La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) no atraviesa un buen momento. El ente rector del fútbol chileno está siendo cuestionado tanto por el rendimiento deportivo de la Selección Nacional como por la gestión financiera del organismo.
En este contexto, será clave el resultado del recurso de nulidad que la ANFP presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del fallo arbitral que otorgó a Turner International Latin America (TILA), propietaria del CDF —hoy TNT Sports— una indemnización de aproximadamente US$ 35 millones, debido a la no transmisión del Campeonato Nacional durante el estallido social y la posterior pandemia.
La sanción pone al organismo en una situación financiera compleja. Actualmente, la ANFP acumula pérdidas por más de $12 mil millones y ya enfrenta otra multa confirmada por la Corte Suprema por US$ 22 millones, relacionada con abuso de posición dominante cuando, junto a otros socios, era dueña del CDF.
Luego de perder el arbitraje el año pasado, la ANFP y TNT Sports presentaron sus descargos ante la justicia ordinaria. En un paso clave del proceso, ambas partes expusieron sus argumentos en abril pasado para defender sus respectivas posturas.
Detalles inéditos del enfrentamiento entre ANFP y TNT Sports
Los actuales dueños del CDF, TNT Sports, representados por el ex ministro de Justicia, Felipe Bulnes, sostienen que el fallo arbitral que condenó a la ANFP está plenamente justificado.
Durante los alegatos, el abogado explicó que en 2018 la ANFP cedió al CDF los derechos de transmisión del fútbol hasta el año 2033 por un monto total de US$ 1.500 millones, comprometiéndose a pagos mensuales de US$ 7,5 millones.
El contrato estipula que la transmisión debe incluir un mínimo de 16 equipos, a lo largo de 30 semanas de competencia y al menos durante 10 meses del año. En este marco, la cláusula 4.5 del contrato establece que, “si por cualquier razón” no se juega alguno de los partidos y este no se reprograma antes de que finalice el torneo, “entonces CDF tendrá derecho a solicitar la indemnización de dichas pérdidas bajo la sección 12”.
El alegato también señala que, a pesar de la suspensión de encuentros debido al estallido social y la pandemia, TNT continuó cumpliendo con los pagos establecidos.
En ambos años, no solo no se jugaron todos los partidos comprometidos por la ANFP, sino que tampoco se cumplieron los Compromisos Mínimos de Programación establecidos en el Anexo II del Contrato, ocasionando graves perjuicios a CDF. Y, a pesar de lo anterior, CDF continuó pagando a la ANFP -a todo evento- el precio completo estipulado en el contrato, equivalente a aproximadamente US$ 7.500.000 mensuales, indica el escrito.
Más de 1.300 documentos, diversos testigos y la participación del ex presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara Montes, como perito, formaron parte del proceso que concluyó con la condena de la ANFP, dictada por el árbitro Enrique Barros.
ANFP exige nulidad
Los argumentos de la ANFP, presentados por la abogada Ariela Agosín, buscan anular la sentencia arbitral alegando la existencia de “vicios gravísimos” en el proceso.
Respecto al fondo del asunto, la ANFP sostiene que TNT se negó a llegar a un acuerdo con los cableoperadores y que trasladó al gremio las consecuencias de esa negativa.
“Fue CDF quien decidió no efectuar cargo alguno por abonados premium durante todos los meses que duró la pandemia (desde abril a agosto de 2020), aduciendo estrategias comerciales. ¿Cómo lo sabemos? Porque fue reconocido por el propio CDF, y así lo demuestran los correos electrónicos que TNT envió a los cableoperadores en ese periodo. Todo ello consta en el expediente arbitral”, argumenta la defensa.
La abogada agregó que todos los partidos suspendidos por razones sanitarias fueron finalmente reprogramados, aunque en meses en los que tradicionalmente no se juega fútbol, lo cual -según afirma- incluso generó un mejor negocio para TNT.
Además, la organización presidida por Pablo Milad acusa al CDF de incumplimientos contractuales, como no transmitir en su totalidad los partidos de Primera B hasta 2022 y demorar dos años en cumplir con la obligación de emitir al menos un partido por televisión abierta.
La ANFP también sostiene que la exigencia de cumplimiento del contrato por parte de TNT en medio de la pandemia constituye un “abuso de derecho”, por contravenir el orden público. Argumenta, además, que los dueños del CDF renunciaron voluntariamente a ciertos cobros a los cableoperadores por motivos estratégicos.
Otro de los supuestos vicios sería que el torneo 2020 se jugó completo, y que la decisión arbitral habría vulnerado “las garantías procesales básicas de un justo y racional procedimiento”. En ese sentido, critica elementos relacionados con la declaración de Jorge Carey, representante legal de CDF, y Francisco Javier Illanes, abogado de TNT.
Con todos los argumentos y alegatos ya presentados, ahora solo resta esperar la redacción del fallo definitivo.
