En 2016, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició una demanda colectiva en contra de la inmobiliaria Santa Beatriz debido a fallas en la calidad del condominio habitacional Don Luis I Ciudad de los Reyes, ubicado en Quinta Normal. Se trataba de un conjunto de 784 departamentos distribuidos en cinco torres que, al momento de su entrega, presentaron defectos de diversa gravedad.
La acción judicial avanzó por juzgados civiles, tribunales de alzada e incluso por la Corte Suprema. En todas las instancias, el Sernac —en representación de los propietarios— obtuvo una resolución favorable: se decretó una multa fiscal y una indemnización de $500 mil para cada uno de los propietarios y reclamantes.
Sin embargo, dicha indemnización enfrenta hoy un nuevo obstáculo. El mismo año en que se inició la demanda, Santa Beatriz —ligada al empresario Emilio Sironvalle— se acogió a un proceso de reorganización, con el objetivo de mantener la continuidad de sus operaciones.
El segundo problema es que la empresa no cumplió con las condiciones acordadas. En 2022, y acumulando deudas por $27 mil millones, sus acreedores solicitaron la quiebra. El proceso continúa abierto, luego del remate de diversos bienes pertenecientes a la constructora.
Por esta razón, y en cumplimiento de sus obligaciones legales, el Sernac publicó ayer en el Diario Oficial una copia de la sentencia y los detalles de las indemnizaciones, indicando que los afectados que requieran patrocinio o información deben contactarse directamente con el organismo.
El cobro fantasma
El principal escollo es que, si bien la indemnización está firme y ejecutoriada, el proceso concursal establece un orden de prelación: primero se debe pagar a los trabajadores y luego cumplir con el resto de los compromisos.
El Sernac explicó a EL DÍNAMO que si bien la sentencia dictada por la justicia acogió la demanda, la situación implica que los consumidores carecen de preferencia de pago porque son acreedores valistas. Es decir, sólo en el caso que quede dinero disponible, se pagará a las personas beneficiadas por la demanda colectiva.
Según el informe más reciente de la liquidadora del proceso, Rosita Acuña, tras el pago de los créditos de primera clase, la empresa fallida dispone actualmente de $646 millones, monto muy inferior al total requerido para cubrir todas las indemnizaciones.
