Un nuevo flanco se le abre a la Asociación de Fútbol Profesional (ANFP). Esto, luego de que Provincial Osorno, cuadro que juega en Segunda División (que corresponde a la tercera categoría de equipos profesionales), acudiera al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para que se pronuncie sobre los cobros por la formación de jugadores.
Lo que consulta Osorno se relaciona con el artículo 44 del Reglamento de Fútbol Joven de la ANFP, donde se establece un cobro de US$30.000 por cada año de formación respecto de cualquier jugador menor de 23 años que se incorpore a un club distinto del club formador.
A juicio del club sureño, este cobro se realiza sin distinguir el nivel real de inversión efectuada por el club formador; la categoría o división deportiva del club receptor; la situación contractual del jugador y el costo efectivo de formación incurrido.
“Este cobro se exige incluso cuando el jugador ha sido liberado por su club de origen y no será utilizado deportivamente por éste, operando en los hechos como una tarifa obligatoria impuesta por un regulador privado para permitir el acceso al mercado laboral deportivo”, argumentan.
Costos inabordables
No se trata solo de pagar los US$30 mil -dice Osorno-, sino que “en la práctica, ello implica que si un jugador ha estado inscrito, por ejemplo, cuatro años en las divisiones menores de un club de Primera División, cualquier club que desee contratarlo profesionalmente antes de que cumpla 23 años debe pagar al club formador la suma de US$120.000; si el período fue de seis años, US$180.000; y así sucesivamente, sin que exista límite máximo ni gradualidad asociada a la categoría del club ni a la inversión efectivamente realizada”.
El plantel argumenta que las consecuencias de esta normativa son que, cuando negocian con jugadores sub-23 formados en clubes de Primera A o B, la sola posibilidad de que se exija el pago de US$30.000 por cada año de formación torna prohibitiva la contratación de dichos jugadores.
“La compensación exigida por un solo fichaje puede superar el presupuesto completo de incorporaciones de toda una temporada para Provincial Osorno, obligándolo a desistir de negociaciones o a limitarse a contratar jugadores mayores de 23 años o fuera del régimen de formación”, argumentaron.
De acuerdo con el cuadro deportivo, la consecuencia directa es la exclusión de facto de un segmento clave del mercado: el de jugadores jóvenes ya formados, afectando negativamente la competitividad deportiva, el atractivo comercial del club y, en última instancia, el interés del público.
¿Qué le piden al Tribunal?
El proceso en el TDLC tomará tiempo y el objetivo de Osorno es que eventualmente la autoridad dicte normas que recomienden ajustar este cobro. Plantean que la FIFA tiene otro esquema, donde la compensación debe corresponder a los costos reales de formación, y los clubes se clasifican en categorías, donde la IV -a la que corresponde Sudamérica- tiene un costo anual aproximado de entre US$ 2.000 y US$ 2.500.
Lo que pide concretamente es que se determine si el cobro de los US$30 mil es una barrera artificial, discriminatoria o restrictiva del mercado y que se disponga, si corresponde, de las instrucciones, medidas o modificaciones necesarias para alinear la regulación nacional con los principios de libre competencia y con el sistema internacional de compensación por formación de la FIFA.
El caso se inició recién en enero y se notificó hoy en el Diario Oficial, pudiendo los interesados sumarse a la causa.
