio físico en Chile deje estas operaciones fuera del sistema tributario.
Una vez inscritas, las plataformas que hayan prestado servicios durante los 36 periodos tributarios anteriores también deberán pagar el IVA correspondiente por esas operaciones. De esta manera, el mecanismo no considera únicamente los ingresos futuros, sino también posibles obligaciones pendientes.
Pagar impuestos no significa estar autorizado
Una de las principales dudas surgidas a partir de la resolución es si el cumplimiento tributario implica una autorización para operar. El propio SII precisó que la medida se refiere exclusivamente a las obligaciones fiscales de las plataformas.
El organismo puede determinar que una actividad está gravada y exigir el pago de los impuestos correspondientes. Sin embargo, no le corresponde entregar licencias ni pronunciarse de manera definitiva sobre la autorización, regulación sectorial o licitud de estas empresas.
En la práctica, una plataforma puede estar obligada a pagar IVA por los servicios que presta a usuarios en Chile, sin que eso signifique que haya recibido una autorización para funcionar.
La intervención del SII puede entenderse como un paso tributario dentro de un proceso más amplio, pero no como una legalización automática ni como un reemplazo de la legislación pendiente.
¿Qué debe resolver la regulación?
Regular las plataformas de apuestas en línea implica abordar materias que van mucho más allá de la recaudación.
Una legislación completa debe establecer qué empresas podrán operar, cuáles serán los requisitos para obtener una licencia y qué sanciones se aplicarán a quienes ofrezcan estos servicios sin autorización.
También debe fijar normas sobre publicidad, identificación de usuarios, prevención de conductas problemáticas, protección de menores y transparencia respecto de los propietarios y beneficiarios finales de las plataformas.
Saber quién controla cada empresa permitiría seguir con mayor claridad el origen y destino de los recursos, además de reducir riesgos como el lavado de activos.
La regulación también tendrá que definir qué organismos estarán encargados de autorizar, supervisar y sancionar. Sin esa coordinación, el cobro de impuestos solo resolvería una parte del problema.
El avance del trámite legislativo de las plataformas online
Al 16 de junio de 2026, el proyecto destinado a regular el desarrollo de las plataformas de apuestas en línea continuaba su tramitación en el Senado, en medio de la revisión de indicaciones y modificaciones.
La iniciativa fue ingresada al Congreso en 2022. Posteriormente, fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados y avanzó a su segundo trámite constitucional en el Senado.
La propuesta busca establecer un sistema de autorizaciones, fortalecer la persecución de la operación ilegal y entregar nuevas herramientas de fiscalización a distintos organismos públicos.
Durante su análisis, la Comisión de Economía del Senado acordó conformar una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda para revisar las modificaciones propuestas. Entre las materias discutidas aparecen la identificación de los dueños de las plataformas, el origen de los capitales y las medidas destinadas a impedir el acceso de niños, niñas y adolescentes.
Aunque el contenido definitivo puede cambiar durante la tramitación, los ejes del proyecto muestran que el debate no se limita a determinar cuánto deben pagar las empresas. También busca definir las condiciones de funcionamiento, mejorar los mecanismos de control y entregar mayores resguardos a los usuarios.
Información y protección para los usuarios
En un mercado que todavía no cuenta con una regulación completamente implementada, la información cumple una función importante para prevenir riesgos.
Los usuarios necesitan comprender las condiciones de funcionamiento de las plataformas, sus políticas de privacidad y los mecanismos existentes para presentar reclamos. También deben distinguir entre el cumplimiento de una obligación tributaria y la existencia de una autorización legal.
En este contexto, los contenidos educativos y especializados sobre apuestas deportivas pueden contribuir a explicar el escenario regulatorio, los conceptos básicos del sector y la importancia del juego responsable.
Este tipo de información no sustituye la fiscalización estatal ni elimina los riesgos. Sin embargo, permite entender mejor una actividad digital que puede ofrecerse desde el extranjero sin contar con instalaciones físicas en Chile.
El aporte al deporte contemplado en el proyecto
Otro de los puntos incluidos en la propuesta es el aporte que realizarían las plataformas autorizadas al deporte nacional.
El texto contempla que aquellas empresas que exploten apuestas relacionadas con competencias deportivas paguen un gravamen anual equivalente al 2 % de los ingresos brutos obtenidos por esta actividad.
Un tercio de esos recursos sería entregado al Instituto Nacional de Deportes para su distribución entre las federaciones deportivas vigentes. Otro tercio se destinaría al Comité Olímpico de Chile y el restante al Comité Paralímpico de Chile.
Este aporte no debe confundirse con el IVA ni con la totalidad de los impuestos pagados por las plataformas. Se trata de un gravamen específico destinado al financiamiento del deporte.
Restricciones para evitar conflictos de interés
La propuesta también contempla prohibiciones para quienes tengan información privilegiada
o puedan incidir directamente en el resultado de una competencia.
Las restricciones consideran a jugadores, entrenadores, dirigentes, representantes,
organizadores y otras personas vinculadas con el evento sobre el cual se realiza una
apuesta.
El objetivo es disminuir los conflictos de interés, prevenir la manipulación de resultados y
proteger la integridad de las competencias. El proyecto también busca sancionar la
alteración de un evento o de cualquier hecho utilizado como objeto de una apuesta.
La dificultad estará en contar con herramientas que permitan fiscalizar estas prohibiciones
de manera efectiva.
Los impuestos son solo una parte del camino
El cobro de IVA representa un avance para evitar que una actividad económica digital permanezca fuera de sus obligaciones tributarias. Sin embargo, no resuelve todos los desafíos asociados con la operación de las plataformas online.
Chile todavía necesita reglas claras sobre autorizaciones, publicidad, fiscalización, protección de menores, transparencia de los capitales y mecanismos de reclamo.
Con este panorama, el Servicio de Impuestos Internos se convierte en una pieza relevante dentro de un proceso mayor. Las apuestas deportivas ya forman parte de la economía digital chilena, pero su ordenamiento definitivo dependerá de una regulación que combine recaudación, protección ciudadana e integridad de las competencias.
El verdadero desafío no es solo conseguir que las plataformas paguen impuestos. Chile también necesita un sistema transparente y fiscalizable, con reglas comprensibles para las empresas, los usuarios y las autoridades.
