Los cortes que originaron esta el proceso y posterior sanción afectaron a más de 800 mil clientes en Santiago los días 22 de enero y 9 y 10 de febrero.
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El Comité de Defensa de la Madre Tierra de Tarapacá (CODEMAT) señaló que "hemos visto tanto sobre el tema del agua como sobre las termoeléctricas a carbón que importantes organismos del estado y también autoridades elegidas no son capaces de decirnos la verdad".
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La empresa sanitaria indemnizará a más de 800 mil familias que no fueron informadas oportunamente de los cortes efectuados los días 22 de enero y 8 de febrero. Los montos de las compensaciones serán de poco más de 4 mil pesos.
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La Superintendencia de Servicios Sanitarios considera que la empresa no cumplió con el protocolo ante situaciones de emergencia, por ejemplo en lo relacionado con las medidas de mitigación.
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La Superintendencia de Servicios Sanitarios constató en terreno que la falla que dejó sin agua a Macul y Ñuñoa se originó en un filtro de válvula reguladora de presión instalada en una conducción de acero revestido de 800 milímetros de diámetro, denominada Alimentadora Lo Hermida Alto.
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El Subdirector Nacional del Sernac, Lucas del Villar, indicó que existe una profunda preocupación por los innumerables problemas que han afectados a los consumidores tras los cortes de agua ocurridos en Santiago y también en la Región de Valparaíso.
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El ente fiscalizador además exigió que se detalle la cifra de afectados y que se expliquen las medidas adoptadas para resarcir el daño y los mecanismos de información utilizados para informar a los consumidores afectados.
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El Ministro (s) del MOP, Lucas Palacios dijo que en este momento "no existe una ley" sobre este aspecto y desde la SISS señalaron que hay que "evaluar y determinar si corresponde formular cargos".
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Según la investigación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios el corte del suministro de agua fue inevitable, sin embargo "no fue avisado en forma clara y oportuna a los usuarios y las medidas de mitigación fueron deficientes".
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Un requerimiento de información planteado por CIPER terminó por llevar a tribunales un asunto que puede marcar precedentes en cuanto a los límites que el Consejo tiene para su actuación.
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