Caso Tsunami: Ex directora de la Onemi fue sobreseída
Los seis imputados en la causa evitaron ir a juicio oral, y debieron pagar $235 millones a los cerca de 100 familiares de las víctimas.
Redacción EL DÍNAMO
Los seis imputados en la causa evitaron ir a juicio oral, y debieron pagar $235 millones a los cerca de 100 familiares de las víctimas.
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La magistrado Carolina Gajardo llegó a esta determinación a causa de que representantes de 17 víctimas no fueron notificados de la instancia en la que el Ministerio Público comunicaría los acuerdos a los que se llegaron para evitar un juicio oral. La audiencia fue reagendada para el próximo 4 de abril a las 9 de la mañana.
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Tal como adelantó el fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf, en esta jornada se presentarán posibles salidas alternativas a un juicio oral para los imputados de este caso. Este acuerdo podría ser desechado por el tribunal, donde tendrá lugar la Audiencia de Preparación de Juicio Oral.
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Esto, en medio de las conversaciones que el nuevo Fiscal Regional Occidente, José Luis Pérez Calaf, sostiene con las defensas de los imputados de este caso.
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La candidata presidencial afirmó que todos sabían que después de un terremoto de esa magnitud venía un tsunami, "menos las autoridades de Gobierno y nunca lo han reconocido".
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Solange Huerta valoró el hecho que la Justicia, por segunda vez, validara los argumentos de la Fiscalía para constituir el cargo de delito culposo. Por su parte, los defensores de Rosende y Fernández dejaron entrever que apelarán a la decisión de Sallés.
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La defensa de la ex directora de la Onemi reiteró la inocencia de su representada, aludiendo a la responsabilidad del SHOA para entregar información fidedigna y decretar la alerta de tsunami tras el terremoto del 27-F.
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Se espera que durante esta jornada, el abogado Raúl Meza plantee la formalización de la ex Presidenta Bachelet, lo que es calificado por el profesional Luciano Fouillioux como una "operación política".
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Durante esta jornada, la fiscal Solange Huerta reformalizará a estos 8 imputados por su presunta responsabilidad en la fallida alerta de tsunami, tras el terremoto del 27 de febrero de 2010.
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