La acción se produce en la antesala de la cita que los 6 ediles de la Región de Atacama mantendrán con el ministro de Interior, Andres Chadwick y la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, en La Moneda.
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El gerente general de la firma, Joaquín Galindo, aseguró que "es un proyecto ejemplar de tecnología de punta y, desde luego, que cumple toda la normativa legal". Además indicó que la central termoeléctrica, "es importante para el abastecimiento del SIC que aportará casi el 12%".
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La autoridad regional considera que el discutido proyecto termoeléctrico, además de obligar a tomar medidas de mitigación a la empresa, contribuirá a descongestionar la zona.
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Se interpondrán cargos por daños a la propiedad pública, asociación ilícita y desordenes públicos para quienes resulten responsables de las protestan en contra de Agrosuper y Punta Alcalde.
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Jorge Bunster opinó que "en este caso se logró conciliar la necesidad de generación eléctrica con el cuidado al medio ambiente, e incluso con la mejora de las condiciones existentes antes del proyecto".
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El alcalde Rodrigo Loyola confirmó que en las próxima horas presentarán un recurso de protección para revertir la decisión del comité de ministros. Desde Endesa se muestran confiados y dicen que "tenemos la convicción de que nuestro proyecto cumple con la legislación vigente"
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El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Lorenzo Constans, dijo que "el país tiene que mirar con tranquilidad, sin apasionamientos, que las normativas se cumplan y las empresas han cumplido con lo que la autoridad exige".
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Según el ministro de Economía y miembro del comité de ministro de respaldó la iniciativa, " no haberlo aprobado no tenía sentido". Además subrayó que Endesa invertirá para reducir las emisiones de una planta de pellets de Cap, ubicada en el Huasco.
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Frente a los dichos del alcalde de Huasco, quien señaló que el municipio recurrirá a tribunales para impedir la construcción del proyecto, el ministro de Energía replicó que "en Chile existe el Estado de Derecho y por lo tanto las partes tienen legítimo derecho de hacer su reclamación a la justicia".
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Oceana expresó su rotundo rechazo a la aprobación, responsabilizando al Gobierno de ensañarse contra una de las zonas más contaminadas y discriminadas de nuestro país. Greenpeace, por su parte, criticó que se pase por encima "del trabajo y opinión calificada de técnicos que han objetado el proyecto"
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