El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) llegó hasta la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para dar cuenta de los efectos que tendrá el proyecto de ley que autoriza mayor endeudamiento del Gobierno Central en USD 6.200 millones, en 2026.
El CFA aseveró a los parlamentarios que dar luz verde a un mayor endeudamiento puede tener efectos en la trayectoria de la deuda pública y la sostenibilidad fiscal, por que lo que analizó los fundamentos y presiones de financiamiento que originan este proyecto.
En este análisis, el organismo planteó que, ante la necesidad de financiamiento, el Ejecutivo debe decidir si lo cubre con emisión de deuda, reducción de activos, o bien, con un mayor ajuste fiscal.
Además, el Consejo destacó que, si bien en el Informe de Finanzas Públicas más reciente se proyecta una deuda bruta para 2026 de 43,1% del PIB, con la mayor autorización de endeudamiento este año, se emitirían US$1.500 millones adicionales.
“En este caso, la deuda bruta de 2026 alcanzaría en torno a 43,4% del PIB. Si se considera un menor crecimiento del PIB este año la deuda bruta alcanzaría 43,6% del PIB”, alertó.
De esta forma, el CFA concluyó que “el mayor endeudamiento solicitado responde principalmente al deterioro del déficit fiscal respecto al proyectado en la Ley de Presupuestos 2026, asociado, por una parte, a una corrección a la proyección de recaudación -producto de una menor recaudación efectiva en 2025 y un recorte prudencial del rendimiento esperado de la Ley de Cumplimiento Tributario-, y, por otra, a una corrección al alza en las proyecciones de gasto”.
“Para cumplir con sus obligaciones (incluyendo las amortizaciones), el Gobierno Central deberá cubrir las nuevas necesidades de financiamiento mediante mayores niveles de endeudamiento, o la profundización del uso de activos del Tesoro Público -que ya se encuentran en mínimos históricos-, o bien, a través de la implementación de un ajuste fiscal”, puntualizó la institución.
Además, remarcó que las proyecciones para 2026 sitúan la deuda bruta entre 43,1% y 43,6% del PIB, reduciendo el margen respecto del nivel prudente definido por la regla fiscal (45% del PIB). “Operar cerca de ese umbral o sobrepasarlo no es inocuo: una deuda más elevada incrementa de manera permanente el gasto por intereses, componente que ya registra presiones crecientes, y puede presionar al alza las tasas de interés domésticas, encareciendo el crédito para hogares y empresas, afectando la actividad económica, y reduciendo el margen de maniobra fiscal ante eventos extraordinarios adversos”, indicó el Consejo Fiscal Autónomo.
