La iniciativa contará con una capacidad instalada de 1.290 MW, una inversión asociada por US$ 1.300 millones e incluirá tres unidades de ciclo combinado de 430 MW de capacidad que estarán ubicadas en un terreno de 32 hectáreas emplazado a un costado de la central Atacama (780 MW).,
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"La empresa deberá analizar si las modificaciones que realizarán al proyecto implican un cambio de la Resolución de Calificación Ambiental aprobada. De ser así, deben someterlos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", dijo Hernán de Solminihac.
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El nuevo director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), y ex subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrázabal, dijo que sólo "falta un par de detalles que precisar" antes de llamar al comité de ministros.
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La acción que fue presentada el pasado 13 de septiembre por un grupo transversal de diputados de oposición, entre los que se cuenta a Osvaldo Andrade (PS), Felipe Harboe (PPD), Pablo Lorenzini (DC) y Guillermo Tellier (PC).
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El SEA estableció que el proyecto de Central Combinada ERA no tiene la obligación de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y, por lo que no es necesario que haga un estudio ambiental nuevo. Los habitantes de la zona ya expresaron su rechazo.
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Luego de que tras cinco meses de trabajo, la mesa de Consenso entre el Gobierno y representantes de los pueblos originarios, no lograra los acuerdos esperados por éstos últimos, ambas partes tendrán una última reunión en octubre.
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Los parlamentarios del PS, PPD, DC y PC plantean que se declare inconstitucional el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que fue publicado en el Diario Oficial el 12 de agosto, pues violaría el principio de igualdad ante la ley y el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación.
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La iniciativa que se enviará al Congreso, incluye perfeccionamientos al Código de Aguas y a la Ley de Cierre de Faenas Mineras. además, se permitirá que las empresas realicen consultas previas al SEIA y se abordarán temas ligados a organismos genéticamente modificados y medio ambiente, explicó Cristián Larroulet
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La decisión llegó tras una serie de denuncias contra la firma Plaza Valparaíso. La meta de la Superintendencia es recabar la mayor cantidad de información, tras lo cual se iniciaría un procedimiento de sanción para la empresa, en caso de comprobarse que se ha incurrido en faltas.
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El organismo responde así a las declaraciones en contrario emitidas la semana pasada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Aseguran que la norma sí respeta el estándar del Convenio 169.
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