Paula Daza sostuvo que con la Alerta Sanitaria tras las fiscalizaciones a las compañías "en caso de que no estén cumpliendo, se podrá cerrar esas empresas".
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Finalmente, el informe detalla que por concepto de tarifas el Transantiago recaudo un total de 3,1 billones de pesos el año 2016.
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Frente a esto, la Contraloría aclaró que el organismo está vulnerando el dictamen respecto a "prescindencia política", la cual también abarca las redes sociales de los ministerios.
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Jorge Bermúdez inició una investigación al interior del organismo.
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Quien escribe esta columna no siempre ha compartido los razonamientos legales de Bermúdez, en ocasiones también lo ha criticado con publicidad, pero sí le reconocemos sus amplias capacidades para liderar el ente de fiscalización.
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Entre junio y julio de 2010 se había instruido un sumario al Departamento de Remuneraciones de la institución uniformada, pero días después quedó sin efecto.
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En vez de preocuparse por esta situación, el ministro emplazó a la oposición y les consultó si"tienen alguna idea cómo poder abordar los planes de contaminación y solucionar el tema de Quintero".
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En distintas cuentas institucionales del Ejecutivo se emplazó a los diputados con nombre y apellido por oponerse al veto presidencial.
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El senador le recordó al Gobierno el dictamen 16518 de la Contraloría, el que establece que "las cuentas de Twitter institucional deben reflejar los fines institucionales para los que son creadas y no pueden tener mensajes para favorecer tendencias o partidos".
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“Estamos hablando de crímenes del Estado a través de sus agentes a sus propios ciudadanos, eso es muy grave”, recalcó a Mónica Rincón.
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