Urge avanzar en la garantía del Estado para el acceso universal a internet. Conectarse dejó de ser solo una entretención y es fundamental para cumplir con tareas esenciales tanto para el diario vivir, como para el desarrollo educacional y profesional.
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En los adultos responsables surge la necesidad de asegurarse de supervisar qué es lo que los niños ven en la TV, en Internet y también qué videojuegos usan, pues muchos de los contenidos ofrecidos no están dirigidos a ellos y pueden generar, a la larga, más de un problema a los más pequeños de la casa.
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La respuesta es sí, porque el esfuerzo global no ha logrado tomar decisiones que podrían ayudar a detener el calentamiento, y la contienda es desigual.
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Hoy tenemos un sitial privilegiado para observar el cosmos, tenemos el cielo. Si sumamos a la gente, a una masa crítica, podríamos convertirnos en líderes de disciplinas como la astronomía, la astrofísica, la cosmología y la física.
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La realidad, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentado en 2016, es que el 10% más rico posee el 71% de la riqueza y tributa sólo el 5,4% de su renta.
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Para abordar esta problemática con visión de futuro, se requiere urgente una inversión estratégica para implementar un sistema abierto de comunicación de misión crítica, que permita a Carabineros actuar eficientemente para atacar de raíz las debilidades en materia de seguridad pública.
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La educación feminista, la abolición del género, es lo único que puede empezar a eliminar la jerarquía. Toda la sociedad debemos tomar conciencia de que perpetuar los estereotipos y los roles sexuales inciden en las desigualdades. No solo somos responsables las familias o los colegios.
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Identificar las emociones y comprenderlas, es uno de los aprendizajes más valiosos que podemos construir junto a los niños. Nuestro aporte a su educación emocional es vital para el desarrollo integral de su personalidad.
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Es indiscutible que en Chile la violencia existente en los centros de acogimiento, también llamados residencias, no sólo corresponde a una violencia directa (física y psicológica) en contra de niños, niñas y adolescentes, sino también califica como violencia institucional.
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Si el Estado decidió desproteger a los niños, entonces seamos nosotros quienes los pongan primero en la fila.
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