Permanece sobre la mesa la discusión en torno a la ampliación de las facultades para la apertura del secreto bancario.
Mientras parlamentarios de oposición argumentan que las atribuciones actuales del Ministerio Público y de las autoridades financieras —como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)— son suficientes, el Gobierno ha insistido en la necesidad de fortalecer dichas facultades.
Cumpliendo con lo comprometido, el Ministerio de Hacienda envió indicaciones al proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, el cual otorga a la UAF la facultad de solicitar antecedentes bancarios de forma directa, en el marco de la persecución del crimen organizado.
De acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, de manera excepcional, la UAF podrá “requerir la información sujeta a secreto bancario a una institución bancaria, de forma directa y sin previa autorización judicial, quedando esta obligada a proporcionarla, siempre que la información sea necesaria para desarrollar o completar el análisis de una o más operaciones sospechosas previamente reportadas, que se refieran a personas jurídicas, a funcionarios públicos, o que hayan sido reportadas por un banco, vinculadas con los delitos de su competencia, de acuerdo al inciso primero del artículo 1°”.
La iniciativa establece que la solicitud deberá ser realizada por el director de la UAF, previa petición de la jefatura de la División de Inteligencia Financiera, con los fundamentos correspondientes.
La información obtenida será de carácter secreto y, además, la UAF deberá informar cada mes de marzo sobre la cantidad de solicitudes realizadas y detallar el alcance de los antecedentes utilizados en investigaciones del Ministerio Público.
Visión del sector privado
Desde la industria bancaria ha sorprendido la insistencia del Gobierno en esta indicación, considerando que el sistema financiero chileno ya cuenta con mecanismos de cumplimiento ajustados a los estándares judiciales.
El sector, que procesa cientos de miles de transacciones diariamente —junto con otros actores obligados a reportar movimientos sospechosos en el mercado financiero—, envió en 2024 más de 17 mil Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UAF, cifra que, a juicio de los privados, demuestra un alto compromiso con la detección de actividades inusuales.
Fiorella Romanini, investigadora de Libertad y Desarrollo (LyD), quien participó en las comisiones legislativas que analizaron aspectos de la ley de seguridad, explica a EL DÍNAMO que más que ampliar el acceso al secreto bancario, la propuesta modifica los controles sobre cómo se accede a esa información.
“Lo que se propone ahora es hacerlo con discrecionalidad, por eso no creemos que será una buena reforma”, explica.
Romanini agrega que, tratándose de medidas intrusivas a la privacidad de las personas, actualmente todas cuentan con algún nivel de supervisión. Además, Chile ya cumple con los compromisos internacionales en la materia, tras la modificación a la Ley 20.018 en 2015.
“No es cierto que Chile no esté cumpliendo los compromisos de GAFILAT (organismo internacional que promueve la cooperación contra el lavado de activos). Cuando se detectaron deficiencias, se hicieron los ajustes necesarios, y hoy estamos en cumplimiento”, detalla.
Desde LyD subrayan que todo proceso que implique labores de inteligencia del Estado debe contar con supervisión. Por eso consideran razonable que el levantamiento del secreto bancario siga requiriendo autorización judicial. “Lo hacen muy rápido y jamás se ha negado”, sostiene Romanini.
Además, de acuerdo con datos recopilados por LyD, las solicitudes de levantamiento del secreto bancario por parte de la CMF y la UAF son limitadas, lo que no justificaría la medida propuesta.
Entre 2017 y julio de 2024, la CMF ha realizado 11 solicitudes de alzamiento de secreto bancario. En tanto, la UAF ha efectuado 62 solicitudes mediante autorización judicial hasta enero de este año. Cabe señalar que esta facultad está vigente desde 2006 y, excluyendo 2025, se ha utilizado en promedio 3,4 veces por año.
